El Supremo confirma 11 a?os de prisi¨®n para tres condenados del 'caso Uteco'

Los tres inculpados por el caso Uteco -Domingo Sol¨ªs, su hijo Felipe Sol¨ªs y Ricardo Cruz- ingresar¨¢n en prisi¨®n despu¨¦s de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo haya desestimado el recurso de casaci¨®n que interpuso el abogado Jos¨¦ Mar¨ªa Stampa Braun, tras la sentencia dictada por la Audiencia de Ja¨¦n en junio de 1992. La sentencia condenaba a los tres m¨¢ximos responsables de la Caja Rural y Uni¨®n Territorial de Cooperativas (Uteco) a un total de 11 a?os de c¨¢rcel por delitos de falsedad en documento mercantil y por apropiaci¨®n indebida de 170 millones de pesetas. Los inculpados, seg¨²n se recoge en la sentencia conocida ayer, utilizaban recursos ajenos de la Caja Rural Provincial para financiar a Uteco y a la Cooperativa Provincial Agr¨ªcola (CPA), lo que desencaden¨® un caos financiero detectado por el Banco de Espa?a.

Los tres inculpados han presentado en la Audiencia de Ja¨¦n la solicitud de indulto, basada en que carecen de antecedentes penales, est¨¢n insertados en la sociedad y en el hecho de que la sentencia refleja que ninguno de ellos se lucr¨® con el dinero, aunque se desconoce el destino final del mismo. Por tanto, ser¨¢ ahora la Audiencia quien tenga que determinar si entrar¨¢n o no en prisi¨®n de forma inmediata.

Ricardo Cruz, director gerente de la Caja Rural, con el conocimiento de Domingo Sol¨ªs, presidente de esta entidad as¨ª como de Uteco y CPA, alter¨® el balance de resultados de la caja en diciembre de 1981. Ambos, junto con el director del departamento de exportaci¨®n de Uteco, Felipe Sol¨ªs, se apropiaron entre los meses de junio y septiembre de 1982 de 177 millones de pesetas, que sacaron sin realizar las justificaciones contables pertinentes de la Caja Rural Nacional.

Felipe Sol¨ªs firm¨® ocho talones por un importe de 177 millones de pesetas de la cuenta de Uteco.

La sentencia rest¨® a esta cantidad los ocho millones de pesetas que el economista Jos¨¦ Terceiro cobr¨® por la realizaci¨®n de un estudio de viabilidad de las dos empresas de Ja¨¦n, por lo que impuso una indemnizaci¨®n de 170 millones de pesetas, a la que tendr¨¢n que hacer frente los tres acusados.

La resoluci¨®n del Tribunal Supremo acaba con un caso que se remonta al a?o 1982. Los autos de procesamiento se dictaron en 1986, mientras que el juicio se retras¨® hasta 1992 despu¨¦s de que se produjese un primer aplazamiento de la vista oral en el a?o 90.