La crisis de un modelo
Los perfiles pol¨ªticos m¨¢s destacados del acuerdo de cesi¨®n [del 15% del IRPF] demuestran la improvisaci¨®n en un tema que no admite experimentos fallidos, y son:1. Inexistencia de corresponsabilidad fiscal. Las comunidades aut¨®nomas siguen siendo la ¨²nica administraci¨®n del Estado en las que no existe corresponsabilidad fiscal. La Administraci¨®n central y las locales son responsables de la mayor parte de sus ingresos. Las comunidades aut¨®nomas no tienen ninguna capacidad normativa que antes no tuvieran y el Estado sigue siendo el ¨²nico responsable de que la recaudaci¨®n por IRPF, en el territorio de cada comunidad, aumente o disminuya. Eso s¨ª, los resultados de su actuaci¨®n se trasladar¨¢n en esa porci¨®n del 15% a la respectiva comunidad. Todo es responsabilidad del Estado, desde la confecci¨®n de los planes de inspecci¨®n, revisi¨®n de declaraciones, agilizaci¨®n de procesos recaudatorios o resoluci¨®n de reclamaciones de los contribuyentes. Las comunidades aut¨®nomas se limitan a abrir su caja.
La corresponsabilidad s¨®lo puede existir por la v¨ªa de las facultades normativas que el Estado podr¨ªa transferir, recortando al mismo tiempo su tarifa de IRPF. Los contribuyentes har¨ªan tributariamente responsables a las comunidades aut¨®nomas de ese 15%. A pesar de todo lo anterior, no creemos que una corresponsabilidad justifique una posible quiebra del modelo constitucional del 78.
2. Ruptura del consenso constitucional. El modelo aprobado se fundamenta en el art¨ªculo 13 de la LOFCA [Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas], se?alando como base del acuerdo el "coeficiente de esfuerzo fiscal en el IRPF", desconociendo la prohibici¨®n que establece la misma LOFCA de ceder el IRPF. Parece que los catalanes se propusieron asaltar con esta cesi¨®n una de las pocas fortalezas financieras estatales que la LOFCA previ¨®. El precedente tiene una enorma gravedad para la consolidaci¨®n del Estado de las autonom¨ªas, ya que supone admitir la discriminaci¨®n entre dos grupos de comunidades aut¨®nomas, las que esperan aumentar su capacidad financiera y las que conf¨ªan en que el Estado impida que empeoren. Y, lo que es peor, supone desentenderse de una propuesta, consensuada con el PP, para profundizar el desarrollo auton¨®mico, y que tuvo un antecedente previo y positivo en la Ley del Proceso Auton¨®mico. El fondo de la cuesti¨®n est¨¢ en la crisis del modelo LOFCA.
La forma de proceder para la consecuci¨®n del acuerdo del 7 de octubre revela a las claras sus carencias: seguimos intentando remediar problemas de estructura, agobiados por problemas de coyuntura y por la socorrida v¨ªa del parche, en lugar de hacer una revisi¨®n del sistema en su conjunto. Quiz¨¢s, en la revisi¨®n del modelo que hab¨ªa de regir para el quinquenio 92-96, se perdi¨® la oportunidad hist¨®rica para alumbrar un nuevo marco de financiaci¨®n auton¨®mica, una vez superados los primeros cinco a?os de funcionamiento del llamado modelo definitivo que previ¨® la LOFCA, y todo ello a pesar de sus enormes limitaciones. El dise?o inicial fue ¨²til, y permiti¨® poner en marcha el Estado de las autonom¨ªas.
Perdida aquella ocasi¨®n hist¨®rica, es hora de empezar a trabajar en el dise?o de un nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica que debe cumplir una serie de exigencias de principio:
a) Dotar de aut¨¦ntica autonom¨ªa financiera a las comunidades aut¨®nomas. Las comunidades aut¨®nomas son casi exclusivamente administraciones de gasto, con una muy limitada autonom¨ªa en el ingreso, que contrasta incluso con la que disfrutan los municipios.
b) Creaci¨®n de mecanismos de solidaridad interterritorial. Deben crearse y ponerse en pr¨¢ctica instrumentos de nivelaci¨®n financiera, con objeto de intentar cerrar los famosos c¨ªrculos de pobreza y riqueza, redefiniendo las nonatas transferencias para la nivelaci¨®n de los servicios p¨²blicos fundamentales, reforzando el FCI [Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial] y creando "Fondos Auton¨®micos de Cooperaci¨®n Municipal". Si estos mecanismos compensatorios son los m¨¢s genuinos de los reg¨ªmenes federales, en Espa?a son indispensables.
c) Establecimiento de una aut¨¦ntica corresponsabilidad fiscal. Las administraciones territoriales deben ser responsables de la detracci¨®n de recursos a sus ciudadanos, sea inspir¨¢ndose en la "administraci¨®n ¨²nica sea siguiendo el ejemplo de Alemania, que hace a los Estados colaborar con la Federaci¨®n en la gesti¨®n de los Tributos Federales. Pero las comunidades aut¨®nomas no pueden permanecer como espectadoras de la gesti¨®n tributaria del Estado.
d) Homogeneidad en la dotaci¨®n de recursos financieros. Las diferencias actuales dentro del sistema com¨²n, y de ¨¦stos con los forales, deben corregirse, y, desde luego, la soluci¨®n no puede ser rebajando los niveles de estos ¨²ltimos. La coartada de los "derechos hist¨®ricos" no puede mantenerse por mucho tiempo: cada uno tiene su historia y el Estado no puede amparar la permanente desigualdad financiera.
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