El Rey y las elecciones

La eventualidad de un empate electoral entre los dos principales partidos pol¨ªticos del pa¨ªs proclamada por las m¨¢s recientes encuestas est¨¢ produciendo efectos entre candidatos y electores en todo caso comprensibles, pero en alg¨²n aspecto preocupantes, porque ponen de manifiesto un escaso conocimiento de nuestras normas constitucionales. Para despejar en lo posible dudas y ansiedades parecen aconsejables la reflexi¨®n como m¨¦todo y la claridad como, objetivo. Intent¨¦moslo, centrando la atenci¨®n en un problema acerca del cual quiz¨¢ no tenga el ciudadano medio el debido conocimiento. Me refiero al papel a desempe?ar por el Rey en orden a la designaci¨®n del presidente del Gobierno que habr¨¢ que formar despu¨¦s de las elecciones y, naturalmente, como consecuencia de ellas.Una breve apelaci¨®n a la historia en este campo puede servirnos para precisar ideas y marcar diferencias, destacando por contraste cu¨¢l es la funci¨®n del Rey, seg¨²n nuestra vigente Constituci¨®n, en materia tan sustancial como delicada. Las constituciones de 1845 y 1876, bajo las cuales reinaron, y en cierto modo gobernaron, Isabel II, Alfonso XII, y Alfonso XIII, tienen muy poco que ver, por no decir nada, con la actual. Seg¨²n aqu¨¦llas, correspond¨ªan al rey, entre otras muchas prerrogativas, la de "nombrar y separar libremente los ministros" (el subrayado es m¨ªo, pero el adverbio, no), as¨ª como la de convocar, suspender y disolver las Cortes, sin que entre ambas facultades hubiera relaci¨®n de causalidad, puesto que los Gobiernos no ten¨ªan necesariamente que estar respaldados por mayor¨ªas parlamentarias. Aqu¨¦llas no eran constituciones democr¨¢ticas ni pretend¨ªan serlo o aparentarlo, y reten¨ªan en el titular de la Corona la ra¨ªz del poder, s¨®lo en alguna e imprecisa manera limitado por la Constituci¨®n. Cualesquiera que fuesen las pr¨¢cticas parlamentarias t¨ªmidamente construidas durante la larga vida de la Constituci¨®n canovista de 1876, vigente por lo menos hasta 1923, y cualquiera que fuese el uso -prudente o excesivo, "m¨¢s bien lo segundo que lo primero- que de sus poderes hicieran aquellos reyes, lo cierto es que constitucionalmente pod¨ªan hacer casi todo lo que hicieron.

Los tiempos y las cosas han cambiado. Ni esto es ya el ruedo ib¨¦rico valleinclanesco, ni existe ya aquella corte de los milagros, ni ¨¦ste es un sistema de amigos pol¨ªticos, oligarqu¨ªa y caciquismo. La nuestra es una sociedad abierta y pol¨ªticamente madura. Espa?a est¨¢ constituida en un Estado democr¨¢tico de derecho, cuya Constituci¨®n proclama que la soberan¨ªa nacional reside en el pueblo espa?ol, del que emanan todos los poderes del Estado. El pueblo manifiesta su voluntad cuando es convocado a elecciones, reguladas por un sistema electoral que ofrece todas las garant¨ªas posibles y conocidas de autenticidad, y el Gobierno resultante de cada consulta electoral ha de guardar por fuerza una relaci¨®n de dependencia con las Cortes Generales, que "representan al pueblo espa?ol", y en especial, como veremos, con el Congreso de los Diputados. Ahora bien, si esto es as¨ª, y as¨ª es, ?qu¨¦ papel desempe?a el Rey en todo ello? De eso se trata.

En una monarqu¨ªa parlamentaria, y ¨¦sa es la forma pol¨ªtica de nuestro Estado, el del Rey no es un poder in¨²til, no s¨®lo porque a ¨¦l corresponda "el mando supremo de las Fuerzas Armadas" (art¨ªculo 62 h de la Constituci¨®n), que ya sabemos lo que dio de s¨ª en una situaci¨®n excepcional y l¨ªmite, sino porque normalmente, y como jefe del Estado, "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones" (art¨ªculo 56.1). Como su persona es inviolable y no est¨¢ sujeto a responsabilidad, todos sus actos tienen que estar sometidos a refrendo, sin el cual nada valen. Pero mientras que este refrendo lo prestan siempre el presidente del Gobierno o, en su caso, los ministros, los actos tendentes al nombramiento del presidente del Gobierno, que son aquellos que en este momento interesan, los ha de refrendar el presidente del Congreso. ?Qu¨¦ actos son ¨¦sos, qu¨¦ importancia encierran, qu¨¦ margen de discrecionalidad permiten y qu¨¦ confianza merecen?

