Esp¨ªas a conocer

SI SE confirmaran los indicios de colaboraci¨®n activa entre el Centro Superior de Informaci¨®n de la Defensa (Cesid) y la red de ex agentes y antiguos colaboradores suyos dedicada al espionaje ?legal del mundo empresarial en Barcelona, el asunto no s¨®lo ser¨ªa competencia de la justicia, en lo que tuviera de delictivo, sino que pasar¨ªa a ser un problema pol¨ªtico grave del Gobierno. Estos indicios, conocidos al levantarse parcialmente el secreto del sumario del caso que investiga el Juzgado de Instruci¨®n n¨²mero 32 de Barcelona, ponen seriamente en duda las afirmaciones del ministro de Defensa, Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas, ante el Parlamento, y del director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, ante el titular de dicho juzgado, en el sentido de que tal colaboraci¨®n no ha existido. De momento, los testimonios aportados al sumario apuntan a un trasvase de informaci¨®n desde la red de escuchas ?legales a determinados mandos o agentes en activo del servicio de espionaje militar espa?ol.Lo m¨¢s inquietante de tales testimonios es el abanico de inc¨®gnitas que abre: ?conoc¨ªan lo s receptores de tales informaciones el origen ilegal de las mismas? ?Era esta relaci¨®n una iniciativa aut¨®noma de determinados agentes o, por el contrario, contaba con el visto bueno de sus superiores jer¨¢rquicos? ?Tuvo sospechas el Gobierno y toler¨® aquello o, peor a¨²n, Reg¨® a beneficiarse de alg¨²n modo de las escuchas ?legales en relaci¨®n a los movimientos empresariales en los medios de comunicaci¨®n que fueron el objetivo preferente de la red? Todas estas preguntas exigen una respuesta clara y, dentro de las coordenadas temporales del sumario, lo m¨¢s r¨¢pida posible. Y no s¨®lo por parte de la justicia.

El Gobierno no puede quedarse con los brazos cruzados ante la proliferaci¨®n de indicios que cuestionan la actuaci¨®n de un organismo -o al menos de algunos de sus miembros- bajo su directa dependencia y responsabilidad. Garc¨ªa Vargas se comprometi¨® ante el Parlamento el 10 de diciembre a investigar y castigar duramente las irregularidades que se sustancien. ?Se ha hecho o se est¨¢ haciendo alguna investigaci¨®n interna para esclarecer eventuales res ponsabilidades administrativas y pol¨ªticas, adem¨¢s de las penales?

Las tareas que los Estados encomiendan a sus servicios secretos cuentan con una protecci¨®n legal especial y con garant¨ªas sobrea?adidas que, por lo general, nadie cuestiona. La sociedad suele mostrarse comprensiva con el hecho de que las reglas de juego para estos servicios no sean exactamente las mismas que las vigentes para el resto de ¨®rganos del Estado. Pero ello no exime a los poderes p¨²blicos (Parlamento, Gobierno y jueces) y a la sociedad en su conjunto de vigilar atentamente para que tales protecci¨®n y garant¨ªas sirvan para lo que est¨¢n (la defensa de los leg¨ªtimos intereses de Estado) y no sean cobertura y pretexto para actividades ?legales. Ni siquiera ser¨ªa permisible que esas tareas dieran lugar a alg¨²n tipo de beneficio gubernamental en el sentido de que sirvieran a los fines propios del partido que controla el Gobierno y administra el Estado. Mucho menos que no se investiguen ni se sancionen cuando, por una u otra causa, surge a la luz alg¨²n indicio que hace sospechar de su distorsi¨®n.

Es comprensible que el vicepresidente del Gobierno y el ministro de Defensa muestren su malestar por la demora policial en comunicar sus investigaciones sobre las escuchas ?legales de Barcelona a los responsables del Cesid. Sobre todo, si tal demora es fruto de los rid¨ªculos e irresponsables ataques de celos corporativos que, con frecuencia, se lanzan entre s¨ª los cuerpos de seguridad del Estado en su lucha com¨²n contra el delito. Pero eso es, al fin y al cabo, una cuesti¨®n menor al lado de la existencia de una trama ilegal de ex miembros del Cesid dedicada a vigilar y a extorsionar a empresarios, y de indicios que apuntan a una estrecha relaci¨®n entre esta trama y miembros en activo del espionaje oficial. Esto inquieta a los ciudadanos con raz¨®n. Para tranquilizarlos en su confianza en el Estado de derecho, nada como aclarar el caso hasta sus ¨²ltimas consecuencias y hacer pagar a quien se revele como culpable, c¨®mplice o encubridor.