Liebres y tortugas

EL FEN?MENO del espionaje telef¨®nico o mediante otros medios t¨¦cnicos de escucha ha alcanzado en la ¨²ltima d¨¦cada en Espa?a la velocidad de la liebre, mientras que la legislaci¨®n destinada a reprimir esa pr¨¢ctica ha dado pasos de tortuga. El esc¨¢ndalo de la red de escuchas descubierta en Barcelona no s¨®lo ha puesto de manifiesto la desfachatez con que algunos individuos, por lo general provenientes de los servicios de informaci¨®n del Estado, ponen sus conocimientos t¨¦cnicos y experiencia al servicio de intereses no aclarados; tambi¨¦n el rid¨ªculo riesgo penal que corren por entrar a saco en vidas privadas y en intimidades personales.Al menos este ¨²ltimo episodio de espionaje ilegal de vidas y haciendas ajenas ha servido para encender algunas se?ales de alarma sobre la urgencia de enfrentarse con energ¨ªa a este fen¨®meno ¨¦ticamente repugnante adem¨¢s de delictivo. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, se ha comprometido a introducir en el nuevo C¨®digo Penal una tipificaci¨®n m¨¢s severa de la interceptaci¨®n ilegal de comunicaciones telef¨®nicas. La confidencialidad de las conversaciones telef¨®nicas es un derecho fundamental especialmente protegido por la Constituci¨®n y merece, por ello, una protecci¨®n penal m¨¢s disuasoria que la de un mes y un d¨ªa a seis meses de c¨¢rcel que tiene desde 1984.

Pero este tipo de comportamientos que surgen desde hace a?os en la vida pol¨ªtica y social espa?ola son algo m¨¢s que un atentado a un derecho fundamental. Tambi¨¦n constituyen una seria amenaza a la limpieza que debe presidir el juego pol¨ªtico, la libre competencia entre las empresas, las relaciones industriales y comerciales y, en general, cualquier manifestaci¨®n de la actividad de las personas. La constataci¨®n -probada fehacientemente en algunos casos- de que en Espa?a proliferan personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas que, con los medios de la tecnolog¨ªa moderna, se dedican a violar impunemente la intimidad de determinados ciudadanos m¨¢s o menos relevantes, a controlar la actividad de sus oponentes pol¨ªticos y de sus rivales profesionales y econ¨®micos, deber¨ªa haber bastado para poner, hace tiempo, en estado de alarma al Gobierno, a los jueces, al resto de las instituciones del Estado y a la sociedad en general, particularmente a sus sectores m¨¢s significativos.

En lugar de ello, se ha preferido actuar con una incomprensible tolerancia. La disparatada doctrina oficial con la que en 1985 se pretendi¨® justificar el espionaje de los partidos pol¨ªticos (cualquier informaci¨®n o dato que se considere susceptible de hacer gobernable el pa¨ªs merece la atenci¨®n de los servicios de informaci¨®n del Estado) ha sido uno de los polvos que han tra¨ªdo estos Iodos. Cuando la l¨ªnea divisoria entre lo l¨ªcito e il¨ªcito es tan tenue no es dif¨ªcil traspasar l¨ªmites y justificar pesquisas e indagaciones de cualquier tipo. Y de ello han sabido sacar provecho determinados elementos de la polic¨ªa y de los servicios de informaci¨®n del Estado al rebufo de la feroz competencia desatada en la vida econ¨®mica y de la fuerte demanda de protecci¨®n privada frente a la delincuencia.

Uno de los protagonistas del caso de las escuchas ilegales de Barcelona era coronel en activo del Cesid cuando actuaba privadamente. La trama pose¨ªa -seg¨²n informa hoy este peri¨®dico- documentos internos del servicio de espionaje militar. ?Debe concluirse que todo es posible en el confuso y opaco mundo de los servicios? Acaso sus miembros nunca dejan de serlo del todo aunque est¨¦n de baja. La amplitud de la trama descubierta y la facilidad con que se puede sustraer informaci¨®n de los archivos policiales -dos polic¨ªas en activo est¨¢n siendo investigados por esa causa- son datos verdaderamente alarmantes. Y merecedores, por ello, no s¨®lo de una exhaustiva investigaci¨®n judicial, sino de una pormenorizada explicaci¨®n del Gobierno al Parlamento. ?A qu¨¦ est¨¢ esperando?