El PRI promueve una reforma para dar credibilidad a las elecciones mexicanas
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), la fuerza hegem¨®nica mexicana, se ha comprometido a dotar al pa¨ªs de un marco pol¨ªtico m¨¢s democr¨¢tico, que ser¨¢ estrenado en la doble elecci¨®n legislativa y presidencial de 1994. La decisi¨®n, que implica retocar la Constituci¨®n, otorga a la futura oposici¨®n mayores posibilidades de representaci¨®n parlamentaria y promueve el fin de prebendas electorales.
El PRI, empujado por el presidente Carlos Salinas de Gortari y atendiendo las exigencias de la oposici¨®n, no es que vaya a hacerse el haraquiri: lo que pretende es acabar con, una injusticia hist¨®rica que ven¨ªa frenando el pluralismo democr¨¢tico en M¨¦xico. Para el partido que ha estado durante d¨¦cadas monopolizando la vida pol¨ªtica nacional, presentar esta iniciativa a un Parlamento que controla le supone estar m¨¢s cerca de compartir el poder que de acapararlo. El PRI es consciente de que nocquea as¨ª un sistema del que ha sacado buen partido.De la reforma destacan dos proyectos que permitir¨¢n a la oposici¨®n que salga de las elecciones de 1994 estar m¨¢s equitativamente representada en el poder legislativo. La primera afecta al Senado, que contar¨¢ con tres esca?os por Estado. Dos ser¨¢n asignados por el principio de mayor¨ªa, pero el tercero ser¨¢ reservado a la primera minor¨ªa, siempre que haya superado un m¨ªnimo umbral de representatividad, que a¨²n no se ha determinado.
En cuanto a la C¨¢mara de Diputados, la reforma pri¨ªsta promueve el principio de representaci¨®n proporcional a todos los partidos por igual. Esto elimina la llamada cl¨¢usula de gobernabilidad, dise?ada para asegurar num¨¦ricamente el control de la C¨¢mara al partido m¨¢s votado. Esto permite que por primera vez sea posible plantear la hip¨®tesis de un pacto parlamentario.
Al paquete de reformas parlamentarias se une otro de tipo electoral que afecta a cualquiera de los comicios federales del pa¨ªs, sea el que proporciona presidente o el que elige parlamentarios. Para ello se pretende: reforzar la autonom¨ªa del Tribunal Electoral, de manera que act¨²e como ¨²ltima instancia en la resoluci¨®n de los conflictos que se puedan plantear; desarrollar una ley que regule la financiaci¨®n p¨²blica y privada de los partidos; introducir la figura del observador electoral independiente (s¨®lo ciudadanos mexicanos), y regular la fijaci¨®n de un tope a los gastos de las campa?as que evite el despilfarro.
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