Evidencia frustrada

M?S QUE una convicci¨®n moral es una evidencia que el abogado de Herri Batasuna (HB) Txemi Gorostiza actu¨® como correo de ETA en la comunicaci¨®n mantenida el d¨ªa 12 de enero de 1993 en la c¨¢rcel de Alcal¨¢-Meco con el antiguo responsable del sangriento comando Madrid, Jos¨¦ Ignacio de Juana Chaos. Y que se ampar¨® en su condici¨®n de abogado defensor para llevar a cabo impunemente esta - misi¨®n. Las cintas grabadas de esa comunicaci¨®n, en la que los interlocutores barajaron la posibilidad de atentar contra funcionarios de prisiones para acabar con la pol¨ªtica de dispersi¨®n de presos etarras, constituyen un documento clarificador de tales prop¨®sitos.Ademas, el hecho de que 10 d¨ªas despu¨¦s de esta comunicaci¨®n se produjera el asesinato en San Sebasti¨¢n del funcionario de prisiones Jos¨¦ Ram¨®n Dom¨ªnguez es un indicio inquietante de que en el mundo del radicalismo violento a las palabras no se las lleva el viento: siempre hay alguien que se siente dispuesto a poner en pr¨¢ctica lo que expresan.

Pero la chapucera forma de actuar de los responsables penitenciarios ha frustrado que esta evidencia tenga efecto probatorio ante un tribunal de justicia. "La prueba est¨¢ ah¨ª", ha dicho con raz¨®n el hasta hace poco m¨¢ximo responsable de prisiones y actual ministro de Interior, Antoni Asunci¨®n, pero lo malo es que la irregular forma de obtenerla la ha hecho inservible. Con el agravante de que es Asunci¨®n el responsable de que esta prueba fuera obtenida de forma irregular. M¨¢s que lamentarse de que la Audiencia Nacional haya invalidado la grabaci¨®n, lo que procede es tomar buena nota de este precedente y evitar que, en el futuro, iniciativas penitenciarias mal dise?adas y peor ejecutadas puedan dejar libre de cargo a un posible colaborador de ETA.

Ni al Estado, en general, ni a la instituci¨®n penitenciaria, en particular, les faltan instrumentos legales para hacer frente al terrorismo. Pero hay que hacer un uso inteligente y diligente de los mismos y no facilitar el aprovechamiento ventajista de los resquicios de la ley por parte de quienes se han especializado en prestar sus servicios jur¨ªdicos a ETA. La Audiencia Nacional ha dejado meridianamente claro que la legislaci¨®n penitenciaria no autoriza la intervenci¨®n secreta de las comunicaciones de los reclusos, y menos cuando uno de los interlocutores es abogado defensor y goza de todos sus derechos. ?Tendr¨ªa, pues, sentido empe?arse en mantener micr¨®fonos ocultos en las prisiones, con clara vulneraci¨®n de la ley y nula eficacia probatoria de lo as¨ª grabado ante los tribunales?

La legislaci¨®n general, que permite a la autoridad gubernativa intervenir las comunicaciones por motivos de urgencia en supuestos de terrorismo, debe cumplirse en sus estrictos t¨¦rminos, poniendo dicha intervenci¨®n inmediatamente en conocimiento del juez y no 17 d¨ªas despu¨¦s, como ocurri¨® en el caso de la comunicaci¨®n intervenida al abogado Gorostiza. No es convincente el pretexto dado por el ministro de Interior para justificar tal tardanza. Alega el ministro que fue necesario traducir del euskera determinados contenidos de la comunicaci¨®n intervenida antes de ponerla en conocimiento del juez. Pero lo que la ley exige es poner en conocimiento del juez los motivos de urgencia que la autoridad gubernativa alega para intervenir una comunicaci¨®n, y, obviamente, no su contenido. Si fuera as¨ª, no tendr¨ªa sentido la facultad judicial de revocar o confirmar la decisi¨®n gubernativa en un plazo de 72 horas: aqu¨¦lla se habr¨ªa llevado a la pr¨¢ctica sin control judicial alguno. Algo que, evidentemente, sucedi¨® en el caso de la comunicaci¨®n intervenida al abogado Gorostiza y que ha impedido a los jueces pronunciarse sobre su contenido en el momento oportuno.

De no atenerse estrictamente a los procedimientos legales se seguir¨¢n dando absurdamente nuevas oportunidades a ETA. Por m¨¢s que, como lo pone de manifiesto la grabaci¨®n invalidada, sea evidente que, en algunos supuestos al menos, el derecho de defensa es ejercido en inter¨¦s de los designios criminales del terrorismo.