Dos y el Gobierno

EL GOBIERNo ha reaccionado, por fin, con energ¨ªa ante el esc¨¢ndalo que lleva el apellido del anterior gobernador del Banco de Espa?a. La movilizaci¨®n del fiscal general y de los ministerios de Justicia y Hacienda, as¨ª como el anuncio de la intenci¨®n gubernamental de personarse como parte perjudicada en un eventual proceso y de solicitar la creaci¨®n de una comisi¨®n do, investigaci¨®n si la comparecencia de Rubio no despeja las sospechas existentes, contrastan con la mezcla de incredulidad y pasividad con que el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez acogi¨® anteriores denuncias de corrupci¨®n aparecidas en la prensa. Es posible que la proximidad del ejemplo italiano haya influido en esa mayor receptividad, pero da la impresi¨®n de que existe tambi¨¦n un factor de irritaci¨®n: quienes desde el poder avalaron en su d¨ªa a Mariano Rubio se sienten ahora personalmente estafados.Pero ser¨ªa mejor para la sociedad que, junto a ello, exista un elemento de rectificaci¨®n: la combinaci¨®n entre la imagen de un director de la Guardia Civil sospechoso de enriquecimiento il¨ªcito desde el cargo y la de un gobernador del banco emisor acusado de de fraudar a Hacienda habr¨ªa despertado de su enso?aci¨®n a Felipe Gonz¨¢lez, y su Gobierno se dispondr¨ªa, cuando ya casi no hay tiempo, a tomarse en serio el problema de la corrupci¨®n, de acuerdo con el compromiso en su d¨ªa adquirido ante un grupo de estudiantes de la Aut¨®noma de Madrid.

La informaci¨®n que hoy publica EL PA¨ªS, sobre la base de documentos oficiales remitidos a la comisi¨®n Rold¨¢n, pone de manifiesto que la intervenci¨®n de Hacienda ya detect¨® en 1991 irregularidades muy ;graves en las adjudicaciones de obras de la Guardia Civil. La empresa que ganaba los concursos era siempre la misma y tambi¨¦n las que los perd¨ªan. Dicho de otra forma: un apa?o. Esto vendr¨ªa a confirmar que el Gobierno no tom¨® en el pasado las medidas que ahora se declara dispuesto a adoptar para poner freno a la corrupci¨®n. Tiene instrumentos para ello, como se demuestra en este caso.

Tal vez resulte dif¨ªcil, pese a todo, que la comisi¨®n que investiga la gesti¨®n de Luis Rold¨¢n al frente de la Guardia Civil establezca el origen de su r¨¢pido enriquecimiento en los a?os en que ocupaba ese puesto; en cambio, le resultar¨ªa f¨¢cil al afectado demostrar la falsedad de las imputaciones m¨¢s graves que se le han hecho presentando sus cuentas bancarias y declaraciones de la renta correspondientes a ese periodo. Lo mismo sirve para el ex gobernador del Banco de Espa?a Mariano Rubio: si no tiene nada que ocultar, que muestre sus declaraciones fiscales.

El argumento de que ello vulnerar¨ªa el derecho a la intimidad es bastante discutible cuando se trata de asuntos relacionados con la permanencia de los interesados en cargos p¨²blicos. Pero, en todo caso, el eventual derecho a no revelar esos datos no significa que tengan la obligaci¨®n de ocultarlos. Tal como est¨¢n las cosas, no se entiende que no sean ellos mismos quienes, se adelanten a mostrar tales documentos. Salvo que esa resistencia sea una forma de reconocer lo bien fundado de las acusaciones.

Las coartadas morales esgrimidas hasta el momento son de escasa consistencia. Como en tantos otros casos similares, los afectados tratan de convencerse a s¨ª mismos de su honestidad identificando a los supuestos desveladores del esc¨¢ndalo, as¨ª como la existencia de motivos innobles tras sus denuncias. Entrar en esa discusi¨®nes poco ¨²til porque, aunque fuera cierto que las denuncias contra Rold¨¢n provienen de mandos agraviados de la Guardia Civil o de miembros corruptos de la unidad antidroga de ese cuerpo, como ha manifestado, ello no explicar¨ªa su propio vertiginoso enriquecimiento, que es de lo que se trata. En el caso de Mariano Rubio, la hip¨®tesis de una mano negra sustrayendo documentos confidenciales, o haci¨¦ndolos llegar al lugar adecuado, puede ser veros¨ªmil sin que ello cambie la naturaleza de tales documentos como pruebas de comportamientos inaceptables.

Fue el rencor de una mujer despechada lo que desvel¨® los manejos de Juan Guerra, y la pretensi¨®n de un contable de participar en el bot¨ªn lo que hizo aflorar el caso Filesa. Raramente son motivos nobles, altruistas, de moralidad ciudadana, los que mueven a desvelar esc¨¢ndalos de este tipo, pero sin la peque?a holgura que esa posibilidad de denuncia interesada abre en el blindaje con que suelen protegerse los corruptos, su actuaci¨®n quedar¨ªa siempre impune. Al¨ª funcionan las cosas, y es propio de un r¨¦gimen de libertades y opini¨®n p¨²blica que los medios de comunicaci¨®n se hagan eco de tales esc¨¢ndalos, haciendo sonar las alarmas sociales. Esta vez la alarma ha sonado tan fuerte que ha hecho reaccionar al Gobierno. Las palabras est¨¢n dichas. Ya s¨®lo queda que se cumplan.