Antes de analizar esos actos con los que cristaliza el proceso electoral, conviene detener la. atenci¨®n en la posici¨®n del Rey durante ese mismo proceso. Su actitud, por activa y por pasiva, siempre ha estado y est¨¢ regida por los principios de silencio (el propio y el ajeno, pues ni su nombre ni su palabra son objetos apropiables por nadie), el distanciamiento preelectoral, que no es desinter¨¦s por lo que pase, sino garant¨ªa de imparcialidad, y la ausencia a la cita electoral, que no es confundible con la abstenci¨®n, sino discreta cautela en orden a esa misma garant¨ªa de imparcialidad. Quien arbitra y modera no participa.

Producidas las elecciones y renovada la composici¨®n del Congreso de los Diputados, ha de procederse despu¨¦s, y como consecuencia de ello, a proponer un candidato a la presidencia del Gobierno: esa propuesta ha de hacerla el Rey con el refrendo del presidente del Congreso. El candidato propuesto expondr¨¢ en el Congreso su programa pol¨ªtico de gobierno y solicitar¨¢ de la C¨¢mara la confianza de investidura. Si la obtiene en primera votaci¨®n por mayor¨ªa absoluta o en segunda por mayor¨ªa simple, el Rey le nombrar¨¢ presidente. En caso contrario, el Rey formular¨¢ nueva propuesta, y cada nuevo candidato se someter¨¢ al mismo procedimiento para obtener la confianza de la C¨¢mara. Si al cabo de dos meses desde la primera votaci¨®n de investidura nadie obtuviera la confianza del Congreso, el Rey disolver¨¢: las Cortes y convocar¨¢ nuevas elecciones. ?sas son las reglas del juego contenidas en el art¨ªculo 89 de la Constituci¨®n. Luego lo pondremos en relaci¨®n con la moci¨®n de censura del art¨ªculo 113.

?A qui¨¦n debe proponer inicialmente el Rey como candidato a presidente? La Constituci¨®n no lo dice de un modo directo. S¨ª dispone que, antes de formular la propuesta, el Rey llamar¨¢ a consulta "a los representantes designados por los grupos pol¨ªticos con representaci¨®n parlamentaria". A trav¨¦s de esas sucesivas consultas, el Rey obtendr¨¢ una informaci¨®n fiable de las posibles alianzas parlamentarias y de las actitudes que cada grupo adoptar¨¢ en relaci¨®n con cada posible candidato en la votaci¨®n de investidura. De este modo, el Rey podr¨¢ utilizar su conocimiento anticipado de la votaci¨®n para proponer a un candidato o a otro, y el candidato propuesto conocer¨¢ antes de la votaci¨®n el probable resultado de la misma.

Supongo que al llegar a esta altura del razonamiento muchos lectores se habr¨¢n formulado esta ingenua pregunta: ?el l¨ªder del partido que haya ganado las elecciones no ha de ser por ello y autom¨¢ticamente presidente del Gobierno? La respuesta ha de ser ¨¦sta: depende.

Si el partido A logra la mayor¨ªa absoluta, entendida a es tos efectos como la mitad m¨¢s uno del n¨²mero de diputados del Congreso, su, l¨ªder ser¨¢ el ¨²nico capaz de formar Gobierno, ya que ¨¦l (suponiendo siempre y en todos los grupos la disciplina interna de votos) obtendr¨¢ la mayor¨ªa absoluta (m¨¢s votos que todos los de m¨¢s grupos juntos) en primera votaci¨®n, y ning¨²n otro l¨ªder podr¨ªa obtener ni esa mayor¨ªa absoluta ni siquiera la simple en segunda votaci¨®n. En este supuesto, que coincide con lo que realmente sucedi¨® en las elecciones de 1982, 1986 y 1989, el papel del Rey es bien sencillo, y el automatismo entre l¨ªder vencedor y presidente del Gobierno funciona con naturalidad.

A este supuesto hipot¨¦tico se Pasa a la p¨¢gina siguiente