El Estado de bienestar y el presupuesto

Los elementos sobre los que se construyeron los sistemas pol¨ªticos europeos occidentales despu¨¦s de la II Guerra Mundial -pleno empleo, crecimiento constante, protagonismo de los agentes sociales y los partidos pol¨ªticos y notable consenso social- se han ido desvaneciendo. En vez de eso hay factores nuevos que nos hacen pensar que asistimos a algo m¨¢s que a un mero ciclo recesivo y que los tiempos pasados no van a volver: paro estructural inel¨¢stico al crecimiento, producci¨®n intensiva en capital f¨ªsico, elevada competencia en los pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo sin derechos sociales, libertad omn¨ªmoda e instant¨¢nea de movimientos de capital en todo el planeta, evoluci¨®n demogr¨¢fica hacia el envejecimiento de la pir¨¢mide de edad.Los partidos pol¨ªticos aparecen cada vez m¨¢s como meras m¨¢quinas electorales y gestoras (atrapatodo) y cada vez menos como policy makers capaces de crear pol¨ªticas que integren, coordinen, ilusionen e impulsen a las sociedades. Los sindicatos se han debilitado en su capacidad de movilizaci¨®n y en su representatividad. El consenso social o gran alianza en que se bas¨® el Estado intervencionista y protector est¨¢ resquebrajado. Por ejemplo, ya no es f¨¢cil mantener el impl¨ªcito pacto fiscal que sustenta el gasto p¨²blico en pensiones, desempleo, sanidad y educaci¨®n. La amplia clase media sobre la que recae gran parte de la presi¨®n impositiva es cada vez m¨¢s reticente a sufragar el coste de la protecci¨®n social, disparado a partir de la inflaci¨®n de paro.

Espa?a, con una econom¨ªa en franca recesi¨®n (10% de ca¨ªda en la formaci¨®n bruta de capital), un 22,4% de la poblaci¨®n activa en paro, un d¨¦ficit p¨²blico y una deuda completamente descontrolados -quiz¨¢ entremos en un 8% y un 55% del PIB, respectivamente, este a?o-, es una muestra di¨¢fana de la encrucijada en que hoy est¨¢ situado ese cuerpo pol¨ªtico, social y econ¨®mico que llamamos Estado de bienestar.

La situaci¨®n es grave, y resulta sorprendente que el Gobierno -aunque no s¨®lo ¨¦ste- parezca contemplarla en su exclusiva dimensi¨®n econ¨®mica, sin darse cuenta de que estamos ante una depresi¨®n que tiene profundas implicaciones sociales y pol¨ªticas.El modo en que el Gobierno ha planteado tanto el presupuesto para 1994 como las conversaciones sobre el pacto social indica, en efecto, un serio desenfoque, s¨®lo explicable por no querer asumir la responsabilidad que en la falta de nervio productivo y fortaleza inversora y en la rigidez y vulnerabilidad de que a¨²n adolecen las estructuras econ¨®micas espa?olas ha tenido el estrecho monetarismo de Boyer y Solchaga, adorador del sistema financiero y despreciativo para la econom¨ªa real ("la mejor pol¨ªtica industrial es la que no existe").

El Gobierno tiene montada su estrategia sobre un doctrinarismo ortodoxamente tecnocr¨¢tico: no hay margen para hacer unos presupuestos expansivos, porque ya no es posible aumentar m¨¢s la presi¨®n fiscal y porque los estabilizadores autom¨¢ticos han hecho crecer la carga del gasto p¨²blico, luego todo el peso de la responsabilidad en la reactivaci¨®n recae en el sector privado (la empresa p¨²blica parece no existir). As¨ª, dado que es el empresario privado el ¨²nico al que se le concede la iniciativa, los trabajadores tienen que perder poder adquisitivo y hay que aumentar las exenciones a las empresas (en el presupuesto de 1994, la mitad del ingreso previsto en el impuesto de sociedades va a gasto fiscal -vacaciones fiscales-). Por ¨²ltimo, para hacer descender el d¨¦ficit hay que recortar los gastos, sociales como sea.

