IU pide que los inmigrantes que pagan impuestos tengan todas las ayudas sociales

Izquierda Unida ha propuesto al Parlamento regional la reforma de la actual ley auton¨®mica de Servicios Sociales de 1984. Esta normativa no reconoce el derecho de los inmigrantes legales a recibir las mismas atenciones que cualquier ciudadano. S¨®lo lo permite si el extranjero es refugiado o procede de un pa¨ªs que ha firmado tratados con Espa?a. De esta manera, se quedan sin ayuda casi todas los nacionales de pa¨ªses pobres. Aunque vivan, trabajen y paguen impuestos en Madrid.

Susana L¨®pez Blanco, parlamentaria de IU, argumenta as¨ª la propuesta: "No pedimos ni regalos, ni privilegios, ni tratos diferenciados. S¨®lo proponemos que se reconozca el derecho de unas personas que viven trabajan y pagan impuestos en una comunidad y no pueden acceder a los mismos servicios que sus vecinos espa?oles por una ley que se aprob¨® antes de la Ley de Extranjer¨ªa y de la llegada masiva de inmigrantes a esta regi¨®n".En Madrid viven unos 130.000 extranjeros con sus papeles en regla. S¨®lo la mitad proceden de pa¨ªses desarrollados, seg¨²n el estudio realizado por un equipo de la Universidad Aut¨®noma para la Consejer¨ªa de Integraci¨®n Social.

La realidad ha obligado a que, en muchas ocasiones, esta ley se deje de lado. Los trabajadores sociales no dejan en la estancada a los inmigrantes a pesar de lo que est¨¦ escrito. Pero la norma sigue ah¨ª. Y, en ocasiones, la letra impresa frena el acceso de los extranjeros a determinados servicios sociales como la vivienda p¨²blica y el Ingreso Madrile?o de Integraci¨®n (IMI) o salario social.

Cuando las administraciones se plantearon el realojamiento de 60 familias magreb¨ªes de las chabolas de Pe?a Grande (Fuencarral), esta normativa se opuso a sus deseos e impidi¨® su acceso a los pisos sociales del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), de la Comunidad.

Y en los impresos de solicitud de pisos de este organismo hace tres meses a¨²n figuraba una cl¨¢usula inapelable: "Los extranjeros no comunitarios deben presentar un certificado de la ley especial o tratado internacional suscrito con Espa?a". Dichos tratados no existen ni con Senegal, ni con Marruecos, ni con la mayor parte de los pa¨ªses de donde proceden los inmigrantes.

Casi todas las asociaciones que trabajan con inmigrantes han solicitado en alguna ocasi¨®n el ingreso de una familia africana en las listas para vivienda social. Siempre han recibido como res puesta una negativa, ampar¨¢ndose en el citado tratado de reciprocidad. Y la exigencia del tratado procede, a su vez, de la ley de Servicios Sociales, cuyo cambio propone ahora IU en la Asamblea.

Transe¨²ntes

La reforma de la normativa supondr¨¢ que se reconozcan como titulares de los servicios sociales de la regi¨®n a "todos los residentes en el territorio de la Comunidad". Y no s¨®lo "a los espa?oles residentes" como se recoge ahora.El cambio supone tambi¨¦n que los derechos que ahora se admiten para los "transe¨²ntes no extranjeros que se encuentren en evidente estado de necesidad", se hagan extensivos a "los transe¨²ntes, sean espa?oles o extranjeros, residentes en cualquier territorio de la Uni¨®n Europea".

Es decir, que un marroqu¨ª residente en Par¨ªs que est¨¦ de paso por Madrid y se encuentre -en una situaci¨®n de urgencia podr¨¢ recibir asistencia social para un problema concreto. Aunque en su caso, como no vive en la regi¨®n, no tendr¨¢ acceso a programas exclusivos para residentes, como los de vivienda.

Estas modificaciones planteadas dejan fuera al colectivo de extranjeros que no tengan los papeles en regla. Son los llamados ilegales: unos 100.000, seg¨²n c¨¢lculos de la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid.

Unos acaban de llegar de su pa¨ªs. Otros perdieron su permiso de trabajo y residencia porque para renovarlo se exige un contrato laboral y ellos han tenido que acabar refugi¨¢ndose en la econom¨ªa sumergida. Tambi¨¦n hay personas abocadas a la ilegalidad porque no se les ha concedido la reagrupaci¨®n familiar.