El Gobierno y el PP se dan de plazo esta semana para cerrar el pacto del 'impulso democr¨¢tico'
El Gobierno y el Partido Popular quieren cerrar esta misma semana, a ritmo de marcha forzada, el paquete de medidas de impulso democr¨¢tico -los populares prefieren llamarlas acciones para la "regeneraci¨®n de la vida pol¨ªtica"-. El ministro de la Presidencia, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, y el secretario general del Partido Popular, Francisco ?lvarez Cascos, ser¨¢n los encargados de discutir los ¨²ltimos escollos en una reuni¨®n que celebrar¨¢n el lunes, a solas, en el palacio de la Moncloa. El dise?o exacto de las comisiones de investigaci¨®n ser¨¢ la principal materia de discusi¨®n.
P¨¦rez Rubalcaba y ?lvarez Cascos se abstendr¨¢n de poner sobre la mesa sus respectivos candidatos para las vocal¨ªas del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Consejo de Universidades. Los nombres propios quedan para una conversaci¨®n entre el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, y el presidente del Partido Popular, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.Los socialistas son conscientes de que antes de que termine el mes necesariamente deben aprobar estas cuestiones institucionales, sobre las que llevan discutiendo desde el pasado mes de julio. Sus interlocutores del Partido Popular no han hecho expl¨ªcita la premura de la negociaci¨®n, pero el PSOE y el Gobierno saben que ahora o nunca, porque se entra ya en tiempo electoral.
La situaci¨®n est¨¢ muy madura, de manera que el ministro Alfredo P¨¦rez Rubalcaba y el dirigente popular Francisco ?lvarez Cascos llegan a la reuni¨®n del lunes con muchos asuntos trillados. Para que la reuni¨®n sea m¨¢s operativa, ser¨¢ exclusivamente entre ellos dos, prescindiendo de los miembros habituales de ambas delegaciones. No obstante, el ministro de la Presidencia, antes de reunirse con ?lvarez Cascos, habr¨¢ mantenido una sesi¨®n de trabajo con el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Solchaga, y con los dos secretarios del grupo, Jes¨²s Caldera y Carlos L¨®pez Ria?o.
Hasta este momento, el Reglamento del Congreso est¨¢ pactado entre ambos grupos en un 99%, seg¨²n afirmaci¨®n de los socialistas, y ya es un hecho parlamentario la unanimidad en la reforma de la Ley General Electoral y del Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas.
Garc¨ªa Candau sigue
El cambio del Estatuto de Radiotelevisi¨®n se ha manifestado enormemente conflictivo, por lo que ambos partidos han decidido posponerlo y atajar s¨®lo la sustituci¨®n de los miembros del Consejo de RTVE, sin plantear ahora la sustituci¨®n del director general del ente p¨²blico, Jordi Garc¨ªa Candau. La continuidad de Garc¨ªa Candau se explica desde el lado socialista hasta que se modifique el Estatuto de RTVE y se establezca un nuevo procedimiento para elegir al director general.
Miembros del Gobierno aseguran que no est¨¢n autorizados para proponer al PP nombres para proveer las vacantes de distintos organismos, ni tampoco lo est¨¢n sus interlocutores, ya que es un asunto que llevar¨¢n personalmente, al final de la negociaci¨®n, Gonz¨¢lez y Aznar.
Tan s¨®lo informan que todos los candidatos propuestos hasta ahora para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo no tienen posibilidad alguna. As¨ª, afirman que no lo ser¨¢n ni Gloria Begu¨¦, ni Alberto Oliart, ni Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, ni Manuel Jim¨¦nez de Parga.
"Tenemos pactados los perfiles de los candidatos y los procedimientos de elecci¨®n", asegur¨® un miembro del Gobierno, consciente de que el problema, una vez m¨¢s, est¨¢ en las comisiones de investigaci¨®n parlamentarias. Para el caso Rold¨¢n (investigaci¨®n sobre la gesti¨®n del anterior director general de la Guardia Civil) ha habido el acuerdo de que ser¨¢ el presidente del Congreso, F¨¦lix Pons, quien vigile para que el objeto de estudio de la comisi¨®n no interfiera en la investigaci¨®n judicial. No obstante, en la redacci¨®n exacta que se dar¨¢ en el Reglamento del Congreso para regular este tipo de comisiones es en lo que existe un considerable atasco.
