Cuando el medio es el mensaje

QUE HERRI Batasuna y ETA son dos cuerpos con una misma cabeza no es una sospecha, sino algo tan evidente, al menos, como que el diario Egin es el ¨®rgano de expresi¨®n de tales cuerpos y su correspondiente alma. Que, en funci¨®n de ello, haya quien considere conveniente o incluso moralmente justificado que dicho peri¨®dico deje de publicarse no convierte en l¨ªcita cualquier medida administrativa tendente a cerrarlo. Pero la invocaci¨®n a la libertad de expresi¨®n tampoco basta para convertir en l¨ªcita cualquier actividad de ese o cualquier otro peri¨®dico. Entre el arbitrismo del poder y la desnuda impunidad cabe una tercera posibilidad, la ¨²nica que conviene con el Estado de derecho: la investigaci¨®n judicial de hechos concretos de los que se deduzcan indicios de actuaciones delictivas. Es decir, la aplicaci¨®n de la ley.Es lo que ha hecho el juez Bueren ante la documentaci¨®n que remitieron las autoridades francesas y que fue encontrada en poder de Carlos Almorza, supuesto responsable de la red de extorsi¨®n de ETA, detenido en dicho pa¨ªs hace unos meses. Esa documentaci¨®n revela que informes sobre empresas y personas que hab¨ªan sido encargados por Egin a una compa?¨ªa privada se encontraban en poder de los terroristas.

Dada la larga dedicaci¨®n de ETA a la tarea de extorsionar a empresarios, no resultaba descabellado suponer que alguien de Egin hubiera pasado esos informes a los terroristas con el fin de facilitarles la obtenci¨®n de fondos por ese procedimiento. En todo caso, era algo que merec¨ªa ser investigado. La entrada de la Ertzaintza, por orden del juez, en las redacciones de Egin en Bilbao y Hernani en busca de eventuales pruebas que puedan confirmar tales indicios estaba, por tanto, justificada.

Por lo que revel¨® ayer el consejero vasco de Interior, Juan Mar¨ªa Atutxa, respecto al material incautado en tales redacciones, se sabe ya que entre los empresarios sobre los que Egin recab¨® informaci¨®n figuran, adem¨¢s de algunos de la comarca del Gohierri que fueron objeto de extorsi¨®n, otros relacionados con las obras de la autov¨ªa de Leizar¨¢n que fueron en su momento v¨ªctimas de atentados de ETA. Ello ampl¨ªa el campo de la investigaci¨®n: debe averiguarse si la informaci¨®n utilizada por los terroristas para seleccionar a sus v¨ªctimas y preparar esos atentados tuvo su origen en el citado peri¨®dico. La investigaci¨®n deber¨ªa dilucidar en ese caso qui¨¦n o qui¨¦nes transmitieron tales informes a los terroristas. Se tratar¨ªa, en todo caso, de responsabilidades de personas concretas.

Relacionar esa investigaci¨®n con "campa?as de acoso", como ha hecho el director de Egin, resulta, por tanto, fuera de lugar. A diferencia del mundo etarra, en el que manda el fusil y en el que los terroristas se atribuyen el poder legislativo; judicial y ejecutivo -en el doble sentido de la palabra-, en la sociedad democr¨¢tica los jueces son independientes de los otros poderes y aplican normas preexistentes y procedimientos reglados. Los indicios obligaban a intervenir al juez.

El C¨®digo Penal no contempla la posibilidad de cierre de un peri¨®dico, aunque s¨ª la incautaci¨®n de la imprenta con que se imprime, en determinados casos relacionados con delitos de terrorismo. En el caso analizado, tal posibilidad parece fuera de la realidad, puesto que los delitos investigados habr¨ªan sido cometidos, en su caso, por personas individuales y no por el diario en cuanto tal.

Pero al margen de este caso concreto, y puesto que el tema ha sido suscitado, cabe preguntarse si el derecho a la libertad de expresi¨®n protegido por la Constituci¨®n y ahora invocado por Egin ampara cualquier cosa que aparezca en sus p¨¢ginas. La respuesta es no. De entrada, no es lo mismo la libertad de expresi¨®n para criticar que para incitar al asesinato. Una cosa es expresar ideas, por aberrantes que puedan resultar para la mayor¨ªa de la poblaci¨®n, y otra proferir amenazas veros¨ªmiles.

Cuando, tras la detenci¨®n de la red de extorsionistas de ETA desmantelada por la Ertzaintza a comienzos de 1992, un portavoz de Herri Batasuna acusaba al juez que intervino en el caso de "actuar como un superpolic¨ªa", le advert¨ªa que HB "tomaba buena nota de su actuaci¨®n" y le amenazaba con "actuar en consecuencia", estaba haciendo algo que en absoluto podr¨ªa considerarse protegido por la Constituci¨®n. Si la transmisi¨®n de tales amenazas por el diario Egin constituye o no un delito es algo que habr¨¢n de determinar los jueces.