Inter¨¦s sospechoso

EL INTER?S s¨²bito del fiscal general del Estado, Eligio Hern¨¢ndez, por la marcha del caso Macosa -justamente cuando surgen indicios de desv¨ªo de fondos de dicha empresa a favor del PSOE- cuestiona una vez m¨¢s los criterios de actuaci¨®n del m¨¢ximo responsable del ministerio fiscal y reaviva la controversia sobre la forma de su nombramiento. ?No son precisamente este tipo de iniciativas las que fomentan las sospechas de falta de independencia en la defensa de la legalidad y del inter¨¦s p¨²blico que definen su funci¨®n?El debate sobre la ubicaci¨®n institucional del ministerio p¨²blico y el sistema de designaci¨®n de quien lo regenta no desapareci¨® del todo con la promulgaci¨®n del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, aprobado por amplia mayor¨ªa parlamentaria en 1981. Grupos de fiscales, animados desde el exterior por determinados sectores pol¨ªticos, no han cejado de reivindicar la independencia, por dem¨¢s absurda y constitucionalmente indefendible, del ministerio fiscal, as¨ª como la designaci¨®n corporativa de su m¨¢ximo titular. M¨¢s consistente y mayoritaria, tanto dentro como fuera de la instituci¨®n, ha sido la propuesta de designaci¨®n del fiscal del Estado por el Parlamento en lugar de por el Gobierno. Recientemente, la Uni¨®n Progresista de Fiscales ha vuelto a poner esta cuesti¨®n sobre el tapete con ocasi¨®n de su congreso anual.

La preocupaci¨®n que revela la alternativa propuesta por esta asociaci¨®n profesional tiene, ciertamente, fundamento. Los sucesivos Gobiernos socialistas no han brillado precisamente por su acierto en la pol¨ªtica de nombramientos del fiscal del Estado, al que han pretendido convertir m¨¢s bien en fiscal o defensor, tanto da, del Ejecutivo. De ah¨ª que todos los partidos pol¨ªticos, incluso el PSOE, hayan convenido en se?alar la necesidad de regenerar y fortalecer el funcionamiento de las instituciones del Estado, incluido el ministerio fiscal, como uno de los objetivos de la actual legislatura. Pero la designaci¨®n parlamentaria de su m¨¢ximo responsable ni tiene encaje constitucional -habr¨ªa que reformar la Constituci¨®n- ni garantiza que los males actuales vayan a desaparecer. La dependencia que ahora se predica directamente del Gobierno pasar¨ªa a serlo, en gran medida, de su mayor¨ªa parlamentaria en el Congreso. De otro lado, el inevitable acuerdo entre los partidos ser¨ªa f¨¢cilmente tildado de componenda. Es decir, no se despejar¨ªan en absoluto las dudas suscitadas por el origen de su designaci¨®n.

La superaci¨®n de esta situaci¨®n depende, en lo esencial, de que el Gobierno respete escrupulosamente el Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal tanto en sus relaciones con la instituci¨®n como en la designaci¨®n de quien la dirige. Este estatuto establece las condiciones precisas para que el Gobierno se relacione con el ministerio fiscal sin interferir en los principios de legalidad e imparcialidad que informan su actuaci¨®n. Pero, adem¨¢s de respetar el marco estatutario en la designaci¨®n del fiscal del Estado, se necesita valorar m¨¢s que hasta ahora la independencia de criterio de la persona designada.

En el caso del actual fiscal general del Estado, Eligio Hern¨¢ndez, existen indicios de que en su nombramiento se vulner¨® la exigencia de 15 a?os de ejercicio efectivo en la profesi¨®n; es dudoso que pueda atribuirse la condici¨®n de jurista de reconocido prestigio a quien se ha significado por el desempe?o de funciones gubernativas y es notoria su entusiasta sinton¨ªa con el Gobierno.

El resultado de todo ello ha sido el deterioro de la credibilidad de la instituci¨®n. En ese contexto no es extra?o que se propongan alternativas bienintencionadas, aunque en modo alguno eficaces. El marco legal que impide que la Fiscal¨ªa General del Estado se convierta en un ¨®rgano gubernamental existe. S¨®lo es necesario que el Gobierno lo respete, que la oposici¨®n lo exija y que los ¨®rganos internos del ministerio fiscal funcionen como deben.