Un defensor id¨®neo

EL ACUERDO alcanzado entre el PSOE y los grupos parlamentarios de car¨¢cter minoritario para renovar las instituciones ha tenido el m¨¦rito de desbloquear una situaci¨®n que no ten¨ªa visos de arreglarse tras varios meses de negociaci¨®n exclusiva con el Partido Popular. La iniciativa ha roto la estrategia negociadora del todo o nada a la que se aferraba el principal partido de la oposici¨®n (cubrir todas las vacantes institucionales a la vez, condicionando unas a otras), y cuyo ¨²nico efecto pr¨¢ctico ha sido retrasar todav¨ªa m¨¢s la normalizaci¨®n de la vida institucional.En lo que se refiere al Defensor del Pueblo, la comisi¨®n mixta Congreso-Senado dise?¨® ayer un procedimiento capaz de acabar con la situaci¨®n de interinidad en que se encuentra desde hace m¨¢s de un a?o. Lo que se necesita ahora es que los grupos parlamentarios se pongan pronto de acuerdo sobre el candidato m¨¢s id¨®neo para ocupar el cargo. Tanto el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional y ex ministro de Trabajo de la UCD Manuel Jim¨¦nez de Parga, propuesto por el PSOE y sus aliados para la ocasi¨®n, como el magistrado del Tribunal Supremo Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, planteado alternativamente en una h¨¢bil jugada por el Partido Popular, re¨²nen en principio los requisitos exigidos para ejercer con dignidad y eficacia las funciones de Defensor del Pueblo.

Ambos cuentan con un pasado de compromiso con las libertades democr¨¢ticas y los derechos humanos. Se trata, por otra parte, de juristas de reconocido prestigio con una dilatada experiencia profesional y amplia proyecci¨®n p¨²blica. Pero en el caso de Jim¨¦nez de Parga existe un factor que, si bien no afecta a su credibilidad personal, le incapacita en la pr¨¢ctica como candidato de consenso: su despacho profesional de abogado ejerce la defensa de uno de los implicados en el caso Filesa, relacionado con la supuesta financiaci¨®n irregular del PSOE. Por m¨¢s que se trate de una actuaci¨®n profesional en el marco del derecho de defensa, es evidente que el hecho de haber sido propuesto por un partido que es su cliente pesa negativamente sobre su candidatura.

Este dato, y no su candidatura alternativa a la del fallecido Antonio Pedrol en 1990 para decano del Colegio de Abogados de Madrid, apoyada por un amplio elenco de grupos de abogados de izquierda, ni sus opiniones como comentarista pol¨ªtico sobre cuestiones controvertidos de la vida nacional, es lo que se interpone a su designaci¨®n como Defensor del Pueblo. A ello se a?ade que la candidatura de Mart¨ªn Pall¨ªn re¨²ne, adem¨¢s de la idoneidad de la persona, la predisposici¨®n al consenso que deriva de haber figurado en su momento en la propuesta planteada por el PSOE a los otros partidos en el marco de las negociaciones sobre el llamado impulso democr¨¢tico. Cuenta adem¨¢s con el apoyo de organizaciones no gubernamentales comprometidas en la defensa de los derechos humanos. Por todo ello, se hace dif¨ªcil pensar que el PSOE e Izquierda Unida puedan rechazar la propuesta del Partido Popular.

El concurso de todas las fuerzas pol¨ªticas, especialmente el PSOE y el PP, es imprescindible tambi¨¦n para cubrir otras vacantes institucionales como las existentes desde hace dos a?os en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si alguna fuerza pol¨ªtica persiste en desmarcarse de esa tarea, tendr¨¢ que dar razones muy s¨®lidas para justificar su actuaci¨®n. No lo ser¨ªa, desde luego, enzarzarse en interesadas pol¨¦micas sobre el perfil de los candidatos. Ser¨ªa desesperante que la nueva relaci¨®n de fuerzas existente en el Parlamento resultara m¨¢s nociva para el equilibrio institucional que lo fue en su d¨ªa la mayor¨ªa absoluta del PSOE. ?sta provoc¨® una cierta patrimonializaci¨®n de las instituciones por parte del Gobierno. El mayor equilibrio entre las fuerzas pol¨ªticas surgido en las elecciones del 6 de junio no puede provocar algo peor: su paralizaci¨®n.