Listado sanitario

SABER DE antemano qu¨¦ puede esperarse de un servicio p¨²blico es una condici¨®n b¨¢sica para que funcione bien. Ello facilita al ciudadano hacer un uso racional de ese servicio (no demandarlo a ciegas), y le permite reclamar, en caso de que no funcione, con conocimiento previo de cu¨¢l ha sido el derecho o la prestaci¨®n no cumplimentados a su satisfacci¨®n. Desde ese punto de vista, el cat¨¢logo de prestaciones sanitarias al que acaba de dar luz verde el Consejo Interterritorial de Salud, integrado por todas las comunidades aut¨®nomas como paso previo a su aprobaci¨®n por el Gobierno, representa un indudable avance. Sin embargo, nada hace presuponer que el cat¨¢logo dise?ado -m¨¢s bien un listado de las prestaciones existentes y un libro de bolsillo para uso de los ciudadanos- suponga avance alguno en cuanto a "una evaluaci¨®n rigurosa del Sistema Nacional de Salud" y "a una mejora de su gesti¨®n", como se prometi¨® al anunciarse su elaboraci¨®n en octubre pasado.El temor de que dicho cat¨¢logo sirva para efectuar una poda pura y dura de tratamientos m¨¦dicos y sanitarios eficaces, dado el agujero de medio bill¨®n de pesetas con el que la sanidad p¨²blica contribuye al d¨¦ficit presupuestario, no se ha confirmado. Pero deja abierto alg¨²n portillo por el que, en el futuro, puede introducirse ese recorte. El hecho de que no se consideren incluidas las prestaciones respecto de las que "no exista suficiente evidencia cient¨ªfica sobre su seguridad y eficacia cl¨ªnicas", o que no hayan probado su "contribuci¨®n eficaz a la prevenci¨®n, tratamiento o curaci¨®n de las enfermedades", parece, en principio, aceptable. Pero la cuesti¨®n es qui¨¦nes definen esos requisitos y c¨®mo se aplicar¨¢n luego a los diversos campos de la atenci¨®n sanitaria. Si la decisi¨®n queda en manos exclusivamente de las autoridades sanitarias, el riesgo de una exclusi¨®n meramente economicista -por el solo criterio de su coste- es considerable. Algo que no ocurrir¨ªa si tambi¨¦n intervinieran en esa decisi¨®n los estamentos sanitarios y las organizaciones de usuarios. Tal participaci¨®n a?adir¨ªa credibilidad y aceptaci¨®n social al proceso de definici¨®n y selecci¨®n.

Nadie puede cuestionar la necesidad de que el modelo sanitario p¨²blico, como el resto de los servicios sociales, se adapte a la crisis econ¨®mica y a las limitaciones presupuestarias. Lo que puede ser cuestionable, sin embargo, es el m¨¦todo con el que se toman decisiones que afectan a la gran mayor¨ªa de ciudadanos y en aspectos esenciales para su salud y calidad de vida. Esta cuesti¨®n del m¨¦todo reaparece tambi¨¦n en un ¨¢mbito b¨¢sico para el usuario de la sanidad p¨²blica: el de la inclusi¨®n de futuras prestaciones de acuerdo con la evoluci¨®n de las patolog¨ªas y el nivel de salud de la poblaci¨®n. De nuevo se afirma que esa inclusi¨®n se efectuar¨¢ sin problema alguno tras una evaluaci¨®n previa de la eficacia cl¨ªnica y de la seguridad cient¨ªfica de la nueva prestaci¨®n, pero no se concretan los mecanismos de an¨¢lisis y de decisi¨®n para realizar esa tarea. Esa vaguedad se manifesta igualmente en el traslado al ¨¢mbito de los servicios sociales de algunas de las prestaciones que hasta ahora se ofrecen en el sanitario. La medida es coherente, pero la falta de concreci¨®n para su ejecuci¨®n permite albergar dudas.

El cat¨¢logo tiene utilidad informativa. Constituye un compromiso "por escrito" sobre las prestaciones b¨¢sicas sanitarias que tienen garantizadas los ciudadanos. No supone ning¨²n recorte respecto a las actuales prestaciones. Pero su existencia augura el principio del fin del car¨¢cter universal -la pretensi¨®n de cubrirlo todo- del actual modelo sanitario p¨²blico.