La hora del consenso

Todo indica que la etapa "mayoritaria" de la democracia espa?ola ha tocado a su fin, y no parece que haya m¨¢s remedio que volver al consenso. Sin embargo, ¨¦ste ya no podr¨¢ basarse, como en la transici¨®n, en negociaciones ocultas, pactos secretos y coaliciones cambiantes entre las c¨²pulas de los partidos, sino que ahora requerir¨¢ una mayor institucionalizaci¨®n de los acuerdos en un marco plenamente asentado de pluralismo, divisi¨®n de poderes y descentralizaci¨®n.Cabe sostener que ¨¦ste era ya el modelo al que la democracia espa?ola apuntaba a finales de los a?os setenta. S¨®lo el peligro de desestabilizaci¨®n antidemocr¨¢tica empuj¨® a una gran parte de los ciudadanos a dar apoyo a un esquema en el que, durante m¨¢s de diez a?os, las Cortes quedaron sometidas al Gobierno y ¨¦ste a su presidente y a la c¨²pula del partido mayoritario. No hay duda de que esta experiencia contribuy¨® a alejar definitivamente el peligro de quiebra del r¨¦gimen democr¨¢tico y proporcion¨® una cierta eficacia decisoria al aparato pol¨ªtico y administrativo, pero tambi¨¦n produjo una distribuci¨®n muy desigual de la satisfacci¨®n pol¨ªtica en la sociedad y suscit¨®, de este modo, una cierta polarizaci¨®n. Pasada la euforia econ¨®mica con la que se quiso legitimar aquel estilo de gobernar y desaparecida la mayor¨ªa absoluta del PSOE, hay al menos tres terrenos en los que aquel modelo "mayoritario" ya no puede funcionar.

El primero es la propia formaci¨®n de mayor¨ªas parlamentarias para legislar y dar apoyo al Gobierno, que obliga a pactos y coaliciones. Esta tarea se resiente en la actualidad de la falta de consolidaci¨®n del sistema de partidos, en el que se da la anomal¨ªa de que el principal partido de la derecha est¨¢ situado en una posici¨®n extrema en el arco parlamentario (al contrario de lo que ocurre en la izquierda), mientras que el espacio intermedio de centro-derecha est¨¢ ocupado por partidos nacionalistas y regionales cuyas decisiones en la pol¨ªtica estatal est¨¢n muy condicionadas por las correspondientes pol¨ªticas auton¨®micas. La escasez de otras oportunidades induce, pues, al PSOE a negociar y pactar leyes con los nacionalistas catalanes, as¨ª como con los vascos y canarios, y, como consecuencia de ello, la cuesti¨®n auton¨®mica adquiere un lugar relevante en la agenda pol¨ªtica. Seguramente es ¨¦ste un resultado poco deseado por la mayor¨ªa, pero para que no se convierta en un factor de continua sorpresa, parece altamente conveniente que las relaciones entre el centro y la periferia se desarrollen en un marco de mayor institucionalizaci¨®n. La primera reforma recientemente aprobada del reglamento del Senado, m¨¢s simb¨®lica que efectiva, s¨®lo contribuir¨¢ significativa mente a esa tarea si es seguida por otras que verdaderamente lo conviertan en un foro de intercambios y acuerdos vinculantes entre los Gobiernos aut¨®nomos y el Gobierno central.

El segundo terreno en el que hay un d¨¦ficit de incentivos negociadores es, evidentemente, el de la concertaci¨®n social. Hemos asistido en la trayectoria democr¨¢tica de este pa¨ªs a la paradoja de que los sindicatos y la patronal suscribieran reiteradamente pactos globales con Gobiernos de centro-derecha, en la etapa de la UCD, mientras que ha proliferado el conflicto en la etapa de Gobiernos de centroizquierda. Es bien sabido que el PSOE trat¨® de apoyarse en su mayor¨ªa absoluta monocolor para llevar a cabo una pol¨ªtica econ¨®mica de estabilizaci¨®n y liberalizaci¨®n frente a la propia UGT. Pero si incluso un PSOE mayoritario acab¨® cediendo y, despu¨¦s de la huelga general de 19.88, acept¨® una expansi¨®n presupuestaria que contribuy¨® a traer la actual recesi¨®n, dif¨ªcil ser¨¢ que ahora pueda mantener por s¨ª solo el equilibrio econ¨®mico y social estando en minor¨ªa. Ante la actual situaci¨®n, en la que las c¨²pulas de unos sindicatos sobredimensionados se enfrentan abiertamente al Gobierno y al Parlamento, s¨®lo parecen caber dos salidas. Una ser¨ªa la integraci¨®n de las organizaciones representativas en una negociaci¨®n m¨¢s compleja y vinculante, a la que hasta ahora el biso?o y meramente consultivo Consejo Econ¨®mico y Social ha podido prestar escasa contribuci¨®n. La otra ser¨ªa la descentralizaci¨®n de las negociaciones sociales, devolviendo las oportunidades de concertaci¨®n y pacto a la sociedad..

Finalmente, la negociaci¨®n y el consenso vuelven a hacerse imperiosos para formar las mayor¨ªas cualificadas con las que hay que elegir peri¨®dicamente a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Defensor del Pueblo y otros ¨®rganos concebidos como poderes arbitrales y de moderaci¨®n del mayoritarismo ejecutivo. Afortunadamente, ha pasado ya el momento en que el grupo mayoritario del Congreso pretend¨ªa establecer "una coherencia pol¨ªtica" entre el poder judicial y el partido gobernante. Los amplios acuerdos que se requieren para dar el impulso a estas instituciones -de los cuales hoy, con los n¨²meros en la mano, es imposible excluir al PP- son necesariamente dif¨ªciles, precisamente porque aspiran a producir resultados de suficiente independencia, pero son por ello mismo una condici¨®n de credibilidad de la divisi¨®n de poderes.

El reforzamiento de las Cortes ante el Gobierno, la conversi¨®n del Senado en una c¨¢mara federal, un nuevo marco de concertaci¨®n de los grupos sociales y la independencia de la justicia son s¨®lo algunos de los desaf¨ªos institucionales que la democracia espa?ola aplaz¨® hace diez a?os y que ahora tiene inevitablemente que abordar. El entierro del "modelo bic¨¦falo" del PSOE puede ser una condici¨®n favorable, pero desde luego no suficiente, para esta institucionalizaci¨®n.