El letrado del Estado exime a los jornaleros de devolver el dinero defraudado al PER

El Estado pidi¨® ayer que la Administraci¨®n, por medio del Ayuntamiento de Padul (Granada), asuma el pago, como responsable civil subsidiario, de los 96 millones de pesetas defraudados por los 28 jornaleros que cobraron falsas peonadas del Plan de Empleo Rural (PER), a los que no inculp¨®. Con anterioridad, el ahogado del Estado intent¨® dejar bien claro que la Administraci¨®n no tuvo responsabilidad en el fraude. Nicasio Angulo, defensor del ex alcalde de Padul, mostr¨® su sorpresa ante el tribunal por tan parad¨®jica petici¨®n.

El abogado del Estado, que s¨®lo ha acusado de un supuesto delito de defraudaci¨®n a la Hacienda P¨²blica al ex alcalde Diego Garc¨ªa Villena, de IU, y no ha inculpado, en cambio, a los jornaleros, reconoci¨® la aparente contradicci¨®n que supone pedir que el ayuntamiento sufrague, con dinero proveniente del Estado, el producto de un fraude contra el Estado por valor de 96 millones. Sin embargo, el letrado dijo que el Estado ha sido declarado en m¨²ltiples ocasiones responsable civil subsidiario y que, en esta ocasi¨®n, correspond¨ªa al Ayuntamiento de Padul, es decir a la Administraci¨®n local, responder del fraude en caso de insolvencia de Garc¨ªa Villena.Para el representante del Estado no se debe pedir a cada jornalero que devuelva la cantidad cobrada irregularmente puesto que hay un responsable: el alcalde. Para acrecentar la sorpresa, el abogado del Estado anim¨® a Garc¨ªa Villena a que entablara acciones jur¨ªdicas contra los 28 perceptores para recuperar los 96 millones que, a su entender, pagar¨ªa en caso de solvencia.

La petici¨®n de la Abogac¨ªa del Estado no ser¨ªa tan sorprendente si antes no hubiera dedicado la mayor parte de su intervenci¨®n a probar que la Administraci¨®n no tuvo nada que ver, ni por dejaci¨®n ni por complicidad, con el supuesto fraude. El abogado estatal asegur¨® que la Administraci¨®n actu¨® en 1987, tres a?os despu¨¦s de que se implantara el nuevo sistema, debido a la confianza inicial que le inspiraban los ayuntamientos.

El abogado del Estado reproch¨® a Garc¨ªa Villena haber acusado sin pruebas documentales a un gobernador civil de la provincia, no identificado, de alentar la firma de peonadas de favor. "Esas declaraciones jam¨¢s se debieron hacer, porque son calumnias; o se prueban o se callan. El acusado ha tenido tiempo para probar sus afirmaciones o, al menos, haberlo intentado, y no lo ha hecho", se?al¨®.

Nicasio Angulo, defensor del ex alcalde, por su lado, ley¨® un p¨¢rrafo del acta de una reuni¨®n celebrada en 1988 entre los responsables de Trabajo y del extinto Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que el entonces delegado de Trabajo ped¨ªa que la inspecci¨®n actuara con comedimiento en el fraude del PER.

Seg¨²n el abogado del Estado, lo que quiso decir el representante del Ministerio de Trabajo es que los inspectores fueran m¨¢s tolerantes respecto al r¨¦gimen de la Seguridad Social en donde los ayuntamientos cotizaban peonadas sin relaci¨®n con trabajos agr¨ªcolas.

El abogado del ex alcalde prob¨® ayer c¨®mo en el Gobierno Civil de Granada hubo una reuni¨®n a la que s¨®lo asistieron los alcaldes del PSOE que ten¨ªan problemas con la inspecci¨®n de Trabajo para alcanzar alguna soluci¨®n. El defensor reiter¨® que el Estado "conoc¨ªa los hechos y ni hizo nada".

Frente a la petici¨®n del fiscal de una pena de dos a?os y ocho meses al ex alcalde y tres meses a cada uno de los jornaleros, Angulo pidi¨® la absoluci¨®n de todos ellos, dado que, a su entender, la conducta no es delictiva y s¨®lo merece una sanci¨®n administrativa, pues la cuant¨ªa de lo defraudado no supera los 2,5 millones.