Permiso para morir

Ha pedido permiso para morir pero no se lo conceden. Ram¨®n Sampedro Cane¨¢n lleva 25 de sus 50 a?os inm¨®vil en una cama y en plenas facultades mentales suplic¨® a un juzgado de Barcelona que autorice a su m¨¦dico a suministrarle los medicamentos necesarios para evitar el dolor y la angustia "y poder as¨ª, llegado el caso, morir dignamente". El juzgado fall¨® en contra y ahora el caso est¨¢ en la Audiencia Provincial de Barcelona.Este caso no tiene precedentes en Espa?a y la mayor¨ªa de los penalistas consultados afirma que jur¨ªdicamente la petici¨®n de Sampedro es v¨¢lida, pues la Constituci¨®n reconoce el derecho a la libertad, al desarrollo de la personalidad y a la dignidad. Sin embargo, dudan que los tribunales autoricen la petici¨®n. En cualquier caso, coinciden, es urgente que se regule el derecho a una muerte digna.

"Yo espero que los tribunales vean y escuchen. Tengo esperanza de que autoricen mi petici¨®n, pues ser¨ªa injusto que la negaran", afirma Sampedro, y a?ade que, para no implicar a nadie en un delito, est¨¢ intentando solucionar su situaci¨®n por una v¨ªa sensata y legal.

Ram¨®n Sampedro dice que hay varias personas dispuestas a ayudarle a morir -descarta rotundamente que sea alguien de su familia-, pero que no lo hacen por no ir a la c¨¢rcel. Si su petici¨®n es denegada, Sampedro afirma: "No me gusta pensar en ello, conf¨ªo en los tribunales, pero a?ade si me lo niegan s¨®lo me queda una salida: la muerte por hambre".

Derecho constitucional

Jorge Arroyo, el abogado de la asociaci¨®n espa?ola Derecho a Morir Dignamente, que present¨® la demanda de Sampedro, afirma que el derecho a una muerte digna se encuentra impl¨ªcitamente reconocido en la Constituci¨®n. Seg¨²n Arroyo, "el se?or Sampedro pide autorizaci¨®n al tribunal precisamente para que su situaci¨®n no sea entendida como auxilio al suicidio. En este caso, el C¨®digo Penal no se deber¨ªa aplicar pues es una norma de rango inferior a la Constituci¨®n".Este abogado informa que si la Audiencia deniega la petici¨®n, apelaran al Tribunal Supremo Constitucional y probablemente al de derechos humanos de Estrasburgo. "Lo m¨¢s importante de todo es que se regule esta situaci¨®n", dice, y concluye: "Un fallo negativo ser¨ªa injusto. Ser¨ªa decirle a Sampedro: siga sufriendo".

Juan Carlos Carbonell, catedr¨¢tico de Derecho Penal de Palma de Mallorca, sostiene que "la vida es un derecho y no una obligaci¨®n". Manifiesta que legalmente la petici¨®n de Sampedro est¨¢ bien planteada y es procedente: "Los derechos que se reconocen en la Constituci¨®n son para garantizar el desarrollo de la persona, de su dignidad y de su libertad".

Carbonell, que con otros letrados se ha pronunciado en m¨²ltiples ocasiones a favor del derecho a una muerte digna, considera que un fallo favorable ser¨ªa un precedente capital respecto del tratamiento del problema, aunque se muestra pesimista respecto a la resoluci¨®n, porque "los tribunales tienden a hacer las interpretaciones que les resultan m¨¢s c¨®modas. Es claro que el juez de Barcelona lo que hizo fue echar balones afuera y quitarse al muerto de encima".

