El tribunal cuestiona el abuso del sistema de concurso en los contratos de la Comunidad

La Comunidad de Madrid contrata caro y mal. ?sa es la conclusi¨®n del Tribunal de Cuentas, que ha examinado los expedientes de 60 adjudicaciones de obras de 1990 y ha descubierto m¨²ltiples irregularidades. Mientras en las subastas se ha ahorrado un 17% del gasto previsto, en los concursos las bajas tan s¨®lo han rozado el 6%. Adem¨¢s, las consejer¨ªas no han "acreditado la existencia de circunstancias concretas" que obligaran a recurrir al concurso y "los criterios de adjudicaci¨®n son muy cambiantes y gen¨¦ricos" permitiendo "un amplio margen de discrecionalidad a los servicios de contrataci¨®n".

El Tribunal de Cuentas ha dado un tir¨®n de orejas a los encargados de adjudicar obras en la Comunidad. En el informe correspondiente a 1990, un ejercicio pol¨¦mico debido a las denuncias del Partido Popular sobre un presunto esc¨¢ndalo en los proyetos encargados a Construcciones Atocha, los auditores han descubierto m¨²ltiples anomal¨ªas.Las obras que salieron a concurso acumulan la mayor parte de los fallos descubiertos por el Tribunal de Cuentas. Los auditores destacan en primer lugar la escasez de argumentos para justificar una adjudicaci¨®n de obras por concurso, sistema utilizado cuando se requiere tecnolog¨ªa avanzada o una especializaci¨®n concreta al tratarse de obras complicadas. Como ejemplo, los auditores apuntan el proyecto de acondicionamiento de una carretera y el de rehabilitaci¨®n de un pabell¨®n para albergar diversas aulas de la Universidad Carlos III, en Getafe. En estos casos, "dif¨ªcilmente puede predicarse la necesidad de tecnolog¨ªa especialmente: avanzada o presumirse una ejecuci¨®n particularmente compleja", se se?ala.

En la adjudicaci¨®n de las obras de prolongaci¨®n de la l¨ªnea 1 de Metro entre Portazgo y la Colonia Sardinero, el Tribunal resalta que se adjudic¨® a una empresa que carec¨ªa de experiencia en ese tipo de trabajos pese a un informe t¨¦cnico desfavorable firmado por el servicio de proyectos y obras de la Direcci¨®n Regional de Transportes.

El pabell¨®n cubierto de Parla, uno de los proyectos pol¨¦micos implicados en el caso Atocha, tiene varias referencias negativas en el informe. Por un lado, se declar¨® desierto el primer concurso convocado porque la empresa ganadora present¨® una documentaci¨®n que no coincid¨ªa con la informaci¨®n adquirida por la Consejer¨ªa de Cooperaci¨®n, promotora de la obra. Esa informaci¨®n, sin embargo, no fue remitida al Tribunal de Cuentas. M¨¢s tarde, resaltan los auditores, se convoc¨® un segundo concurso y se adjudic¨® la obra con un presupuesto superior. Este proyecto se tramit¨® con car¨¢cter de urgencia, aunque, seg¨²n el informe, su resoluci¨®n lleg¨® un a?o m¨¢s tarde.

Un portavoz de la Consejer¨ªa de Cooperaci¨®n rebaj¨® la carga de las cr¨ªticas del tribunal al calificarlas como simples "anormalidades menores". El viceconsejero Ambrosio Aguado a?adi¨®: "Muchas alusiones se refieren a cuestiones de procedimiento y otras son perfectamente recurribles por nuestros t¨¦cnicos porque si fueran realmente graves las habr¨ªan llevado a los tribunales".

En las obras adjudicadas por subasta, el tribunal ha echado en falta la obligatoria publicaci¨®n de la convocatoria en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas para todos los contratos que superan el mill¨®n de ecus (unos 150 millones de pesetas). Las obras afectadas por esta irregularidad son el consultorio de Boadilla, el Pabell¨®n de San Fernando de Henares y el parque de bomberos de Lozoyuela.

Aguado aclara que este defecto ya ha sido subsanado y que se observ¨® en 1990 porque fue el primer a?o en que se exigi¨® este requisito.

Los contratos adjudicados sin concurso ni subasta tambi¨¦n merecen un amplio espacio en el informe. En este caso, el ahorro de la Comunidad sobre el presupuesto previsto es a¨²n m¨¢s bajo que con el sistema de contratos. La urgencia invocada para recurrir a la elecci¨®n directa de una empresa no est¨¢ justificada en, al menos, cuatro expedientes.