El fiscal del ¡®caso Atocha¡¯ exculpa al Gobierno regional y acusa a tres t¨¦cnicos

VIENE DE LA P?GINA 1

La fiscal¨ªa, tras sus investigaciones, ha archivado nueve de las trece denuncias presentadas en su d¨ªa por el PP al desestimar en ellas irregularidades de tipo penal. El fiscal ha formulado, sin embargo, acusaciones concretas como "imputados" contra un director general de la Comunidad, el arquitecto Ram¨®n Valls Navascu¨¦s, responsable de los proyectos institucionales, contra los arquitectos privados Eduardo de Antonio Gonz¨¢lez y Carlos Collado Arranz y contra el consejero delegado de Construcciones Atocha Jos¨¦ Rey Pati?o por los delitos de falsedad y estafa. El juez tendr¨¢ que estudiar estas imputaciones.

Pero, por los mismos delitos, la fiscal¨ªa s¨ª ha presentado una "querella" contra Pedro Ortega Garc¨ªa, ex responsable de la empresa, y contra el aparejador Jos¨¦ Alberto Bello y el arquitecto Vicente Mart¨ªnez Castell¨®. Estos ¨²ltimos son todav¨ªa funcionarios de la Consejer¨ªa de Cooperaci¨®n que contrat¨® esas obras.

La acusaci¨®n contra Valls, los arquitectos privados y el consejero de Construcciones Atocha se relaciona con la rehabilitaci¨®n de un centro salud en Villarejo de Salvan¨¦s y la construcci¨®n de dos escuelas infantiles en Getafe y Legan¨¦s.

La empresa certific¨® ante la Comunidad, en 1990, que hab¨ªa acumulado materiales para estas obras por valor de 45, 22 y 21 millones respectivamente. Los arquitectos avalaron esas certificaciones como si los materiales existiesen y el director general dio el visto bueno al pago de esas partidas. Los materiales, sin embargo, no estaban en ning¨²n lado.

La empresa de seguros Albia, que aval¨® esos acopios de materiales, se querell¨® contra Construcciones Atocha tras presentar ¨¦sta una suspensi¨®n de pagos.

Fuentes del Ejecutivo auton¨®mico calificaron la resoluci¨®n del fiscal como "una magn¨ªfica noticia que deja al margen a la Comunidad de posibles delitos de tratos de favor o corrupci¨®n como han destacado durante esos meses los planteamientos torticeros del PP". "Es posible, en todo caso, que haya alguna conducta delictiva de alguno de esos funcionarios en el ejercicio de su trabajo", matizaron estas fuentes.

El Gobierno de la Comunidad intenta desde hace m¨¢s de un a?o cobrar los 88 millones que adelant¨® a Construcciones Atocha para esos materiales que nunca aparecieron. "No ha habido da?o patrimonial a la Comunidad", explicaba ayer un alto cargo regional, "porque todas las obras estaban avaladas". Seguros Albia se ha querellado contra Construcciones Atocha y ha recurrido al juzgado para no pagar esos avales. "O se han cobrado o est¨¢n en v¨ªa de ejecuci¨®n", indicaba ayer el alto cargo auton¨®mico.

En el caso de la querella, presentada por los 73 millones de pesetas adelantados por la Comunidad a la constructora para las obras del laboratorio de Sanidad Animal de Algete, seg¨²n el consejero de Cooperaci¨®n Virgillo Cano, se recuper¨® el dinero porque la empresa que continu¨® los trabajos tras la suspensi¨®n de pagos de Construcciones Atocha asumi¨® el aval de los acopios.

Respecto a los adelantos de dinero a las empresas, un dirigente regional asegur¨®: "Ya no certifica acopios nadie en la Comunidad".

El PP, sin embargo, no lo ve tan claro. "Ha habido m¨¢s que trato de favor, ha habido estafa. O si no que me digan como se puede calificar el asunto de los acopios", indica Manuel Cobo, el diputado popular que destap¨® el esc¨¢ndalo al denunciar las reiteradas adjudicaciones a Construcciones Atocha. "A los ciudadanos de Madrid, lo dice el fiscal, se les ha perjudicado patrimonialmente y se les ha estafado presuntamente con la connivencia de alg¨²n funcionario y un director general", afirma Cobo. El parlamentario estima que Virgilio Cano es el principal responsable y se permite dar un consejo a Leguina: "Siempre habla de la corrupci¨®n de los dem¨¢s y ahora tendr¨ªa que hablar un poco de esto".

El arquitecto Ram¨®n Valls Nasvascu¨¦s vivi¨® ayer su peor jornada despu¨¦s de 25 a?os como funcionario, los ¨²ltimos como responsable de los proyectos institucionales que se plantea la Comunidad de Madrid. "Estoy aterrorizado porque aqu¨ª no ha habido falsedad o estafa, lo que ha sucedido es un error generalizado desde el principio con esta certificaci¨®n", declar¨®.Valls reduce la importancia del caso a una sola obra, el centro de salud de Villarejo de Salvan¨¦s, porque las otras est¨¢n ejecutadas e inauguradas. El arquitecto auton¨®mico explica que en ese proyecto el arquitecto contratado "firm¨® por error la certificaci¨®n como obra hecha cuando no estaba as¨ª y luego, cuando varios meses despu¨¦s se dieron cuenta del fallo, no me lo avisaron". Valls afirm¨®: "Nadie se ha llevado nada y nadie ha querido enga?ar, yo porque no lo sab¨ªa y el arquitecto y la empresa porque lo cubren con el aval".