El PP intentar¨¢ pactar las vacantes institucionales antes de las elecciones

El PP est¨¢ dispuesto a cerrar en el pr¨®ximo mes de mayo los nombramientos institucionales pendientes desde antes de las elecciones generales del pasado junio, siempre que el PSOE adopte "posiciones razonables". Tras haber puesto al Gobierno contra las cuerdas a prop¨®sito de los casos de corrupci¨®n, los populares se inclinan por dar una nueva "prueba de responsabilidad " antes del 12 de junio y han aceptado ya la presencia en el Consejo de Admmistraci¨®n de RTVE de un representante del PNV, que hasta ahora rechazaban.

A cambio, esperan que el PSOE, mueva ficha" y acepte la designaci¨®n, de com¨²n acuerdo con el mayor partido de la oposici¨®n, de uno de los cinco consejeros que le corresponder¨ªan, para equilibrar las decisiones de un ¨®rgano que se ha convertido en el verdadero caballo de batalla de cualquier pacto entre ambos.El PP va a combinar el palo y la zanahoria en los pr¨®ximos meses, intentando alternar la presi¨®n y el desgaste del Ejecutivo con los pactos concretos, si existen condiciones que consideren aceptables. Aznar ha conseguido cortar de plano desde primeros de marzo cualquier negociaci¨®n p¨²blica entre los grupos socialista y popular, como la direcci¨®n del PP hab¨ªa previsto desde el inicio de las conversaciones.

Sin embargo, cada vez m¨¢s voces en el partido admiten que la situaci¨®n de enfrentamiento en tomo a las vacantes institucionales no puede eternizarse y que conviene encontrar una salida, si es polible antes de las elecciones europeas y andaluzas del pr¨®ximo junio.

Fuentes del Grupo Popular interpretan que tras el debate del estado de la naci¨®n y la victoria de su l¨ªder, reflejada en las encuestas, no habr¨¢ equ¨ªvoco posible sobre actitudes de "compinchamiento" entre el principal partido de la oposici¨®n y el Ejecutivo ni riesgo de que pactos concretos se interpreten como signo de debilidad.

Un pacto institucional que se da por seguro desde las filas del PP es el que debe dar paso a la renovaci¨®n de la Junta Electoral Central. Cinco de sus miembros deben ser catedr¨¢ticos en activo de Derecho o de Ciencias Pol¨ªticas y Sociolog¨ªa, nombrados "a propuesta conjunta" de todos los partidos con representaci¨®n en el Congreso de los Diputados.

Los ocho restantes son magistrados del Tribunal Supremo y ya han sido designados por sus compa?eros. El acuerdo para hacer la propuesta conjunta de los otros cinco carece de contenido pol¨ªtico relevante y se considera obligado en el partido de Aznar.

El Grupo Popular, por el contrario, est¨¢ decidido a cerrar el paso ma?ana en el Congreso a Manuel Jim¨¦nez de Parga hacia la titularidad del Defensor del Pueblo. O votar¨¢n en contra o, con mayor probabilidad, a favor de su propio candidato, Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn. Al no haber obtenido Mart¨ªn Pall¨ªn mayor¨ªa suficiente en el tr¨¢mite previo, las papeletas emitidas a su favor se convertir¨¢n en votos nulos.

Si Jim¨¦nez de Parga no obtiene la mayor¨ªa requerida de tres quintos, para lo que necesitar¨ªa alg¨²n apoyo del Grupo Popular, su candidatura decaer¨¢ y deber¨¢ volverse al principio: la propuesta de nombres por parte de los grupos parlamentarios y la votaci¨®n de los candidatos, antes de que transcurra un mes, en la comisi¨®n mixta espec¨ªfica Congreso-Senado.

S¨®lo pasar¨¢n al pleno los que obtengan mayor¨ªa simple, es decir, m¨¢s votos a favor que en contra. Los diputados del PP est¨¢n divididos sobre cu¨¢l debe ser su actitud en ese momento. Mientras unos creen que habr¨¢n quedado quemados los dos candidatos, los m¨¢s pr¨®ximos al aparato piensan que deben volver a presentar a Mart¨ªn Pall¨ªn, puesto que no ha podido ser votado por el pleno en la primera ocasi¨®n, y conseguir el apoyo de otros grupos.

La negociaci¨®n sobre RTVE sigue siendo el principal escollo para un pacto global que permita renovar el Defensor del Pueblo, las vacantes en el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Seguridad Nuclear y otros. La soluci¨®n depende ahora, seg¨²n el PP, de que los socialistas acepten que uno de los 12 miembros del consejo, aunque adscrito a la cuota del partido socialista, debe ser designado de com¨²n acuerdo entre los dos partidos mayores. Seg¨²n esta f¨®rmula, el PSOE tendr¨ªa cinco consejeros, el PP cuatro, e IU, CiU y el PNV uno cada uno.