Los t¨¦cnicos de Leguina critican el decreto sobre el horario comercial
El proyecto reci¨¦n nacido para regular los horarios comercia les de los hipermercados en Madrid empieza a provocar discrepancias internas en la propia Administraci¨®n auton¨®mica. Surgen las dudas sobre su legalidad y su eficacia.Ese texto -que reduce a ocho d¨ªas al a?o la apertura en domingos y festivos, m¨¢s las excepciones que fijen los ayuntamientos- ha recibido las cr¨ªticas de los secretarios generales t¨¦cnicos, m¨¢ximos expertos jur¨ªdicos de las consejer¨ªas.
Todos ellos debatieron en la ma?ana de anteayer, martes, sobre la patata caliente ' y no llegaron a un acuerdo. Estos t¨¦cnicos dudan de que el Gobierno regional tenga competencias al respecto y de si servir¨¢ para algo redactar un decreto que no incluye sanciones y puede quedarse en "un gesto".La mayor¨ªa de los par icipantes en esa reuni¨®n, presidida por el consejero de Presidencia, Agapito Ramos, coment¨® que no se podr¨¢ garantizar el cumplimiento del decreto al no establecerse en ¨¦l sanciones econ¨®micas para los infractores. "Si no podemos multar por abrir en domingo, esto es papel mojado, una norma moral y voluntaria que nadie va al respetar", indic¨® uno de los participarities. Adem¨¢s, alg¨²n secretario record¨® que la Comunidad no tiene competencias sobre comercio interior y, por tanto, no podr¨ªa regular los horarios de los comercios. Un portavoz oficial del Gobierno central aclar¨® ayer, sin embargo, que todas las comunidades aut¨®nomas, aunque no tengan competencias en comercio interior -como Madrid- pueden reglamentar esos horarios.
PASA A LA P?GINA 3
Los secretarios de las consejer¨ªas cuestionan la efectividad del decreto del comercio
VIENE DE LA PAGINA 1La Consejer¨ªa de Econom¨ªa de la Comunidad de Madrid elabor¨® la semana pasada un borrador de decreto en el que marca -por delegaci¨®n del Estado- un m¨¢ximo de ocho jornadas de apertura en domingos y festivos y facilita a los ayuntamientos de la regi¨®n la posibilidad de aumentar esa cifra. Pero la opini¨®n del Gobierno de Joaqu¨ªn Leguina no es uniforme. Varios consejeros y casi todos los secretarios generales t¨¦cnicos, salvo el de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa, dudan que la Comunidad tenga esta competencia. La Generalitat de Catalu?a ha intentado en dos ocasiones aprobar sendas normas restrictivas en este sentido y ha comprobado que el Tribunal Constitucional las ha anulado.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad abordar¨¢ hoy la discusi¨®n pol¨ªtica sobre este pol¨¦mico decreto. La decisi¨®n, en cualquier caso no se tomar¨¢ esta semana.
El pasado martes, y como todas las semanas antes de los consejos de Gobierno, los secretarios generales t¨¦cnicos de las nueve consejer¨ªas de la Comunidad se reunieron con el responsable de Presidencia, Agapito Ramos, para preparar la cita de hoy. Estas sesiones suelen ser eminentemente t¨¦cnicas. La del martes no lo fue.Libertad de horariosAgapito Ramos quer¨ªa escuchar opiniones imparciales. En la conversaci¨®n se record¨® que un cualificado grupo de mujeres socialistas, encabezado por Carmen Romero, la esposa del presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, tambi¨¦n se ha pronunciado a favor de la libertad total de horarios. El propio Ramos ha reconocido con humor las presiones de su esposa.
Los consejeros y secretarios generales consultados, adem¨¢s, se han mostrado m¨¢s partidarios de preocuparse por favorecer las necesidades de los consumidores que las de los peque?os o medianos empresarios.
La comisi¨®n de secretarios concluy¨® que no ten¨ªa sentido elaborar una norma que limite los horarios si no se complementa con sanciones a los infractores. Alg¨²n secretario propuso postergar la regulaci¨®n un a?o m¨¢s.
Por otra parte, hubo en la comisi¨®n quien recomend¨® estudiar la aprobaci¨®n de una ley -y no un decreto- en la que se incluyan, junto a los horarios, las multas. La ley retrasar¨ªa la regulaci¨®n muchos meses y precisar¨ªa del consenso de los partidos pol¨ªticos.
Los secretarios generales echaron en falta, adem¨¢s, que la Consejer¨ªa de Econom¨ªa no preparase, para entregar en la comisi¨®n, un estudio sobre el impacto econ¨®mico del decreto. La comisi¨®n reclama asimismo informes jur¨ªdicos del Consejo de Estado y del Consejo Econ¨®mico y Social.
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