Responsabilidades pol¨ªticas

DURANTE A?OS, los socialistas han sostenido que s¨®lo exist¨ªan, en relaci¨®n a los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n, dos tipos de responsabilidades: las penales, que derivaban de sentencia firme de los tribunales, y las pol¨ªticas, que se dilucidaban s¨®lo ante las urnas. La ¨²nica oportunidad de los ciudadanos era, as¨ª, castigar con el voto a los partidos implicados en tales esc¨¢ndalos. Tan escueta doctrina carece de respuesta para situaciones como las que ahora est¨¢n sobre la mesa, y, en ese sentido, alguna raz¨®n tiene Solchaga cuando afirma que no hay una jurisprudencia interna aplicable a su caso.Pero se equivoca cuando se ampara en esa laguna para desplazar hacia su partido la responsabilidad de decidir si debe o no irse, y, en el primer caso, cu¨¢ndo conviene que lo haga. Si decidieran por ¨¦l, ya no ser¨ªa una dimisi¨®n, y el significado pol¨ªtico de su salida del cargo variar¨ªa radicalmente. El argumento de que en todo caso har¨¢ lo que convenga a su partido no es convincente: de lo que se trata es precisamente de demostrar que se est¨¢ dispuesto a hacer, en defensa del sistema, incluso aquello que pueda perjudicar al propio partido. Lo mismo vale para el ex ministro del Interior Jos¨¦ Luis Corcuera, que puso su esca?o "a disposici¨®n del partido" tras el esc¨¢ndalo del el director general de la Guardia Civil Luis Rold¨¢n.

La dimisi¨®n es la ¨²nica f¨®rmula de asumir una responsabilidad pol¨ªtica. Su funci¨®n m¨¢s inmediata es la de apaciguar a la opini¨®n p¨²blica ante esc¨¢ndalos que afectan a la credibilidad del sistema. En ese sentido, su eficacia es proporcional a la rapidez con que se produzca. Resulta contradictorio con este principio el planteamiento de Felipe Gonz¨¢lez, respaldado por la direcci¨®n socialista, de que las dimensiones de Corcuera y Solchaga se decidir¨¢n cuando se demuestre que fueron negligentes con la gesti¨®n de Rubio y Rold¨¢n.

La dimisi¨®n no significa aceptar una culpabilidad. La de Juli¨¢n Garc¨ªa Valverde como ministro de Sanidad por las irregularidades producidas en Renfe cuando la dirig¨ªa no podr¨ªa considerarse una prueba contra ¨¦l (como se pretendi¨® en su d¨ªa con el argumento de que si no fuera culpable no habr¨ªa dimitido). Pero el caso de Garc¨ªa Valverde constituye a la vez un precedente de dimisi¨®n de un cargo diferente a aquel por el que se le exig¨ªan responsabilidades. Si la dimisi¨®n tiene que ver con la necesidad de hacer frente a la alarma social producida, carece de relevancia cu¨¢l sea el puesto al que, se renuncie mientras quede claro que la renuncia es consecuencia del reconocimiento de responsabilidades.

Pero esa asunci¨®n no podr¨¢ ser indiscriminada o arbitraria. Una proyecci¨®n sistem¨¢tica hacia arriba producir¨ªa el efecto de que nadie responder¨ªa personalmente de sus actos: siempre habr¨ªa alguien responsable del nombramiento de quien se ha mostrado indigno del cargo. Es lo que se puso de manifiesto en Francia con el asunto de la sangre contaminada. Pero la adscripci¨®n de responsabilidades tampoco podr¨¢ ser arbitraria en el sentido de que la elecci¨®n de un culpable dependa de su relevancia p¨²blica y, por tanto, de su capacidad para calmar las exigencias expiatorias de la opini¨®n p¨²blica. La responsabilidad pol¨ªtica tiene que guardar relaci¨®n directa con el mal causado, sea por acci¨®n u omisi¨®n.

En el caso de Solchaga, su identificaci¨®n como responsable pol¨ªtico del caso Rubio no deriva tanto de haber avalado su nombramiento y su continuidad como de su fracaso en la investigaci¨®n de las denuncias planteadas p¨²blicamente en 1992 contra el entonces gobernador del Banco de Espa?a. Se trata de un criterio objetivo, al margen de las intenciones: o bien no se hizo la investigaci¨®n que Solchaga se comprometi¨® a impulsar, o bien se hizo mal, puesto que no se detect¨® aquello que hoy parece evidente y sobre lo que ya exist¨ªan indicios como para que el ministro se esmerara en investigarlos.

En el caso de Corcuera -y tambi¨¦n de Barrionuevo, que lo nombr¨®-, su responsabilidad deriva sobre todo de no haber detectado lo que hoy sabe todo el mundo; no se trata tanto de no haber denunciado lo que sab¨ªa, sino de no haberse esforzado por saber: por hacer la vista gorda ante indicios tan abrumadores como el enriquecimiento a ojos vistas de Rold¨¢n. Es inaudito que durante m¨¢s de siete a?os nadie reparase en la mentira de los t¨ªtulos inexistentes, en el descontrol de los fondos reservados, en que la Direcci¨®n General de la Guardia Civil se hab¨ªa convertido en una oficina de negocios privados de Luis Rold¨¢n y sus c¨®mplices. Tal vez existan atenuantes. Pero la opini¨®n p¨²blica podr¨¢ considerarlas s¨®lo despu¨¦s de la asunci¨®n de responsabilidades mediante la dimisi¨®n, y s¨®lo entonces podr¨¢ tomarse en serio la disposici¨®n de los socialistas de supeditar sus intereses partidarios a los del sistema.