Cargarse de raz¨®n y que todo siga igual

Los sindicatos han presentado la movilizaci¨®n del d¨ªa 25 como una respuesta a la imposici¨®n de una serie de reformas del marco legal que determina dicho mercado, pero la convocatoria fue anterior a la decisi¨®n del Gobierno de poner un tope temporal a la negociaci¨®n sobre ese punto y, desde luego, al anuncio de las medidas concretas que sobre contrataci¨®n y despido aprobar¨¢ el Consejo de Ministros la semana pr¨®xima.Si esta vez parec¨ªa haber m¨¢s posibilidades de un pacto social, fue sobre todo porque en otros pa¨ªses el r¨¢pido crecimiento del paro estaba llevando a los sindicatos a aceptar compromisos de moderaci¨®n salarial. Adem¨¢s, acababan de celebrarse elecciones generales y los partidos mayoritarios hab¨ªan incluido en sus programas la b¨²squeda de un acuerdo por el empleo como el que comenz¨® a negociarse tras el verano.

En un momento dado, los sectores de UGT y CC OO m¨¢s abiertos al compromiso admitieron el principio de una negociaci¨®n salarial plurianual y basada en la inflaci¨®n prevista que parec¨ªa abrir expectativas de un pacto de rentas. La cosa se torci¨® cuando los sectores opuestos al pacto condicionaron ¨¦ste a un acuerdo previo sobre las reformas del mercado laboral. Era un planteamiento imposible porque dicha reforma part¨ªa precisamente de la necesidad de acabar con una excepcionalidad que viciaba la negociaci¨®n salarial en el sentido de otorgar a los sindicatos una capacidad de presi¨®n desproporcionada.

El franquismo busc¨® en la estabilidad del empleo una compensaci¨®n al car¨¢cter miserable de los salarios. ?stos han crecido en Espa?a en los ¨²ltimos 15 a?os m¨¢s que en cualquier otro pa¨ªs industrializado, pero las garant¨ªas de estabilidad en el empleo se han mantenido, de manera que el despido de los trabajadores fijos es hoy en Espa?a de m¨¢s complicada tramitaci¨®n y, en consecuencia, m¨¢s caro que en pa¨ªses como Francia, Alemania o el Reino Unido. Esa situaci¨®n se traduce, por una parte, en que empresas que podr¨ªan ser viables con una reducci¨®n parcial de su plantilla no se plantean esa posibilidad m¨¢s que in art¨ªculo mortis, s¨®lo cuando la empresa est¨¢ al borde del precipicio o m¨¢s all¨¢ incluso, de forma que frecuentemente no sirve para salvar los empleos posibles. Y, por otra, otorga a los sindicatos una posici¨®n de fuerza que se traduce en subidas salariales por encima de la inflaci¨®n, incluso en plena recesi¨®n y con un paro de m¨¢s del 20%.

En los sectores protegidos de la competencia extranjera -fundamentalmente, los servicios-, esos aumentos son transmitidos a precios, lo que dispara la inflaci¨®n. Esa repercusi¨®n encarece a su vez los servicios -financieros, de telecomunicaciones, etc¨¦tera- utilizados por los dem¨¢s sectores productivos, lo que agrava su p¨¦rdida de competitividad. Y como no pueden trasladar los aumentos a precios de venta, el ajuste se produce por la v¨ªa del despido: no de los fijos, dado su alto coste, pero s¨ª de los trabajadores -34% del total de empleados- con contrato temporal, cuya tramitaci¨®n es mucho m¨¢s barata.

La reforma del mercado laboral no es, por tanto, un capricho destinado a molestar a los sindicalistas, sino una exigencia dictada por esa p¨¦rdida de competitividad de nuestra econom¨ªa. Resulta m¨¢s que probable que uno de los motivos por los que hoy la econom¨ªa espa?ola no crea empleo estable suficiente es porque las condiciones de fijeza son insensibles a la coyuntura, de manera que ese compromiso de por vida inhibe la inversi¨®n del empresariado espa?ol. Y del extranjero. Sin homologar los mecanismos de nuestro mercado laboral a los de los pa¨ªses de nuestro entorno no se recobrar¨¢ competitividad. Y sin ella, ni se contendr¨¢ hoy el paro ni se crear¨¢ empleo ma?ana.

Es cierto que con un pacto de rentas algunas reformas podr¨ªan haberse amortiguado o tal vez aplazado hasta el momento en que la recuperaci¨®n sea un hecho. Sin embargo, desde el momento en que se condicion¨® una cosa a la otra se oblig¨® al Gobierno a optar por la v¨ªa de la reforma sin pacto: ya que no puede presentar un sistema productivo cohesionado en torno a un pacto de moderaci¨®n salarial por dos o tres a?os, el Gobierno ofrece a los inversores extranjeros y nacionales, que ya est¨¢n tomando posiciones para la recuperaci¨®n, un mercado de trabajo que permita al menos una negociaci¨®n m¨¢s equilibrada. Desde la convicci¨®n de que, de todos modos, la moderaci¨®n se impondr¨¢ por la fuerza de los hechos. S¨®lo que ya sin las ventajas, para los sindicatos, sus representados y el pa¨ªs en general, de un pacto formalizado que garantice la estabilidad social y despeje incertidumbres: el factor m¨¢s apreciado por los inversores.

?se es el resultado de una pol¨ªtica sindical que se puede tal vez comprender, pero que es dificil compartir. Porque una cosa es no avalar la reforma y otra condicionar el pacto a su retirada: esto ¨²ltimo es apostar por la protesta antes que por la soluci¨®n; por cargarse de raz¨®n, caiga quien caiga, antes que por poner remedio a lo que motiva la angustia de los cientos de miles de trabajadores que se movilizaron el jueves