Demanda con truco
El responsable de asuntos jur¨ªdicos del PP, Federico Trillo, reconoce que al intentar regular estas comisiones de investigaci¨®n surge un problema tras otro. Si se trata de evitar que la materia objeto de investigaci¨®n judicial sea estudiada por el Parlamento, ?a qui¨¦n le corresponde decidir cu¨¢ndo se interfiere?, ?con qu¨¦ criterio?, se pregunta Trillo.
Seg¨²n sus informaciones, el PSOE atender¨¢ de buen grado las peticiones de la comisi¨®n de investigaci¨®n, "pero pedir¨¢ que se suspendan inmediatamente cuando un juez est¨¦ actuando sobre los mismos hechos". Puestos a pensar mal, los populares consideran que cualquier persona un primo, un amigo del investigado"- puede presentar una querella para producir el efecto de suspensi¨®n de la comisi¨®n de investigaci¨®n. En suma: "No encontramos f¨¢cil soluci¨®n respecto a qui¨¦n puede ser el ¨¢rbitro y el sujeto y objeto de la investigaci¨®n".
Por su parte, el PSOE reconoce que las conversaciones sobre impulso democr¨¢tico han resultado lentas porque han tenido que caminar no s¨®lo con el PP, sino con el resto de los grupos parlamentarios. As¨ª, despu¨¦s de una conversaci¨®n con los populares, y alcanzado alg¨²n principio de acuerdo, se traslad¨® la reuni¨®n a CiU, PNV, Izquierda Unida y Grupo Mixto. De nuevo objeciones, propuestas alternativas o rechazos, y vuelta a empezar. El camino est¨¢ ahora bastante allanado y s¨®lo queda el cara a cara con el partido mayoritario de la oposici¨®n.
Despu¨¦s de haberse repartido desde 1982 los puestos en todos los organismos institucionales, ahora aseguran que no ser¨¢ as¨ª. "Hemos renunciado a los cupos", se?al¨® un miembro del Gobierno en id¨¦ntica apreciaci¨®n a la que se formula en el PP. En ambos lados se repite que los criterios ser¨¢n de estricta profesionalidad tanto en el CGPJ como en el consejo de RTVE.
La justicia se queda fuera
La enjundia t¨¦cnica y pol¨ªtica de algunos asuntos ha hecho que las previsiones iniciales de materias a negociar en el impulso democr¨¢tico se hayan recortado sensiblemente. Nada menos que la reforma de la justicia queda fuera, as¨ª como la ley de partidos y, muy probablemente, la ampliaci¨®n de competencias del Tribunal de Cuentas. Dada la prisa para cerrar antes de fin de mes la provisi¨®n de plazas vacantes y la reforma del reglamento, estos asuntos se han excluido por el riesgo de que todo se volviera a empantanar.Las conversaciones entre el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, y el responsable de asuntos jur¨ªdicos del PP, Federico Trillo, quedan a beneficio de inventario. Tan es as¨ª, que la reciente ampliaci¨®n de competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentada por el ministro de Justicia le resulta ajena al PP. "En ning¨²n momento hemos participado en esa reforma y s¨®lo cabe que entremos en ella a trav¨¦s de enmiendas en el Parlamento", aclara Trillo.
El PP, hasta tanto llegue el momento de hablar en serio de la reforma de la justicia, prepara su alternativa, muy diferente en algunos aspectos a la de Belloch. Los populares no renuncian a que jueces y magistrados se elijan entre ellos para los puestos del CGPJ, despojando al Parlamento de esta funci¨®n. Los populares denostan el actual sistema de elecci¨®n de jueces y magistrados por los llamados tercer y cuarto turno, al considerar que en estos a?os se ha abierto un port¨®n muy ancho para el acceso a la judicatura. "Si el Gobierno dice uno de cada tres o uno de cada cuatro, nosotros proponemos uno de cada diez y que no sea suficiente para ser juez una licenciatura en Derecho con seis a?os de antig¨¹edad", se?ala Trillo.
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