Casinos y aseguradoras presionan al Congreso contra la ley antiblanqueo de dinero

Casinos de juego, aseguradoras y notarios, tres colectivos tan aparentemente lejanos, se han visto unidos por la droga y el terrorismo. Exactamente por las obligaciones que trata de imponerles el proyecto de ley de medidas para la prevenci¨®n del blanqueo de capitales procedentes del narcotr¨¢fico, el terrorismo y el crimen organizado. Casinos y aseguradoras se han dirigido a los grupos parlamentarios para tratar de suavizar el control sobre sus clientes. Alegan que la colaboraci¨®n que se les requiere les llevar¨ªa al "colapso". Los notarios, por su parte, han entablado una discusi¨®n jur¨ªdica sobre el "deber de colaboraci¨®n" que les exige el Gobierno, que ha paralizado la tramitaci¨®n del proyecto.

La ley contra el blanqueo de capitales trata de dar cumplimiento a una directiva europea, y debi¨® entrar en vigor el 1 de enero de este a?o. En la legislatura pasada el proyecto lleg¨® hasta el Senado y decay¨® por la convocatoria electoral del 6 de junio. Con la nueva legislatura, el Gobierno se ha apresurado a reenviar el proyecto a las Cortes.La ley trata de "prevenir e impedir la utilizaci¨®n del sistema financiero, as¨ª como de otros sectores de la actividad econ¨®mica, para el blanqueo de capitales" procedentes de:

- Actividades delictivas relacionadas con el narcotr¨¢fico.

- Actividades delictivas relacionadas con bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.

- Actividades delictivas realizadas de forma organizada por asociaciones il¨ªcitas.

El proyecto, en resumen, trata de imponer la obligaci¨®n de que una serie de instituciones y entidades identifiquen a sus clientes, a terceras personas en nombre de las cuales pudieran actuar, examinen "con especial atenci¨®n" cualquier operaci¨®n que resulte sospechosa, conserven durante cinco a?os la documentaci¨®n que acredite las operaciones y las identidades de los sujetos que las realizaron y comuniquen al servicio ejecutivo cualquier "indicio o certeza" de que una operaci¨®n tiene conexiones con el narcotr¨¢fico, el terrorismo o el crimen organizado.

El propio texto del proyecto de ley especifica que estas obligaciones afectan a entidades de cr¨¦dito, entidades aseguradoras para operar en el ramo de vida, sociedades y agencias de valores, instituciones de inversi¨®n colectiva, gestoras de inversiones colectivas y de fondos de pensiones, sociedades gestoras de cartera, sociedades emisoras de tarjetas de cr¨¦dito y personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que ejerzan actividades, de cambio de moneda.

Pero, adem¨¢s, el texto del Gobierno incluye a los casinos de juego, las actividades de promoci¨®n inmobiliaria y un ampl¨ªsimo elenco de actividades que se determinar¨¢n en su d¨ªa por v¨ªa reglamentaria y que, en definitiva, engloban negocios susceptibles. de constituirse en canales para el blanqueo de dinero. El proyecto establece sanciones y, multas que pueden llegar hasta el 1% de los recursos propios de la entidad sancionada o el montante de la operaci¨®n fraudulenta m¨¢s un recargo del 50%.

Los casinos de juego parecen haber visto en estas previsiones a un en¨¦rgico crupier legal que, seg¨²n aseguran, les lanza una especie de "no va m¨¢s" que llevar¨ªa al colapso de sus negocios. La Asociaci¨®n Espa?ola de Casinos de Juego (AECJ), que re¨²ne a los 19 establecimientos espa?oles de este tipo y que el a?o 1992 tuvieron unos ingresos de 28.205 millones de pesetas, se ha dirigido a los grupos parlamentarios por escrito para asegurar que est¨¢ "seriamente preocupada por los graves efectos distorsionadores" que ocasiona el proyecto y que, seg¨²n la asociaci¨®n, tendr¨ªa consecuencias. que "pueden llegar a provocar su pr¨¢ctica paralizaci¨®n".

En el escrito que han enviado a los parlamentarios, los casinos razonan que es imposible controlar todas las operaciones de cambio de dinero por fichas que se realizan cada noche, y menos a¨²n archivarlas durante cinco a?os. "La mayor¨ªa de los clientes juega peque?as cantidades en moneda de curso legal. Los que juegan grandes cantidades", prosigue el escrito, "cambian las fichas por cheques o por tarjetas de cr¨¦dito, por lo cual ya est¨¢n identificados, y es dinero blanco al proceder de instituciones bancarias".

Los casinos entienden que la ley es discriminatoria porque, lo mismo que all¨ª puede arriesgarse dinero procedente del delito, tambi¨¦n puede hacerse -dicen- jugando a la loter¨ªa, bonoloto y quinielas.

En ¨²ltimo t¨¦rmino, los casinos de juego piden que las obligaciones de control y denuncia, en su caso, queden limitadas exclusivamente a "los negocios de cuant¨ªa relevante", y adelantan que la propia directiva europea establece obligaciones de control para operaciones que excedan de 15.000 ecus, unos 2,3 millones de pesetas.

El mismo intento de limitar las cuant¨ªas controlables se ha puesto en marcha por parte de las aseguradoras. La patronal Unespa ha presionado a distintos grupos parlamentarios, y Converg¨¦ncia y Uni¨® lleg¨® a presentar enmiendas para reducir el campo de obligaciones, aunque luego las retir¨®.