Un rosario de medidas

El anterior debate sobre el estado de la naci¨®n, en 1992 -el a?o pasado no se celebr¨®, por la convocatoria electoral- fue el marco en que Felipe Gonz¨¢lez detall¨® el primer cat¨¢logo de medidas que su Gobierno iba a adoptar contra la corrupci¨®n. Anteriormente, se hab¨ªan endurecido las incompatibilidades y tipificado el tr¨¢fico de influencias. Las medidas pedidas en el debate del 92 pueden resumirse en estos puntos:1.- Las empresas que participen en un acto irregular, judicialmente probado, no podr¨¢n volver a contratar con las Administraciones P¨²blicas.

2.- Endurecimiento de las sanciones por irregularidades en la adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos.

3.- Revisi¨®n de la financiaci¨®n de los partidos.

4.- Reducci¨®n severa de los gastos electorales.

El 2 de octubre de 1992, el Consejo de Ministros daba luz verde al primero de esos compromisos, con la ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas, pero fue aparcada por la convocatoria de elecciones. El Ejecutivo ha vuelto a prometer recientemente su r¨¢pida tramitaci¨®n.

En el debate de investidura, el 9 y el 10 de julio de 1993, Gonz¨¢lez describi¨® con minuciosidad los cuatro grandes objetivos del Gobierno para esta legislatura, entre ellos una serie de medidas de impulso democr¨¢tico.

Entre ellas, hab¨ªa algunas medidas para combatir el fraude y la corrupci¨®n: la puesta en marcha de una unidad especial contra el fraude, presidida por el ministro de Econom¨ªa, Pedro Solbes, la ley de partidos y la reforma de la financiaci¨®n y del sistema electoral, en la que el Gobierno propuso a los partidos la prohibici¨®n de donaciones an¨®nimas, tanto de entidades mercantiles como de todas las personas jur¨ªdicas.