Nuevos alquileres

EL PR?XIMO martes comienza en el Congreso de los Diputados el debate parlamentario sobre el proyecto de ley de arrendamientos urbanos. Es todo un acontecimiento que un proyecto sobre el que se comenz¨® a trabajar en 1981 -a?o en el que se elaboraron los primeros borradores por parte de una comisi¨®n mixta de los ministerios de Obras P¨²blicas y Justicia- tenga visos de convertirse finalmente en ley. Lo es por lo que supone de desbloqueo de una situaci¨®n an¨®mala que perdura desde hace d¨¦cadas en Espa?a, pero tambi¨¦n por el riesgo pol¨ªtico que asumen el Gobierno y el Parlamento si no son capaces de perfilar un marco legal lo m¨¢s equilibrado posible y que responda equitativamente a los m¨²ltiples y contrapuestos intereses en juego: los econ¨®micos y los sociales, los de arrendadores y arrendatarios.Que se haya tardado a?os en dar luz verde a la reforma de r¨¦gimen arrendaticio ha tenido, al menos, una ventaja: dar tiempo para profundizar en el debate t¨¦cnico y en el consenso pol¨ªtico, que son necesarios, sin duda, en una materia social y econ¨®micamente tan controvertida como la modificaci¨®n del marco legal que regula el mercado de alquileres. Fruto de este prolongado periodo de reflexi¨®n es, sin duda, el grado de sinton¨ªa pol¨ªtica alcanzado en la mayor¨ªa de las 447 enmiendas presentadas respecto de los objetivos b¨¢sicos del proyecto de ley. Salvo Izquierda Unida, que present¨® en su momento una enmienda a la totalidad del proyecto, el resto de los grupos parlamentarios (especialmente PSOE, PP, PNV y CiU) coincide en la necesidad de sacar adelante una ley que incentive el mercado de alquileres. En este sentido, es un buen s¨ªntoma que los distintos grupos parezcan dispuestos a aceptar o apoyar enmiendas ajenas que consideran mejores que las propias, como la ampliaci¨®n de la duraci¨®n m¨ªnima del contrato de cuatro a cinco a?os -como propone el PP- o la confecci¨®n de un censo espec¨ªfico de contratos de arrendamiento que facilite su control fiscal -como quiere el PSOE.

En todo caso, el aut¨¦ntico desafilo que los grupos parlamentarios tienen ante s¨ª es encontrar f¨®rmulas capaces de combinar la ineludible liberalizaci¨®n del mercado de alquileres -es incongruente mantener un islote intervencionista en una econom¨ªa de mercado- con la necesidad de una cierta regulaci¨®n legal respecto del uso de un bien social- como la vivienda. La existencia de una legislaci¨®n insatisfactoria, en la que de hecho coexisten tipos de contratos tan contradictorios y al mismo tiempo discriminatorios como los anteriores y posteriores al decreto Boyer de 1985, ha contribuido al estrangulamiento y la distorsi¨®n del mercado de alquiler en Espa?a. De un lado, ha propiciado que s¨®lo el 18% del parque de viviendas existente hoy d¨ªa se destine al arrendamiento, cuando en el resto de los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea el porcentaje se sit¨²a entre el 40% y el 60%. De otro, la existencia de una bolsa de 1,7 millones de alquileres antiguos pr¨¢cticamente congelados (los acogidos a la ley de 1965 y anteriores) ha repercutido en el encarecimiento y en la excesiva temporalidad -un a?o- de los m¨¢s de 200.000 establecidos a partir de 1985 al amparo del decreto Boyer.

La ley que finalmente se apruebe deber¨¢ compaginar, entre otros, objetivos tan dispares como establecer plazos de actualizaci¨®n de los alquileres de renta antigua soportables para arrendadores y arrendatarios, garantizar un sistema eficaz de ayudas p¨²blicas a los inquilinos con recursos escasos, bien directas, como propone el PSOE, o indirectas, como quiere el PP, y dise?ar un modelo de contrato que otorgue la mayor libertad posible a las partes. De que el nuevo marco legal sea operativo depende que el mercado de alquiler en Espa?a se aproxime a los par¨¢metros europeos y que los espa?oles necesitados de vivienda tengan otra forma de acceder a ella que su compra a cambio de quedar hipotecados de por vida.