El PSOE acepta que el Estado pague a Madrid por ser la capital

Estos nuevos cargos p¨²blicos tendr¨ªan amplias competencias sobre las ¨¢reas municipales para que los concejales pudieran dedicarse a otras funciones m¨¢s pol¨ªticas y menos t¨¦cnicas.Con esta figura, en el Ayuntamiento de Madrid existir¨ªa un gobierno pol¨ªtico, formado por los concejales elegidos en las urnas, y otro gobierno de t¨¦cnicos, representado por los directores de servicios designados por el gobierno municipal para gestionar las distintas ¨¢reas.

Socialistas y populares han llegado a un acuerdo para incluir dentro de la futura ley, que deber¨¢ ser apr9bada por el Congreso de los Diputados, la figura del director de servicios. Pero siguen empantanados en la discusi¨®n sobre los l¨ªmites de contrataci¨®n directa del alcalde de Madrid. El Gobierno de Joaqu¨ªn Leguina cuestiona esta sugerencia del PP y se pregunta en su informe: "El reforzamiento de las atribuciones del alcalde en materia de contrataci¨®n, supuesto que se considere necesario para la mayor eficacia administrativa, ?es necesario para el Gobierno y administraci¨®n de la capital del pa¨ªs o de las grandes ciudades?". El Partido Popular desprecia este debate. "No es algo que nos preocupe especialmente", comenta Huete.

El PP tambi¨¦n ha solicitado que se le conceda autonom¨ªa para establecer las sanciones por infringir sus ordenanzas municipales. Un decreto-ley de 1979 limita la cuant¨ªa de las multas por infracci¨®n de las ordenanzas a un m¨¢ximo de 25.000 pesetas. El PSOE no encuentra impedimentos para variar esta norma.

El gobierno de ?lvarez del Manzano pretend¨ªa aprovechar la redacci¨®n de la nueva ley para conseguir competencias sobre la gesti¨®n catastral. El Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda dirige actualmente este servicio, donde se fijan los valores de los inmuebles, sobre los que posteriormente los ayuntamientos fijan un porcentaje para cobrar su impuesto de bienes inmuebles. Los dirigentes municipales creen que podr¨ªan gestionar mejor el catastro introduciendo modificaciones sobre el valor de los edificios que, en muchos casos, conocen antes que el propio Ministerio de Hacienda. Comunidad de Madrid ve inviable tal petici¨®n.