Blindaje y protectorado

El Gobierno, tras el empate relativo con que se sald¨® la huelga cuasi general, cree estar muy seguro de su posici¨®n, pues todas las instituciones econ¨®micas, propias y for¨¢neas (?hasta la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo, que es la ONU de los sindicatos! V¨¦ase EL PA?S, 4 de febrero de 1994, p¨¢gina 44: La OIT respalda la reforma laboral espa?ola), son un¨¢nimes al respecto: hay que desproteger el sistema de relaciones laborales para que las leyes del mercado permitan ampliar el empleo mediante la reducci¨®n de sus costes de entrada (salario m¨ªnimo) y de salida (despido). Esto, en teor¨ªa, es irrebatible, pues, en efecto, para que la demanda de trabajo o la oferta de empleo asciendan, su precio ha de bajar. Por tanto, parece l¨®gico aceptar, con los social-liberales, que en ¨¦poca de crisis hay que desproteger el empleo para que pueda llegar a crecer sustancialmente: en Espa?a resulta preciso crear m¨¢s de cinco millones de nuevos empleos para poder llegar a tener una tasa de ocupaci¨®n real equivalente al promedio europeo. Y eso s¨®lo podr¨¢ lograrse desprotegiendo el sistema laboral para hacerlo m¨¢s el¨¢stico y posibilitar as¨ª que se absorba el desempleo contrat¨¢ndolo a precio de mercado (y no a precios artificialmente elevados por decreto gubernamental).Ahora bien, el Gobierno se contradice gravemente, pues, si por una parte pretende desproteger el mercado de trabajo, por la otra est¨¢ reforzando y ampliando el proteccionismo de que disfrutan otros sectores no laborales, pero subvencionados a cargo del contribuyente o protegidos por barreras y privilegios que les excluyen del riesgo de la competencia de mercado, desde la Universidad o el sector audiovisual (cine, teatro, televisi¨®n p¨²blica, ¨®pera catalana, etc¨¦tera) hasta el campesinado, los farmac¨¦uticos, los colegios profesionales o el peque?o comercio, cuyo cierre en jornadas religiosas se fuerza por decreto teocr¨¢tico. Y ello por no hablar del partido gubernamental (cuyos militantes y cuyos canales de contrataci¨®n y financiaci¨®n est¨¢n clientelarmente protegidos de las inclemencias del mercado) o del funcionariado administrativo mismo, ese mill¨®n y medio largo de espa?oles (entre los que me incluyo) cuyo empleo y cuyo sueldo est¨¢n absolutamente protegidos a cargo del contribuyente desprotegido. Y se da as¨ª la paradoja de que el desprotector gubernamental resultar estar ¨¦l mismo doblemente protegido: como militante socialista y como funcionario p¨²blico.

Pero en este aspecto del funcionariado p¨²blico hay dos extremos particularmente sangrantes, que cabe comparar con su nivel equivalente en el mercado: me refiero al extremo del salario m¨¢ximo y al del salario m¨ªnimo. Comenzando por este ¨²ltimo, si el mercado de trabajo fuese enteramente libre (es decir, por completo desprotegido), el salario m¨ªnimo caer¨ªa lo suficiente para absorber las bolsas de desempleo existentes (juvenil, femenino e inmigrante). Lo cual les parece a muchos inmoral, sobre todo si lo comparamos con el sueldo m¨ªnimo de los funcionarios, que se fija por decreto y no por libre mercado. Ahora bien, esos salarios m¨ªnimos de miseria, capaces de reducir el paro, ser¨ªan libres al menos y nadie estar¨ªa obligado a aceptarlos. Pero es que en el sector p¨²blico a¨²n hay algo peor, como es el servicio militar obligatorio: trabajo servil gratuito (sin salario y sin libertad de mercado), es decir, trabajo forzoso. Y para que no resulte tan injustamente discriminante, ahora se pretende extender este forzoso trabajo servil a la mitad femenina excluida hasta hoy (?quiz¨¢ para maquillar a la baja la tasa femenina de desempleo?), disfraz¨¢ndolo m¨¢s de servidumbre social que de servicio civil.

