Escuchas en la c¨¢rcel

EL DER?CHO de defensa y, en general, la asistencia letrada a presos de ETA plantean serios problemas al Estado democr¨¢tico cuando quienes realizan esa tarea son abogados de confianza de la organizaci¨®n terrorista integrados en la trama civil del radicalismo violento. ?C¨®mo saber si cuando ejercen la defensa de los presos etarras son s¨®lo defensores o si, emboscados en el oficio de defensor, act¨²an tambi¨¦n como intermediarios, correos, c¨®mplices o colaboradores de sus clientes y al tiempo correligionarios en la lucha com¨²n contra el Estado?Dilucidarlo es laborioso, pero no imposible, a condici¨®n de hacer un uso inteligente y diligente de las posibilidades de la ley. Como debe ser, por lo dem¨¢s, en todos aquellos supuestos en que los resortes legales y los derechos y libertades democr¨¢ticos son utilizados a favor de los prop¨®sitos de los terroristas. ?Actuaron con dichas inteligencia y diligencia los responsables penitenciarios al ordenar, sin autorizaci¨®n judicial, la grabaci¨®n de las comunicaciones del abogado de Herri Batasuna (HB) Txemi Gorostiza con el recluso etarra en la c¨¢rcel de Alcal¨¢-Meco Jos¨¦ Ignacio de Juana pocos d¨ªas antes del asesinato por ETA del funcionario de prisiones Jos¨¦ Ram¨®n Dom¨ªnguez? De momento, esta forma de actuar ha provocado la suspensi¨®n del juicio contra dicho abogado y hace probable su puesta en libertad provisional. La Audiencia Nacional ha considerado que el juicio no pod¨ªa continuar sin determinar previamente si la grabaci¨®n constituye una prueba obtenida l¨ªcitamente o no.

Pero, entretanto, el asunto ha suscitado una viva pol¨¦mica entre la Administraci¨®n y la abogac¨ªa. El ministro del Interior y hasta hace poco m¨¢ximo responsable de las prisiones, Antoni Asunci¨®n, y su colega de Justicia en el Gobierno, Juan Alberto Belloch, han defendido la legalidad de la intervenci¨®n gubernativa de las comunicaciones entre abogados y reclusos terroristas mientras que el Consejo General de la Abogac¨ªa califica esa actuaci¨®n de "grave intromisi¨®n en la confidencialidad de la defensa". Si la instalaci¨®n de micr¨®fonos ocultos en los locutorios carcelarios implica que pueda grabarse indiscriminadamente cualquier comunicaci¨®n, hay que rechazar tajantemente que esa pr¨¢ctica est¨¦ avalada por la Constituci¨®n o norma alguna. Tampoco la posibilidad de intervenir, sin autorizaci¨®n judicial, determinadas comunicaciones de abogados con reclusos terroristas tiene una clara base legal. Los ministros de Interior y Justicia invocan la legislaci¨®n penitenciaria, pero ¨¦sta no puede ser m¨¢s confusa al respecto. Unas veces dice que las comunicaciones de los internos con el abogado defensor no podr¨¢n ser intervenidas "salvo autorizaci¨®n judicial y en los supuestos de terrorismo", y otras, que "podr¨¢n serlo motivadamente por el director del establecimiento, dando cuenta a la autoridad judicial competente".

Ni la justicia, ni el Gobierno, ni los ¨®rganos corporativos de la abogac¨ªa pueden quedarse impasibles ante la manipulaci¨®n delictiva del derecho de defensa. Pero parece m¨¢s eficaz perder un poco de tiempo en acudir al juez que recurrir precipitadamente a pr¨¢cticas de dudosa legalidad que puedan ser invalidadas.