50 juristas piden la responsabilidad del m¨¦dico objetor al aborto o la eutanasia

Unos cincuenta penalistas del Grupo de Estudios de Pol¨ªtica Criminal -que integran 100 juristas; la mitad, catedr¨¢ticos, y el resto, magistrados y fiscales- aprobaron ayer un manifiesto sobre la libertad de conciencia, que aborda, entre otras cuestiones, la responsabilidad exigible a los m¨¦dicos de la sanidad p¨²blica que se nieguen a interrumpir un embarazo o a practicar la eutanasia activa solicitada por el enfermo.

Penalistas de toda Espa?a, reunidos en la Universidad Carlos III de Madrid, partieron de que la libertad ideol¨®gica reconocida por la Constituci¨®n no consagra "un individualismo incompatible con el Estado social y democr¨¢tico de derecho". En consecuencia, estiman compatible el derecho a la objeci¨®n de conciencia de los m¨¦dicos y sanitarios de instituciones p¨²blicas con la garant¨ªa de que se realice el aborto o la eutanasia legales.El manifiesto declara que la objeci¨®n al aborto podr¨¢ ser rechazada cuando, "dada la urgencia, no existan otros profesionales dispuestos para la interrupci¨®n del embarazo". Y a?ade que, en tales casos, "deber¨¢ exigirse al responsable del establecimiento o al personal sanitario responsabilidades jur¨ªdicas por las consecuencias que su negativa a practicar la intervenci¨®n pudieran tener sobre la vida, salud y libertad de la embarazada".

Propone que la objeci¨®n de conciencia a la eutanasia legal solicitada por el enfermo no pueda ser negada ni limitada, "dado que la negativa del m¨¦dico no impide la realizaci¨®n del hecho por otro profesional". Agrega que, "sin embargo, s¨ª deber¨ªa responder por las actuaciones obstaculizadoras, si con ello impide el ejercicio del derecho por parte del paciente que ha solicitado ayuda para morir". Razona que la objeci¨®n no exime al m¨¦dico responsable del caso de la obligaci¨®n de transferirlo a otro o de "ponerlo en conocimiento de la direcci¨®n del centro para que asegure el ejercicio efectivo de tal derecho".

Despenalizar la insumisi¨®n

El manifiesto considera la vigente regulaci¨®n sobre objeci¨®n de conciencia al servicio militar "inadmisible desde el principio de intervenci¨®n penal m¨ªnima". Ofrece la soluci¨®n de suprimir el servicio militar obligatorio. El Grupo de Pol¨ªtica Criminal estima la propuesta del ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, de aplicar el r¨¦gimen penitenciario abierto a los insumisos, "no s¨®lo insuficiente, sino, adem¨¢s, un gratuito ejercicio de cinismo pol¨ªtico, porque pervierte el sentido y la finalidad de dicha instituci¨®n [el r¨¦gimen abierto], eludiendo la aut¨¦ntica soluci¨®n del problema, que es la despenalizaci¨®n".

En cambio, el documento rechaza que la objeci¨®n fiscal y la negativa a formar parte de una mesa electoral puedan ampararse en la libertad de conciencia, si bien se opone en ambos casos a la respuesta penal.

Entre los asistentes a la reuni¨®n de ayer figuran los catedr¨¢ticos de Derecho Penal Jos¨¦ Luis D¨ªez-Ripoll¨¦s, Francisco Mu?oz-Conde, Carmen Lamarca, Jos¨¦ Manuel G¨®mez Ben¨ªtez, Borja Mapelli y Josep Tamarit y los magistrados Jos¨¦ Ricardo de Prada, Mario Pestana, Ram¨®n S¨¢ez, Manuel Mor¨¢n y Ramiro Ventura. El Grupo de Pol¨ªtica Criminal elabor¨®, entre 1989 y 1991, una propuesta alternativa a la pol¨ªtica represiva sobre drogas y, entre 1991 y 1993, un manifiesto en favor de la eutanasia.