Alarma social

"Estos hechos provocan una manifiesta sensaci¨®n de inseguridad para los ciudadanos y creemos que provocan una grave alarma social", afirm¨® ayer el teniente fiscal, Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, para explicar cu¨¢les fueron los motivos que fundamentaban las prisiones acordadas para ocho de los detenidos. Mena, fiscal especial en esta, investigaci¨®n, dej¨® claro que en ning¨²n caso la prisi¨®n se hab¨ªa decidido como un m¨¦todo para "pressionar" a los inculpados y conseguir m¨¢s informaci¨®n. Sin querer precisar los cargos formulados contra ellos, s¨ª que matiz¨® que la prisi¨®n provisional tambi¨¦n se acord¨® para garantizar la investigaci¨®n en marcha.Mena dio mucha importancia al fondo de este asunto: sectores del empresariado en general, sin concretar en el mundo period¨ªstico, se encuentran espiados il¨ªcitamente y corriendo "graves riesgos". Para el teniente fiscal, no hay duda de que los afectados por las escuchas ser¨¢n muchos y ya adelant¨® que cuando se levante el secreto de las diligencias, el juzgado se pondr¨¢ en contacto con ellos para informarles.

"Lo que no haremos es atentar contra la intimidad de nadie, si no es estrictamente necesario para aclarar los hechos y tenemos la intenci¨®n de defender el derecho a la intimidad de las personas", remach¨®.

El teniente fiscal, que se cerr¨® completamente a comentar cualquier dato, interno de la investigaci¨®n apelando al secreto ordenado por el juez, fue contundente a la hora de comentar el ofrecimiento de Javier God¨®, propietario de La Vanguardia, para declarar ante el juez.

"En derecho penal no hay ofrecimientos posibles, si es llamado a declarar deber¨¢ comparecer porque es su deber, como el de cualquier ciudadano", afirm¨® para, a rengl¨®n seguido, negarse a precisar si God¨® ser¨ªa llamado a testificar por el juzgado. "No estar¨ªa bien que se enterase por la prensa", puntualiz¨®.