Recursos educativos
EL NUEVO retraso en la entrada en vigor de la reforma educativa, comunicado ayer tras el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Educaci¨®n y las comunidades aut¨®nomas con plenas competencias en la materia, es un s¨ªntoma de las debilidades de nuestro inconcluso y ya en crisis Estado de bienestar. Pero constituye tambi¨¦n un indicio de la relativa incoherencia de los criterios de asignaci¨®n de recursos en el actual sistema de prioridades.Se trata de la segunda modificaci¨®n respecto al calendario previsto a ra¨ªz de la aprobaci¨®n, en abril de 1990, de la Ley de Ordenaci¨®n General del Sistema Educativo (LOGSE). Los motivos son en principio organizativos, pero diversos sectores educativos consideran que las dificultades de ajuste detectadas son a su vez consecuencia de los recortes presupuestarios de los ¨²ltimos a?os. Desde algunos sectores se ha argumentado que el atraso en su aplicaci¨®n no era grave y que, de todas formas, era l¨®gico que las dificultades del momento econ¨®mico, y sobre todo el preocupante crecimiento del d¨¦ficit p¨²blico, se reflejasen en una moderaci¨®n del gasto educativo, como ya ha ocurrido en otros cap¨ªtulos del gasto social. Es un punto de vista discutible.
De entrada, no son pocos los expertos que consideran que es precisamente en las fases recesivas cuando las prioridades en la asignaci¨®n de recursos deben favorecer aquellas actividades, como la educaci¨®n o la investigaci¨®n, que m¨¢s influyen en la mejora de la competitividad. Pero es que adem¨¢s, el gasto en educaci¨®n ha sido en Espa?a, comparativamente, bastante inferior al de los principales pa¨ªses europeos, lo que obliga a un esfuerzo m¨¢s que proporcional en ese cap¨ªtulo presupuestario para superar unos retrasos manifiestos.
En 1980, los gastos en educaci¨®n supon¨ªan en Espa?a el 8,4% del gasto total de las Administraciones p¨²blicas, porcentaje id¨¦ntico al de 1965. En el mismo a?o, los porcentajes respectivos eran del 14% en Francia, del 12,6% en el Reino Unido, el 13,3% en Italia y el 16 % en Alemania. Es cierto que en la d¨¦cada de los ochenta el gasto educativo ha crecido en Espa?a proporcionalmente m¨¢s que el resto del gasto social: un 6,86%, frente al 5,51%. Pero esa tendencia se ha detenido en los ¨²ltimos a?os, y el 4% sobre el PIB que se adjudica a la educaci¨®n sigue estando a dos puntos de la media comunitaria.
Algo de raz¨®n tienen, entonces, quienes sostienen que no es coherente defender una reasignaci¨®n de recursos del terreno asistencial al productivo y no considerar a la educaci¨®n como lo que es: la principal inversi¨®n productiva que puede hacer un pa¨ªs en periodos de crisis.
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