Esta receta es manifiestamente insuficiente. Porque no existen los tres fundamentales elementos sin los que es pr¨¢cticamente imposible gobernar adecuadamente la crisis: no hay mecanismos vinculantes de aseguramientos de inversiones, y el empresario puede dedicar el beneficio a inversi¨®n especulativa o trasladarlo fuera de Espa?a; no hay reparto equitativo de sacrificios v¨ªa impuestos, y no hay un acuerdo social y pol¨ªtico que d¨¦ verosimilitud y credibilidad a la recuperaci¨®n econ¨®mica.

En el fondo de este desenfoque de la pol¨ªtica econ¨®mica gubernamental laten dos pol¨¦micas u opciones tradicionales entre la derecha y la izquierda. La dial¨¦ctica entre beneficio y salario y la dial¨¦ctica entre ahorro privado e inversi¨®n p¨²blica. La primera se expresa en el debate sobre la concertaci¨®n social; la segunda se proyecta sobre el sistema fiscal y los presupuestos, expresi¨®n monetaria de toda una concepci¨®n de las pol¨ªticas p¨²blicas.

En la pugna entre excedente empresarial y salarios, los empresarios (ahora tambi¨¦n el Gobierno) utilizan el argumento supuestamente objetivo de que los beneficios de hoy son las inversiones de ma?ana y el crecimiento de pasado ma?ana. Para los sindicatos, m¨¢s salarios significa m¨¢s demanda y m¨¢s dinamizaci¨®n de la econom¨ªa. Es claro que no se puede llevar ninguno de los dos razonamientos a sus ¨²ltimas consecuencias. El primero, porque lo mejor ser¨ªa entonces la esclavitud y la explotaci¨®n m¨¢s absoluta; el producto, al final, no tendr¨ªa compradores. El segundo, porque un salario muy por encima de la productividad crear¨¢ inmediatamente una inflaci¨®n descomunal, y no habr¨¢ servido para nada, aparte de arruinar directamente a sectores enteros por no competitivos.

?Cu¨¢l es el punto de equilibrio? En estos momentos, un acuerdo de rentas sobre inflaci¨®n prevista que sea algo inferior a los aumentos de productividad ser¨ªa prudente para que las empresas no ajustaran destruyendo empleo.

En la base de ese acuerdo tiene que haber un reparto de sacrificios, que se deber¨ªan instrumentar a trav¨¦s de una doble decisi¨®n pol¨ªtica: atajar de una vez el fraude fiscal y establecer un impuesto extraordinario sobre el patrimonio, las grandes fortunas y las viviendas vac¨ªas, que equivaliese a la p¨¦rdida de poder adquisitivo de los asalariados. Esto permitir¨ªa no hacer un recorte de las prestaciones sociales de la magnitud que el Gobierno propone, desoyendo el dictamen del Consejo Econ¨®mico y Social. No es tolerable que s¨®lo una parte de la sociedad sufra en su nivel de vida para remontar la dura cuesta econ¨®mica.

Con ello entramos en la otra dial¨¦ctica, la que confronta ahorro privado con inversi¨®n p¨²blica. ?Qui¨¦n tiene que gastar, los sujetos privados o el Estado? El modelo europeo es de naturaleza mixta, dando un peso significativo al gasto social y la empresa p¨²blica. No hay hoy realmente otra alternativa, al menos desde posiciones m¨ªnimamente progresistas, y no es la izquierda la que tiene el papel de romper ese esquema, sino de innovar para salvaguardar sus avances.

Por eso, el presupuesto, como instrumento b¨¢sico del Estado de bienestar, tiene que mantener con ¨¦ste una coherencia de principio. Pero no vemos esa coherencia en el que se ha presentado por el Gobierno. No tanto por su preocupaci¨®n por no agravar el d¨¦ficit p¨²blico, que es l¨®gico y compartible, como porque se sit¨²a en un contexto de masiva exenci¨®n fiscal a las empresas y de entreguismo a la decisi¨®n lib¨¦rrima del inversor privado sin asegurar fondos de inversi¨®n. Y ello aun admitiendo que hay una variaci¨®n muy positiva en la pol¨ªtica monetaria europea, como es la bajada de los tipos de inter¨¦s.

Pero, sobre todo, unos presupuestos sin un acuerdo social sobre rentas y mercado de trabajo, sin unos acuerdos parlamentarios suficientemente amplios para lo que hoy se necesita no son fiables. Porque nada asegura que se recupere la confianza y, por tanto, la actividad;

Pasa a la p¨¢gina siguiente