El PP propone penas de c¨¢rcel m¨¢s duras por escuchas ilegales

El Grupo Popular del Senado ha presentado una proposici¨®n de ley org¨¢nica para endurecer el C¨®digo Penal en los delitos relacionados con las escuchas telef¨®nicas. La proposici¨®n, que implica la reforma de art¨ªculos del C¨®digo Penal, considera que las penas actuales son demasiado suaves, lo que ha motivado "escasos efectos disuasorios y ha derivado en la proliferaci¨®n de este tipo de escuchas en los ¨²ltimos a?os".El Grupo Popular quiere penalizar tambi¨¦n la difusi¨®n ?legal del contenido de escuchas realizadas con autorizaci¨®n de los jueces. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, se ha mostrado en alguna ocasi¨®n favorable a endurecer en el C¨®digo las penas por escuchas ?legales.

Los populares pretenden que los agentes o funcionarios que graben conversaciones telef¨®nicas sin autorizaci¨®n judicial sean condenados de uno a cuatro a?os de c¨¢rcel y de seis a doce a?os de inhabilitaci¨®n especial. Si la informaci¨®n obtenida se divulga, las penas se agravar¨ªan. El texto mantiene la propuesta de inhabilitaci¨®n aunque la escucha se haya realizado con aval Judicial.

Las penas previstas si quien intercepta ?legalmente una conversaci¨®n es un ciudadano privado van de seis meses a dos a?os de c¨¢rcel y multas de 100.000 a 500.000 pesetas. La divulgaci¨®n de las informaciones obtenidas ?legalmente agrava las penas de c¨¢rcel a entre uno y tres a?os, y eleva las multas hasta un m¨¢ximo de dos millones de pesetas. Si la escucha se ha realizado con autorizaci¨®n judicial, la revelaci¨®n es castigada con prisi¨®n menor en su grado m¨ªnimo y multa de 50.000 a 200.000 pesetas.

Absoluta impunidad

El PP quiere adem¨¢s que se introduzca un nuevo tipo penal en el C¨®digo: la grabaci¨®n y difusi¨®n de conversaciones orales no p¨²blicas. La propuesta no distingue el hecho de que quien grabe y difunda la conversaci¨®n forme parte de la misma.La proposici¨®n de ley popular recalca en su exposici¨®n de motivos que el desarrollo del principio constitucional sobre el secreto de las comunicaciones "ha sido insuficiente" como demuestran hechos recientes. El texto subraya la "absoluta impunidad" de determinadas conductas "que atentan contra el derecho al honor y a la intimidad".