Tres impugnaciones parlamentarias y dos judiciales

Del total de cinco impugnaciones de la ley Corcuera sobre las que tiene que pronunciarse en su sentencia el Tribunal Constitucional, las tres de origen pol¨ªtico proceden del Partido Popular (PP), el Parlamento de las Islas Baleares y la Junta General del Principado de Asturias, en este ¨²ltimo caso con los votos del PP y de Izquierda Unida. Las dos de procedencia judicial -de las audiencias provinciales de Madrid y Sevilla- cuestionan la constitucionalidad del art¨ªculo 21.2, que permite la entrada policial en los domicilios sin autorizaci¨®n judicial, precepto ¨¦ste tambi¨¦n impugnado por los recurrentes parlamentarios.Entre los argumentos jur¨ªdicos contra dicho precepto considerados m¨¢s significativos por algunos magistrados del Tribunal Constitucional destacan los utilizados por la Secci¨®n l5a de la Audiencia Provincial de Madrid. En la resoluci¨®n, de la que fue ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro, frente al concepto ampliado de delito flagrante, se recuerda la doctrina jur¨ªdica sostenida, seg¨²n la cual "un delito es flagrante cuando es resplandeciente, es decir", explica, "aquel que es cometido p¨²blicamente y ante testigos, siendo descubierto en el acto de la perpetraci¨®n". E insiste: "La flagrancia es la visibilidad del delito".

Las impugnaciones de la ley Corcuera fueron la punta de lanza de una contestaci¨®n social y jur¨ªdica m¨¢s amplia, que se pretendi¨® encauzar a trav¨¦s del Defensor del Pueblo, instituci¨®n legitimada para recurrir, a la que se dirigieron varias decenas de organizaciones jur¨ªdicas y humanitarias, as¨ª como ayuntamientos y ciudadanos particulares, antes de que el 23 de mayo de 1992 acabara el plazo para presentar el recurso. El entonces titular, ?lvaro Gil-Robles -contra el criterio de su propio equipo y de su adjunta primera, Margarita Retuerto-, opt¨® por no interponer el ecurso. La Plataforma de Ciudadanos por las Libertades -que agrupaba organizaciones sindicales, pol¨ªticas y humanitarias- entreg¨® al Defensor del Pueblo unas 50.000 firmas en apoyo de la presentaci¨®n del recurso. Entre los frustrados peticionarios figuraban la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a, el Consejo Nacional de la Juventud de Catalu?a y la Federaci¨®n de Asociaciones de Juristas Progresistas, integrada por unos 2.000 abogados, magistrados y fiscales. Este colectivo patrocin¨® la publicaci¨®n del libro Seguridad Ciudadana. Materiales de reflexi¨®n cr¨ªtica sobre la ley Corcuera, que condensa las cr¨ªticas a la ley.

El presidente del Tribunal Constitucional, Miguel Rodr¨ªguez-Pi?ero, se interes¨® por las reflexiones contenidas en este libro, publicado en marzo de 1993 y que ha estado sobre la mesa de varios magistrados del alto tribunal en los ¨²ltimos meses. Igualmente han sido tenidas en cuenta opiniones como la emitida en octubre de 1991 por el entonces vicepresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente, quien calific¨® a la ley Corcuera de "error jur¨ªdico".

Otros constitucionalistas, encabezados por el catedr¨¢tico Manuel Jim¨¦nez de Parga, tambi¨¦n expresaron su preocupaci¨®n por la pol¨¦mica ley, en relaci¨®n con la cual el ponente constitucional socialista y actual rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba, promovi¨® un documento muy cr¨ªtico con la ley, dirigido al presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, y firmado por catedr¨¢ticos y juristas, muchos de ellos muy pr¨®ximos al PSOE. Asimismo, el actual ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, desde su anterior puesto en el Consejo General del Poder Judicial, ha sido muy cr¨ªtico con la ley Corcuera, igual que los ex jueces y hoy diputados socialistas Baltasar Garz¨®n y Ventura P¨¦rez Mari?o.