La Fiscal¨ªa prepara querellas contra Mariano Rubio y Manuel de la Concha por falsedad documental

La Fiscal¨ªa de la Audiencia de Madrid prepara sendas querellas por falsificaci¨®n de documentos contra Manuel de la Concha, como autor del delito, y Mariano Rubio, como cooperador necesario. Si la Justicia consigue probar que ambos actuaron en su condici¨®n de funcionarios p¨²blicos -el primero era agente de Cambio y Bolsa y el segundo, gobernador del Banco de Espa?a-, pedir¨ªa penas de prisi¨®n mayor, por lo que podr¨ªan ser castigados con entre seis a?os y un d¨ªa y doce a?os de c¨¢rcel. De la Concha declarar¨¢ el viernes ante el fiscal de delitos monetarios, Luis Jordana de Pozas.

La fiscal¨ªa de la Audiencia de Madrid parte de la hip¨®tesis de que De la Concha, como agente de Cambio y Bolsa, pudo incurrir en un delito de falsedad en documento oficial y de comercio del art¨ªculo 302.4 del C¨®digo Penal. Este precepto castiga con prisi¨®n mayor (de seis a?os y un d¨ªa a doce a?os) al funcionario que, abusando de su oficio, cometiera falsedad "faltando a la verdad en la narraci¨®n de los hechos"."De la Concha miente en sus libros", dijeron a este peri¨®dico fuentes de la investigaci¨®n, en clara referencia al libro de registro del agente correspondiente a los a?os del auge econ¨®mico.

Libros de registro

Los trabajos de la fiscal¨ªa, apoyados por dos peritos de Hacienda y de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, se dirigen a demostrar que el agente false¨¦ los libros que entregaba anualmente ante el Colegio de Agentes de Bolsa y Corredores de Comercio. Estos libros dejaron de ser obligatorios en julio de 1989, con la reforma del mercado de valores.

Adem¨¢s, se est¨¢n revisando las declaraciones anuales a Hacienda enviadas por el despacho de De la Concha. En concreto, el impreso M-198, que el despacho entrega todos los a?os con los datos de operaciones burs¨¢tiles de todos sus clientes, que deber¨ªan coincidir con el libro de registro y con las declaraciones de la renta de cada uno de los clientes rese?ados.

Respecto a Rubio, el precepto aplicable ser¨ªa, en principio, el 303 del C¨®digo Penal, que castiga con prisi¨®n menor (de seis meses y un d¨ªa a seis a?os) al particular que cometa falsedad en documento p¨²blico o oficial. Sin embargo, la fiscal¨ªa entiende que el particular que act¨²a como cooperador necesario para que un funcionario cometa una falsedad, como ser¨ªa el caso de Rubio, aportando informaci¨®n privilegiada, debe responder igual que el funcionario, y debe aplic¨¢rsele igualmente el art¨ªculo 302.4.

En apoyo de esta tesis, fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n citaron la sentencia del caso de la construcci¨®n de Burgos. Entonces, el arquitecto Antonio Miguel M¨¦ndez Pozo fue condenado como inductor a un delito de prevaricaci¨®n, tipo penal en principio previsto espec¨ªficamente para los funcionarios p¨²blicos.

Sea como fuere, los abogados de Rubio y de De la Concha -Gonzalo Rodr¨ªguez Mourullo y Miguel Bajo Fern¨¢ndez, respectivamente-, preparan sus estrategias para hacer frente a esas posibles querellas. Inicialmente, ambos despachos pensaban actuar de forma coordinada, aunque los ¨²ltimos acontecimientos est¨¢n abriendo enfrentamientos.

El fin de semana anterior a la declaraci¨®n judicial de Rubio, ambos equipos jur¨ªdicos se reunieron para lograr una cierta coordinaci¨®n de sus versiones. Sin embargo, el ex gobernador actu¨® de forma diferente a la pactada al declarar ante la Fiscal¨ªa. Ello ha causado un alejamiento de ambos personajes, que ahora han optado por plantear su defensa de forma diferente, aunque en ambos casos tratan de evitar penas de prisi¨®n. El fiscal de delitos monetarios de la Audiencia de Madrid, Luis Jordana de Pozas, ha citado a declarar a De la Concha para el viernes. Esta citaci¨®n es importante a la hora de determinar qui¨¦n era el responsable de las inversiones de Rubio en el despacho del agente. Respecto al posible delito fiscal, las citadas fuentes consideran dificil una prueba definitiva, aunque "todo depender¨¢ de la inspecci¨®n fiscal que se est¨¢ realizando a Rubio".

[Jordana de Pozas pidi¨® ayer que el legislador establezca claramente el momento en qu¨¦ debe prescribir el delito fiscal, durante su intervenci¨®n en una mesa redonda sobre Delincuencia econ¨®mica, organizada por la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura. El fiscal explic¨® que el Constitucional se ha pronunciado a favor de la consumaci¨®n del delito fiscal desde que transcurre el plazo ordinario de declaraci¨®n y ¨¦sta no se realiza o contiene falsedades].