Para Francisco Mu?oz Conde, catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, la soluci¨®n no es tan clara. Le parece un caso dif¨ªcil de resolver. "Invocar la libertad personal no es suficiente porque en ese caso cualquier persona podr¨ªa suicidarse sin ning¨²n problema. A la voluntad de hacerlo se debe sumar una situaci¨®n objetiva de enfermedad irreversible y dolorosa. En la etapa terminal del c¨¢ncer se cumplen las condiciones y no hay lugar a dudas, el paciente tiene derecho de decidir. En este caso se plantean m¨¢s dudas. Habr¨ªa que decir que el problema es un terrible dolor moral que puede ser tan grave como el f¨ªsico".

Mu?oz Conde advierte que los tribunales no pueden autorizar la petici¨®n porque no tienen base legal. "Si alguien le ayuda a morir comete un delito, aunque puede alegar que actu¨® en un supuesto muy especial para conseguir la absoluci¨®n. El C¨®digo Penal exime de delito a quien impulsado por un estado de necesidad, para evitar un mal, lesiona un bien jur¨ªdico o infringe un deber. Es sacrificar un bien menor para salvar uno mayor. ?ste podr¨ªa ser el caso. Se tratar¨ªa entonces de plantear as¨ª la defensa de quien ayude al peticionario. Antes del hecho, jur¨ªdicamente no se puede actuar", dice Mu?oz Conde y enfatiza la necesidad de establecer una regulaci¨®n espec¨ªfica.

El portavoz de Jueces para la Democracia, C¨¢ndido Conde-Pumpido,, opina que el derecho a una muerte digna se apoya en el derecho a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, y a la dignidad de la persona que contempla la Constituci¨®n. "Este derecho deber¨ªa ser respetado cuando se expresa con serenidad, voluntariedad y firmeza. M¨¢xime si esta persona se encuentra en condiciones vitales tan m¨ªnimas".

Crear jurisprudencia

"Sin embargo", precisa Conde-Pumpido, "la legislaci¨®n espa?ola todav¨ªa sanciona penalmente el auxilio al suicidio y por ello resulta dif¨ªcil una salida dentro del derecho vigente para estos casos. Lo cierto es que nos encontramos en supuesto l¨ªmite y es justo el momento de abrir nuevas perspectivas al derecho y de crear jurisprudencia".El portavoz de Jueces para la Democracia a?ade: "Si el juez aplica el derecho vigente tendr¨¢ que denegar la petici¨®n. Pero es conveniente que se esfuerce para. abrir prespectivas nuevas y para crear jurisprudencia. El juez puede ampliar la visi¨®n y plantearse la posibilidad de implicar el derecho Constitucional en un supuesto limite. Un fallo a favor ser¨ªa una decisi¨®n valiente, novedosa y revolucionaria dentro de la legislaci¨®n espa?ola. Personalmente creo que deben abrirse cauces de reconocimiento al derecho a una muerte digna".

Contrario a estas afirmaciones es Angel Calder¨®n, portavoz de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, para quien la vida es un bien y un valor absoluto e irrenunciable del que no puede disponer ni siquiera quien ejerce dicho bien. "La Constituci¨®n contempla en su art¨ªculo 15 el derecho a la vida. La vida es un valor protegido por el Estado y autorizar la petici¨®n de este se?or ser¨ªa un precedente peligros¨ªsimo, pues el Estado no est¨¢ facultado para privar de la vida a ning¨²n ciudadano a¨²n en las circunstancias m¨¢s precarias", argumenta.

Calder¨®n considera comprensible la petici¨®n de Sampedro, pero afirma que el Estado nu puede violentar sus propias normas: "Mientras no se modifique la ley, ning¨²n tribunal puede autorizar al Estado a disponer los medios necesarios para quitar la vida a nadie, ni puede dejar que ning¨²n particular lleve acabo la acci¨®n".

"Dicen que la vida es sagrada pero aplauden a los h¨¦roes que entregan su sangre por la patria. Se les olvida la patria que es cada hombre", alega desde su inmovilidad absoluta Ram¨®n Sampedro, un hombre que s¨®lo quiere "morir dignamente".