Migraciones parlamentar¨ªas

EL TRANSFUGUISMO es la penitencia que tienen que pagar las c¨²pulas de los partidos por su casi omn¨ªmodo poder. Las v¨ªctimas no son m¨¢s que los ciudadanos, que contemplan pasivamente c¨®mo cambia el signo de una mayor¨ªa parla mentaria y de un Gobierno -como acaba de ocurrir en Arag¨®n- sin que, se hayan modificado sus preferencias pol¨ªticas. Pero en el aspecto de carencia de representatividad, un movimiento tr¨¢nsfuga no puede ser juzgado mucho peor que un cambio de coalici¨®n entre partidos disciplina dos si ¨¦ste responde -como ha ocurrido reiteradamente en los ¨²ltimos a?os- a la meta instrumentalizaci¨®n partidista de un Parlamento auton¨®mico o local para maniobras en la pol¨ªtica estatal. De hecho, tanto en el cambio de socios como en el transfuguismo ha habido casos a favor y casos en contra del partido que ha obtenido m¨¢s apoyo electoral.La alternativa as¨ª planteada no es, ciertamente, muy estimulante, Cuando los partidos cambian de socios parlamentarios sin intervenci¨®n de los electores, quienes deciden son las c¨²pulas partidarias; cuando se producen cambios de mayor¨ªa por transfuguismo, el que prevalece es el poder de decisi¨®n del representante individual. En ambos casos, que el resultado favorezca o perjudique a la representaci¨®n ciudadana es algo impredecible y bastante aleatorio. As¨ª, cuando el Tribunal Constitucional, en su frecuentemente citada sentencia 5/1983 estableci¨® la autonom¨ªa del representante, por la cual no puede ser despose¨ªdo de su cargo aunque rompa la disciplina de partido, no estaba negando el mandato imperativo de los electores sobre los electos -que ya era, de hecho, inexistente-, sino el mandato imperativo de las c¨²pulas de los partidos sobre los miembros de sus grupos parlamentarios. Pero, desde luego, tampoco hay ninguna garant¨ªa de que la indisciplina vaya a actuar siempre a favor de la voluntad popular.Lo cierto es que el poder de las directivas partidarias es en Espa?a superior al de la gran mayor¨ªa de los pa¨ªses democr¨¢ticos. Tomemos, por ejemplo, el indicador de la centralizaci¨®n de los partidos propuesto en un reciente trabajo por los polit¨®logos de la Universidad de California, Matthew Shugart y John Carey. Se basa en cinco aspectos: nombramiento centralizado de los candidatos electorales; ausencia de competici¨®n interna, como la que se desarrolla en unas elecciones primarias; listas bloqueadas, en las que el ciudadano no puede alterar el orden de los candidatos; listas cerradas, que no permiten votar a candidatos de diferentes listas, y barreras de entrada a la creaci¨®n de nuevos partidos o a la presentaci¨®n de nuevas candidaturas. Dando, como los autores proponen, a cada uno de estos elementos un valor entre cero y dos, es f¨¢cil darse cuenta d¨¦ que el sistema de partidos espa?ol ha de ser valorado con la m¨¢xima nota en centralizaci¨®n del poder, un 10 (s¨®lo equiparable al caso m¨¢s bi¨¦n lejano de El Sal vador). A¨²n cabr¨ªa a?adir otros usos parlamentarios que se han dado en nuestro pa¨ªs, como el pago de una fianza del representante al partido, las multas por voto indisciplinado, o la firma preventiva de la renuncia al cargo por si el jefe considera necesario utilizarla en alg¨²n momento. Ante esta conversi¨®n del representante individual en un siervo del cabeza de filas, a menudo limitado a calentar la silla y votar por consigna, la tentaci¨®n de fugarse puede asaltar a cualquiera por poco sustanciosos que sean los incentivos ofrecidos por un partido rival.

Dada la comprobada inutilidad de los sermones moralizantes, parece que s¨®lo la introducci¨®n de nuevos mecanismos institucionales podr¨ªa devolver mayor poder de decisi¨®n al ciudadano, a costa tanto de las oligarqu¨ªas de los partidos como de las tentaciones vol¨¢tiles de los parlamentarios de a pie.

Una reforma que parece ineludible es la de las reglas de elecci¨®n de los presidentes auton¨®micos y los alcaldes, que ya hace a?os que son criticadas por pol¨ªticos de diferentes grupos cada vez que hay un esc¨¢ndalo. Dado que no parece deseable violar las condiciones del pluralismo pol¨ªtico ni el mandato constitucional de representaci¨®n proporcional, una buena propuesta ser¨ªa el requerimiento de una mayor¨ªa parlamentaria cualificada, la cual har¨ªa disminuir tanto el n¨²mero de coaliciones potencialmente vencedoras como el poder decisorio del tr¨¢nsfuga.

Por otro lado, admitir la posibilidad d¨¦ que el elector que lo desee se?ale preferencias entre los candidatos individuales a la hora de votar, permitir¨ªa al sistema electoral espa?ol dejar de ser una excepci¨®n en este aspecto (junto con Portugal) entre las democracias europeas.

Tal vez no deber¨ªamos sorprendernos si, en ausencia de voluntad reformadora, la reciente fuga aragonesa en favor del PSOE fuera contestada con maniobras similares en su contra en otros Parlamentos, como ya ocurri¨® hace unos pocos a?os. De hecho hay al menos un Parlamento auton¨®mico en el que ser¨ªa posible para el Partido Popular desplazar al presidente socialista atray¨¦ndose al socio regionalista intermedio y entre los Mayores 70 municipos, hay 17 en los que caben varias mayor¨ªas. Si las maniobras de atracci¨®n produjeran nuevos tr¨¢nsfugas, por supuesto las posibilidades de cambios ser¨ªan a¨²n mayores. Pero ser¨ªa bien triste que s¨®lo con nuevas penitencias de este tipo se decidieran las c¨²pulas de los partidos a modificar una regulaci¨®n cuyas consecuencias, Cuando les perjudican, todos dicen lamentar.

es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica, Instituto de Estudios, Sociales Avanzados del CSIC.