Sentencias para "yuppies"

M¨¢s de 82.000 demandas anuales para 35 juzgados. Son los tribunales de lo social, las antiguas magistraturas de Trabajo, que se enfrentan, con pocos medios, a un aluvi¨®n de despidos e impagos de las empresas. La crisis llega hasta estas salas repletas y pr¨®ximas a Azca. Sin embargo, sus clientes ya no son s¨®lo obreros.El retraimiento de los trabajadores privados a la hora de pleitear contrasta con las crecientes demandas de los ejecutivos, que exigen las indemnizaciones previstas en sus contratos blindados. Los cuellos blancos entran en un territorio hasta ahora pr¨¢cticamente exclusivo de los azules.

"Cuesta entender que, bajo el r¨®tulo de juzgado de lo social, se condene a una empresa a pagar 300 millones de indemnizaci¨®n a un directivo con contrato blindado", explica el presidente del Juzgado 29, Jos¨¦ Luis Gilolmo.

Es una de las novedades de esta crisis: los directivos tambi¨¦n cesan y, adem¨¢s, llevan su caso al estrado de la justicia social. "Sigue viniendo m¨¢s el trabajador de mono que el de cuello blanco, pero cada vez acuden m¨¢s altos directivos que tienen fijadas altas indemnizaciones en sus contratos si se prescinde de sus servicios", asegura Gilolmo, tambi¨¦n delegado del decanato de los jueces madrile?os.

Ricardo Bodas, titular del Juzgado 31, le da la raz¨®n: "Hay un incremento significativo de los casos de ejecutivos que pleitean".

?l ha sentenciado a una empresa en regulaci¨®n de empleo a pagar 56 millones de indemnizaci¨®n -netos- a uno de sus ejecutivos blindados. "Con la ley en la mano, es lo que ten¨ªa que hacer. Como ciudadano, me parece un esc¨¢ndalo", dice. Esos pagos pueden ahondar la crisis de una empresa, y aun restar fondos para que se indemnice al resto de los empleados, razona el juez.

De todas formas, estos pleitos son los menos. "No llegan al 5% de los asuntos", explica Gilolmo. Ante los 35 tribunales de lo social de Madrid (en M¨®stoles hay otros dos) se presentaron el a?o pasado 82.207 demandas. Quedaron abiertos 37.500 procedimientos. "Los asuntos aumentan a un ritmo de 10% anual", calcula el delegado del decanato.

Menos conflictividad

La crisis se refleja con tornasol en el espejo de los juzgados sociales madrile?os. "El enfrentamiento entre empresa y trabajadores es m¨¢s d¨¦bil que en otras ¨¦pocas. La conflictividad es menor por la crisis", dice Gilolmo. Detecta "un enorme retraimiento de los trabajadores de las empresas privadas a la hora de reclamar".

Esta timidez, o este temor, de los asalariados sin blindaje del sector privado contrasta con la fuerte presencia de pleitos contra la Administraci¨®n y la Seguridad Social, casi la mitad de los procedimientos. Hay menos miedo a guerrear contra lo p¨²blico, interpretan los jueces.

Las clasificaciones laborales son el tema m¨¢s recurrido por los funcionarios. A menudo denuncian que hacen una tarea que corresponde a un rango superior al suyo. Sin embargo, las demandas de los trabajadores privados se centran en despidos e impagos: la Administraci¨®n del Estado no quiebra.

En cuanto a los pleitos contra la Seguridad Social, menudean aquellos en demanda de prestaciones denegadas por la entidad, como, por ejemplo, pensiones.

Las causas entabladas por trabajadores inmigrantes son otra novedad, seg¨²n explica el abogado Ricardo Garc¨ªa Medina. "Es una verg¨¹enza lo que pasa, sobre todo con los magreb¨ªes", opina. "Obtienen fallos a su favor, pero desconf¨ªan y a veces ni siquieran vienen a juicio", asegura el letrado.

En las salas de los juzgados de lo social se dirimen pleitos de variado calibre, que alcanzan al despido del portero de una Finca urbana. Fue "extinci¨®n de contrato", explican los vecinos, que deben comparecer como empresa en el juicio. El conserje, en la otra esquina del patio interior, dice que para nada, que lo suyo fue despido improcedente. El juez tiene la palabra.

Empresas desaparecidas

"Un 80% de los casos de despidos o bien se producen en compa?¨ªas que desaparecen, o bien son consecuencia de los contratos temporales extinguidos", asegura Gilolmo. "Cada vez hay m¨¢s despidos que no son sino cerrojazos de las empresas", a?ade el juez delegado del decanato.

Am¨¦n de cerrar por las buenas, muchas firmas desaparecen del mapa. No hay m¨¢s que echar un vistazo a los edictos puestos en los tablones de la sede principal de los juzgados, en la calle de Hernani, 59. Recuerdan a las ¨®rdenes de b¨²squeda y captura.

Cuando la empresa desaparece sin dejar se?as ni pagar a sus empleados los atrasos, el Fondo de Garant¨ªa Salarial se hace cargo de las indemnizaciones hasta un l¨ªmite.

Cuestiones ideol¨®gicas al margen, los jueces temen el efecto que tendr¨¢ para ellos la reforma laboral, ahora en tr¨¢mite parlamentario. Sospechan que les traer¨¢ a¨²n m¨¢s tarea, sobre todo por culpa de la movilidad geogr¨¢fica o funcional y de la agilizaci¨®n de los despidos colectivos en empresas peque?as.

"Ahora ya estamos sobrepasados. El volumen de trabajo que, tenemos es una salvajada: 1. 100 asuntos por juzgado", se lamenta el delegado del decanato. Para ¨¦l, como para otros, "la ¨²nica soluci¨®n es abrir m¨¢s juzgados". Pero eso es algo que, en tiempos de recorte presupuestario, parece apearse de los proyectos m¨¢s inmediatos.

Ni siquiera -dicen- tiene fecha la instalaci¨®n de m¨¢s salas de lo social en la periferia, aunque estaban previstas en las localidades de Getafe (142. 000 habitantes) y Alcal¨¢ de Henares (164.000).

La ampliaci¨®n tendr¨¢ que esperar, aunque las demandas se amontonen, los jueces intenten acelerar y el p¨²blico desespere en los pasillos.