Por lo que hace al otro extremo del arco salarial, la piedra de esc¨¢ndalo son los contratos blindados de los altos ejecutivos. Ahora bien, desde el punto de vista de la libertad del mercado, no hay nada que reprochar, siempre y cuando el contratante y el contratado sean independientes entre s¨ª: y esto vale para los profesionales contratados tanto por el sector p¨²blico como, por el mercado privado. Pero aqu¨ª surgen dos corruptelas perseguibles de oficio, pues constituyen un aut¨¦ntico delito de cuello blanco. Por un lado est¨¢n esos directivos de empresas privadas (o p¨²blicas, si llega el caso) que se contratan a s¨ª mismos con contratos blindados: aqu¨ª no hay justificaci¨®n alguna para ello, pues en la autocontrataci¨®n no hay libre competencia de mercado. Pero a¨²n peor es su perversa traducci¨®n a la funci¨®n p¨²blica: me refiero a esos indignantes complementos de productividad que los altos funcionarios de todos los cuerpos del Estado se otorgan y se reparten a s¨ª mismos, al margen por entero de cualquier criterio de competencia profesional. ?Cabe proteccionismo m¨¢s perverso que el de la falaz autoprotecci¨®n con que se blindan los desprotectores de oficio?

Pero la posici¨®n de los sindicatos no parece menos contradictoria que la del Gobierno. Es cierto que su defensa del proteccionismo laboral tiene una s¨®lida l¨ªnea de argumentaci¨®n sobre la base tanto de los agravios comparativos, que acaban de comentarse m¨¢s arriba, como especialmente de los derechos adquiridos: ?por qu¨¦ renunciar a las conquistas salariales y de seguridad en el empleo que se vio obligado a otorgar como concesi¨®n el franquismo tard¨ªo, antes y despu¨¦s de la transici¨®n? Sin duda, esta posici¨®n es muy s¨®lida, y los sindicatos debieron haberla esgrimido con mayor fortuna en la negociaci¨®n del pacto social, poniendo elevado precio a su disposici¨®n a renunciar a tales privilegios hist¨®ricos. Pero lo que no debieron hacer nunca es cerrarse a toda desprotecci¨®n, como en definitiva hicieron. ?Qu¨¦ justifica su proteccionismo a ultranza?

Se trata de un c¨ªrculo vicioso inexorable: proteger el empleo con altas barreras de entrada (salario m¨ªnimo) y de salida (coste de despido) significa blindar a los actuales empleados adultos en detrimento tanto de los potenciales empleados futuros j¨®venes y mujeres hoy desocupados en n¨²mero creciente) como de los inminentes jubilados por venir (cuyas pensiones precisar¨¢n para financiarse que se multiplique la poblaci¨®n ocupada, en lugar de reducirse, como hoy sucede). Seguir haciendo del escaso empleo actual un protectorado jur¨ªdicamente blindado significa convertirlo en un bunker cada vez m¨¢s cerrado, al que nadie puede entrar y del que resulta muy caro salir. Por ello, los responsables sindicales debieran advertir que los derechos adquiridos que defienden significan pan para hoy y hambre para ma?ana: la protecci¨®n actual de unos pocos (y cada vez menos) a cambio de la segura desprotecci¨®n futura de los m¨¢s. Pues lo grave es que quien est¨¢ pagando el precio del actual proteccionismo laboral no es tanto la patronal o la burgues¨ªa (aunque tambi¨¦n, dada la quiebra de empresas y la ca¨ªda de los beneficios) como sobre todo la poblaci¨®n trabajadora excluida y expulsada del empleo: es la clase obrera entera como un todo la que est¨¢ soportando el coste del blindaje laboral.

Por ello, es preciso que se produzca la transici¨®n sindical: y no tanto por la renovaci¨®n generacional de sus c¨²pulas dirigentes (que ya se dio en CC OO sin que por ello cambiase su t¨¢ctica de proteccionismo a ultranza) como sobre todo por la redefinici¨®n de sus objetivos estrat¨¦gicos. Hay que advertir que para proteger a largo plazo el empleo (logrando que crezca lo necesario para integrar a j¨®venes o mujeres y para costear las futuras pensiones de jubilaci¨®n) resulta preciso antes desproteger a corto plazo su salida (despido) y su ingreso (salario m¨ªnimo). Pero advertir eso exige una responsabilidad hist¨®rica por parte del liderazgo sindical que puede que no est¨¦ a la altura de la talla de sus actuales dirigentes, dada su ejecutoria reciente y la menguante tasa de afiliaci¨®n al bunker blindado que les protege. ?Qu¨¦ relevo humano ser¨¢ capaz de regenerar una nueva conciencia sindical, ya no estrechamente proteccionista, sino por fin institucional, que se fije como meta el progreso y la reorganizaci¨®n de todos los actuales y potenciales trabajadores por cuenta ajena? Y pocas dudas caben sobre la urgente necesidad de este relevo, pues la instituci¨®n sindical es la ra¨ªz misma de la izquierda europea, hoy derrotada por su est¨¦ril b¨²squeda de la protecci¨®n social a ultranza.

es profesor de Sociolog¨ªa de la Universidad Complutense.