El Tribunal de Cuentas cuestiona la contabilidad del Catastro en 1990

El Tribunal de Cuentas ha cuestionado la contabilidad del Centro de Gesti¨®n Catastral en su informe correspondiente a 1990. El tribunal se?ala en su informe que el departamento registr¨® un exceso de contrataci¨®n ("exceso de contracci¨®n de derechos", dice textualmente) por valor de 4.567 millones de pesetas. El ejercicio de 1990, marcado por el que se denomin¨® catastrazo, fue tambi¨¦n un a?o delicado para la empresa p¨²blica de revisi¨®n catastral, Catrisa. La sociedad, seg¨²n informes confidenciales, caminaba hacia la quiebra por razones diversas, entre las que se menciona la sobrevaloraci¨®n de contratos. Directivos de Catrisa han sido acusados de cobrar comisiones por subcontratar trabajos.

El informe del a?o 1990 del Tribunal, que preside Adolfo Carretero, est¨¢ a¨²n pendiente de las alegaciones del Catastro. Dichas alegaciones, seg¨²n el Ministerio de Econom¨ªa, se centrar¨¢n en las diferencias t¨¦cnicas a la hora de contabilizar determinadas partidas.El Tribunal se?ala que el Centro de Gesti¨®n Catastral, adem¨¢s del exceso de contrataci¨®n, contabiliz¨® como derechos reconocidos remanentes de cr¨¦dito anulados por el Estado por un total de 5.453 millones y aplic¨® indebidamente como ingresos transferencias del Estado "no contra¨ªdas por ¨¦ste" por importe de otros 886 millones de pesetas.

Los desajustes en el Centro de Gesti¨®n Catastral coinciden en el tiempo con los recogidos en un informe confidencial de 1991, elaborado por la firma Oliver y Camps Auditores Asociados, sobre Catrisa. Esta empresa fue una de las sociedades que m¨¢s contratos obtuvo del catastro entre 1987 y 1990 (m¨¢s de 4.000 millones de pesetas, de los que cobr¨® 2.835).

El informe sobre Catrisa Estudio sobre la previsi¨®n de resultados y flujos de tesorer¨ªa a 30 de junio de 1991 se?ala que en dicha fecha "se halla en una manifiesta situaci¨®n de quiebra t¨¦cnica, no evidenciada contablemente hasta el cierre del ejercicio 1990, con motivo del ajuste de la valoraci¨®n de los trabajos en curso".

La conclusi¨®n de Oliver y Camps es que, anteriormente a junio de 1991, los trabajos, en buena parte subcontratados por Catrisa, estaban sobrevalorados. De acuerdo con el documento que firma Enrique Rivas Mirangels, los resultados econ¨®micos "claramente desfavorables" de Catrisa se deben, entre otras causas, a la falta de un presupuesto previo de los costes previstos antes de concurrir a la adjudicaci¨®n de los concursos; a los precios de oferta, que se determinaban subjetivamente prescindiendo de criterios econ¨®micos y al insuficiente grado de calidad t¨¦cnica de los trabajos realizados, "lo cual ha impedido en algunos casos su recepci¨®n definitiva por parte del cliente y ha obligado a proceder a su repetici¨®n a cargo de Catrisa".

Previsi¨®n de resultados

Las conclusiones del informe de Oliver y Camps chocan frontalmente con las previsiones sobre resultados de la empresa realizadas por sus gestores y trasladadas a los accionistas. Seg¨²n consta en diversos documentos, en el primer consejo de Catrisa al que asisten representantes del BCL (15 de marzo de 1989) se explicaron el balance y la cuenta de resultados de 1988, con unos resultados positivos de 28 millones de pesetas.Al mismo tiempo, se present¨® un resultado previsto para 1989 con unos ingresos estimados de 1.170 millones de pesetas y una previsi¨®n de gastos de 1.048 millones de pesetas. Los informes del consejero delegado (M¨¢ximo Loizu) y del gerente (Juan Morrall Ballb¨¦) eran plenamente optimistas. Y lo siguieron siendo en sus previsiones para el trienio 1989-1991. Las realidad fue muy distinta a la teor¨ªa. A partir del 4 de mayo de 1990 se manifestaron los primeros s¨ªntomas de que las estimaciones favorables sobre la marcha de la sociedad no reflejaban su verdadera situaci¨®n.

La dificil situaci¨®n de Catrisa a partir de 1989 se explica, en parte, por el descontrol en su gesti¨®n. Diversos testimonios recogidos en Santa Cruz de Tenerife, Huesca, Zamora y L¨¦rida, dan cuenta de contrataciones irregulares; prestamismo laboral y sobresueldos no registrados. Juan Tom¨¢s Frago, de L¨¦rida, asegura que trabaj¨® con decenas de personas en la revisi¨®n del catastro, para Catrisa, "de forma ilegal".

Un antiguo delegado de Catrisa en Huesca, Jos¨¦ Miguel Sanz La Hoz, explica que "nunca encontrabas a la persona que tuviera la ¨²ltima palabra". Juan Garc¨ªa, en Puerto de la Cruz (Tenerife) afirma que trabaj¨®, de forma indistinta, para Catrisa y otra empresa privada, seg¨²n la localidad de que se tratara. Le pagaba la empresa p¨²blica. En Zamora, afirma E. P., "con una fotocopiadora ten¨ªamos que hacer maravillas.

Informaci¨®n elaborada por Santiago Carcar y Jos¨¦ Yoldi.