V¨ªa libre a la querella de KIO

UNO DE los aspectos socialmente m¨¢s irritantes de la llamada cultura del pelotazo es la insolente impunidad -administrativa, penal e incluso pol¨ªtica- con la que act¨²an sus protagonistas y principales beneficiarios. El caso KIO, uno los ejemplos m¨¢s se?eros de dicha cultura, ha estado a punto de alcanzar tambi¨¦n uno de los primeros puestos en la lista de la impunidad. Y as¨ª habr¨ªa sido de no ser porque la Audiencia Nacional ha puesto fin al empecinamiento del juez Moreiras, titular del Juzgado de Delitos Monetarios, en rechazar una y otra vez la admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella formulada hace un a?o por el grupo Torras-KIO contra Javier de la Rosa y otros seis antiguos gestores del grupo kuwait¨ª en Espa?a.Desde todos los puntos de vista era disparatado que un asunto como el de KIO (500.000 millones de pesetas evaporados, 100.000 puestos de trabajo en peligro, miles de millones de ayudas p¨²blicas directas o indirectas malogradas, desmedidos e inexplicables enriquecimientos personales ... ) quedase al margen de la justicia penal. El ¨²nico argumento esgrimido era de naturaleza formal: la supuesta improcedencia de actuar penalmente contra los antiguos gestores de Torras-KIO mientras se sustancia el procedimiento civil sobre la suspensi¨®n de pagos presentada por dicho grupo en diciembre de 1992.

La cuesti¨®n era dudosa, pero la Audiencia Nacional la ha resuelto con sentido com¨²n: los delitos que la querella imputa a De la Rosa y a los antiguos gestores de KIO (falsedad en documento mercantil y en documento p¨²blico, estafa, apropiaci¨®n indebida, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, fraude fiscal ... ) est¨¢n suficientemente documentados, con designaci¨®n de personas, fechas, lugares y cuant¨ªas supuestamente defraudadas. Adem¨¢s, son independientes de la posible quiebra fraudulenta en que podr¨ªa derivar la supensi¨®n de pagos, y, por tanto, los dos procesos, el civil y el penal, no interfieren entre s¨ª ni se refieren a los mismos hechos.

Una vez despejada esa duda procesal, pocos argumentos de peso hab¨ªa para oponerse a la admisi¨®n de la querella. Y uno de ellos, el referente a los "graves perjuicios" que sufrir¨ªa el honor de De la Rosa y de los antiguos gestores de KIO en caso de admitirse a tr¨¢mite, suena a broma. La consideraci¨®n que la Audiencia Nacional hace a este respecto es que por respetable que sea tal honor personal, lo que est¨¢ en cuesti¨®n es la defensa de "intereses generales y de mayor trascendencia" respecto de los cuales existen indicios fundados de haber sido gravemente atropellados.

La decisi¨®n de la Audiencia Nacional es, pues, impecable desde el punto de vista procesal, penal y constitucional. Pero tambi¨¦n lo es desde la perspectiva de la valoraci¨®n social, ineludible en esc¨¢ndalos de esta naturaleza. La resoluci¨®n de la Audiencia ayuda a contrarrestar esa sensaci¨®n cada vez m¨¢s enraizada en la ciudadan¨ªa respecto de la aparente benignidad o real impotencia de los poderes p¨²blicos en la persecuci¨®n de los esc¨¢ndalos que han jalonado la era del auge de la econom¨ªa especulativa en Espa?a, tanto en el ¨¢mbito p¨²blico como privado. Al Tenos en lo que se refiere al caso KIO, esta sensaci¨®n tiene fundamento: si alguna vez llega a saberse la verdad ¨²ltima de lo ocurrido con las inversiones de esa sociedad y c¨®mo se produjo el vaciado de los activos de sus empresas, ser¨¢ por obra de los tribunales y no por la de ninguna comisi¨®n de investigaci¨®n parlamentaria.