Hipotecas a mano

EL ABARATAMIENTO de los cr¨¦ditos hipotecarios, adecuando sus tipos de inter¨¦s a la bajada de cinco puntos del precio oficial del dinero producida en los ¨²ltimos meses, era una exigencia social, adem¨¢s de un acto de justicia, que los poderes p¨²blicos no pod¨ªan obviar. Tal objetivo exig¨ªa reducir previamente los elevados costes que gravan los cambios de hipoteca, tanto en tarifas notariales como en impuestos y comisiones de penalizaci¨®n por cancelaci¨®n anticipada. El Consejo de Ministros del pasado viernes ha puesto en marcha finalmente los mecanismos legales que deben hacer posible esta deseable y justa reducci¨®n. A partir de ahora corresponde al Congreso de los Diputados acelerar al m¨¢ximo la tramitaci¨®n del correspondiente proyecto de ley para que esta iniciativa se convierta cuanto, antes en una realidad.Razones sociales y econ¨®micas, adem¨¢s de las de estricta justicia, urgen a ello. Dos millones de familias espa?olas endeudadas en la adquisici¨®n de un bien de primera necesidad como el de la vivienda son los directos beneficiarios de la medida. Pero ¨¦sta tambi¨¦n favorecer¨¢ indirectamente a la econom¨ªa en general: el ahorro que se consiga en tr¨¢mites burocr¨¢ticos en la cancelaci¨®n y renovaci¨®n de hipoteca, as¨ª como en la subrogaci¨®n de escritura, podr¨¢ repercutir en la reactivaci¨®n econ¨®mica por la v¨ªa del consumo o de la reinversi¨®n. No hay que olvidar que el cr¨¦dito vivo hipotecario asciende a la impresionante cifra de 13 billones de pesetas.

El proyecto de ley del Gobierno -respuesta, por otra parte, a un mandato previo del Congreso a ra¨ªz de una moci¨®n presentada en septiembre pasado por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-IC)contempla los dos supuestos de cambio posible en las condiciones de los cr¨¦ditos hipotecarios: el de la renovaci¨®n del pr¨¦stamo en la misma entidad acreedora y el de subrogaci¨®n de la escritura hipotecaria por una entidad financiera distinta. En el primer supuesto, los gastos de tramitaci¨®n -notar¨ªa, registro y gesti¨®n- pueden reducirse en un 90%, mientras que en el segundo supuesto -el m¨¢s oneroso- tal reducci¨®n puede alcanzar el 60%. Es decir, supone pasar de unos gastos del 8% a menos del 3,5% del total del cr¨¦dito.

Pero, adem¨¢s, una rebaja tan sustancial de los costes hipotecarios no puede sino redundar en una mejora de los actuales niveles de inflaci¨®n. Es decir, la medida tiene un saludable efecto antiinflacionista, que se a?ade al social y a su posible incidencia en la reactivaci¨®n econ¨®mica al liberar importantes cantidades de dinero cautivas en gastos de intermediaci¨®n. Y ello porque afecta a un sector, el de servicios, que viene siendo desde hace a?os la causa principal de que los precios sigan subiendo en Espa?a de forma exagerada.

Tambi¨¦n da cumplimiento la medida a uno de los compromisos asumidos por el Gobierno en el programa de convergencia: transferir a los usuarios de los servicios bancarios los beneficios de la liberalizaci¨®n del sector. El Gobierno ha hecho en este caso lo que le correspond¨ªa. Ahora queda como responsabilidad del sistema financiero y de. los profesionales afectados el no desvirtuar en la pr¨¢ctica lo que el Parlamento sancione por ley. De ello depender¨¢ que decenas de miles de titulares de pr¨¦stamos hipotecarios, en su mayor parte ciudadanos de econom¨ªa modesta que dedican sus ahorros a la adquisici¨®n de una vivienda, no se sientan frustrados e incluso enga?ados.