Belloch propone multas en vez de c¨¢rcel para la mayor¨ªa de los delitos de opini¨®n

El proyecto de C¨®digo Penal que ultima el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, con sus asesores elimina toda pena para las injurias leves y suprime la de c¨¢rcel para las injurias graves, delito que castiga con multas. Las imputaciones calumniosas o injuriosas s¨®lo se castigar¨¢n cuando exista "conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad", seg¨²n fuentes del Ministerio de Justicia. El borrador actual del C¨®digo Penal mantiene la pena de c¨¢rcel para las injurias graves contra el Rey, el Gobierno y otros altos cargos, pero disminuye su cuant¨ªa.

No s¨®lo desaparece el intento de introducir el delito de difamaci¨®n -como hizo el anteproyecto- o su disfraz -como intent¨® el proyecto de 1992-, sino que quedar¨¢n excluidas y, por tanto, sin pena, las injurias leves por escrito y con publicidad, hasta ahora castigadas con multa de hasta dos millones de pesetas. Contra esta conducta podr¨¢ reclamarse en v¨ªa civil.El proyecto mantiene la figura de la calumnia, como falsa imputaci¨®n de un delito, y castiga las injurias graves, tanto las que atribuyan a una persona hechos que perjudiquen su honorabilidad, como las que lesionen su dignidad. La prueba de que los hechos imputados son verdad excluir¨¢ la pena.

Para penalizar las calumnias y las injurias, el proyecto exige que el autor conozca la falsedad de los hechos que imputa o muestre un temerario desprecio hacia la verdad. Cuando act¨²e con diligencia para comprobar su informaci¨®n no ser¨¢ condenado, aun cuando la noticia sea inexacta y ofensiva.

La sustituci¨®n ge?eralizada de las penas de c¨¢rcel por sanciones pecuniarias para los delitos de opini¨®n tiene como excepci¨®n la calumnia reiterada y con publicidad. Para este delito -castigado actualmente hasta con seis a?os de c¨¢rcel y multa de un mill¨®n de pesetas-, el proyecto de C¨®digo Penal de 1992 establec¨ªa pena de seis meses a dos a?os de c¨¢rcel y multa (seg¨²n la situaci¨®n econ¨®mica del condenado) desde 162.000 hasta 216.000 pesetas o desde 16,2 millones hasta 36 millones de pesetas. El proyecto de 1994 prev¨¦ para tales calumnias la misma pena de c¨¢rcel, pero el juez podr¨¢ sustituirla, alternativamente, por la de multa desde 36.000 hasta 144.000 pesetas o desde nueve hasta 36 millones.

En cambio, el proyecto de 1994 no prev¨¦ alternativa a la pena de c¨¢rcel cuando se trata de injurias graves al Rey, Gobierno, CGPJ, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y m¨¢ximos ¨®rganos ejecutivos o judiciales de las comunidades aut¨®nomas, castigadas actualmente con penas de seis a 12 a?os de c¨¢rcel. El proyecto rebaja la pena de uno a tres a?os de c¨¢rcel y establece, para las injurias no graves,. multa de 72.000 a 144.000 pesetas o de 18 a 36 millones, seg¨²n la fortuna del condenado.

La pena para las injurias graves contra el Gobierno y altos organismos, que el proyecto de 1992 establec¨ªa en uno a cuatro a?os de c¨¢rcel, se rebaja desde seis meses a dos a?os de privaci¨®n de libertad. Adem¨¢s suprime la pena de c¨¢rcel para las injurias menos graves.

La protecci¨®n penal es menor para las Cortes Generales. El proyecto de 1992 las castigaba con seis meses a dos a?os de c¨¢rcel, pero el actual prev¨¦ s¨®lo una de multa, de entre 72.000 y 108.000 pesetas y desde 18 hasta 36 millones de pesetas.

El proyecto actual de C¨®digo Penal mantiene la pol¨¦mica pena de inhabilitaci¨®n de periodistas, que el ministro de Justicia explica no como la privaci¨®n de un derecho fundamental, sino como "una forma razonable de defender la libertad de expresi¨®n". Belloch propone aplicar la inhabilitaci¨®n a los periodistas s¨®lo cuando hayan cometido el delito mediante precio, recompensa o promesa, casos en los que la considera "una medida ecol¨®gica para la propia profesi¨®n". A pesar del enfoque del proyecto de 1994, m¨¢s acorde con la relevancia constitucional del derecho a la informaci¨®n, la aplicaci¨®n de la inhabilitaci¨®n resultar¨¢ problem¨¢tica en la pr¨¢ctica.