Lealtad y buen gobierno

NING?N PACTO es gratuito. El de gobernabilidad concluido entre los socialistas y los nacionalistas catalanes, que permitir¨¢ aprobar los presupuestos y gobernar con un m¨ªnimo de estabilidad pol¨ªtica al menos durante un a?o, costar¨¢ a los contribuyentes, seg¨²n sus cr¨ªticos, unos 10.000 millones de pesetas: la cantidad que Pujol espera obtener como ingresos extra del nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica. Pero si el asunto se plantea en esos t¨¦rminos, habr¨ªa que considerar el coste de las dem¨¢s combinaciones posibles. Y puede apostarse a que la otra que se deduce de los resultados del 6-J, la del PSOE con Izquierda Unida -formaci¨®n partidaria de aumentar el gasto social al menos tanto como pretenden los sindicatos- costar¨ªa al Tesoro veinte o treinta veces m¨¢s.Es verdad que queda un tercera hip¨®tesis, la de la gran coalici¨®n entre el PSOE y el PP, y que Aznar ha dicho que ¨¦l no habr¨ªa cobrado nada por apoyar los presupuestos. Pero, aparte de que ese ofrecimiento casa mal con la enmienda a la totalidad -y descalificaci¨®n sin quiebra- del PP al proyecto de presupuestos, quien defienda esa hip¨®tesis extrema, propia de situaciones de emergencia grave, tendr¨¢ que demostrar que no hay otra salida.

En los sistemas parlamentarios proporcionales es habitual que los partidos cuyo apoyo se requiere para respaldar Gobiernos sin mayor¨ªa planteen exigencias proporcionales al grado de imprescindibilidad de tal apoyo. Esas exigencias reflejar¨¢n, l¨®gicamente, sus propias prioridades program¨¢ticas, las cuales tendr¨¢n con frecuencia repercusi¨®n presupuestaria: m¨¢s ayudas a los peque?os comerciantes, o a la agricultura, o a los jubilados, etc¨¦tera. Pero es cierto que el car¨¢cter nacionalista de las formaciones llamadas esta vez a completar la mayor¨ªa gubernamental introduce un factor de inquietud en la medida en que sus prioridades esenciales son de car¨¢cter territorial. Y aunque cabe considerar l¨®gico que as¨ª sea, los nacionalistas pueden plantearse esa prioridad desde dos actitudes diferentes: considerando que facilitar el buen gobierno de Espa?a favorece los intereses particulares de su territorio, o tratando de aprovechar la debilidad de un Gobierno sin mayor¨ªa para trastocar en beneficio propio las reglas del juego. Lo primero es leg¨ªtimo; lo segundo, desleal.

En principio, la participaci¨®n de los nacionalistas en la gobernabilidad del Estado deber¨ªa ser un poderoso factor de integraci¨®n nacional. No la integraci¨®n forzada de la tradici¨®n centralista, sino la resultante de la adhesi¨®n a un proyecto democr¨¢tico que incluye entre sus principios el del autogobierno. Rechazar de entrada la posibilidad de esa participaci¨®n parece poco inteligente. Pero la desconfianza estar¨ªa justificada si los nacionalistas pretendieran mantener indefinidamente abierta la negociaci¨®n, con la amenaza de romper la baraja en cualquier momento si sus requerimientos no son atendidos de *inmediato: con 17 diputados (22, si se consideran los 5 del PNV) no se puede pretender imponer los propios planteamientos a un partido que ha obtenido 159. Pero adem¨¢s, esa presi¨®n es incompatible con la estabilidad pol¨ªtica y la gobernabilidad que los nacionalistas dicen estar dispuestos a garantizar.

Especialmente si esas exigencias son planteadas desde la amenaza de cuestionamiento del marco auton¨®mico, como a veces parece deducirse de ciertas declaraciones deliberadamente ambiguas de los dirigentes nacionalistas (como las de ese senador del PNV que el otro d¨ªa desbarr¨® sobre las aspiraciones confederales que atribuy¨® a los vascos). Hay una evidente contradicci¨®n entre la exigencia de "gobernar, ya", planteada por Roca tras las elecciones, y la pretensi¨®n de mantener indefinidamente abierta la negociaci¨®n, insinuada por Pujol. Los pactos no pueden implicar la renuncia a la ideolog¨ªa de los firmantes, pero s¨ª es exigible la lealtad de cada una de las partes al mutuo compromiso, y de ambas al sistema.