'Comis¨®n Rold¨¢n'

LOS CERCA de 150 folios del dictamen de la comisi¨®n Rold¨¢n constituyen un testimonio inapreciable sobre algunos de los aspectos m¨¢s s¨®rdidos de la vida p¨²blica espa?ola en los ¨²ltimos a?os. Pero la existencia misma del texto, resultado de tres meses largos de investigaci¨®n por una comisi¨®n representativa del arco parlamentario, su discusi¨®n p¨²blica en el Pleno del Congreso y la difusi¨®n sin trabas de su contenido, rinden cuenta de la vitalidad, pese a todo, de un sistema democr¨¢tico capaz de detectar la corrupci¨®n y hacerle frente.Queda por ver si los responsables pol¨ªticos son ahora capaces de dar el siguiente paso: corregir tales comportamientos de modo que se conviertan, como m¨ªnimo, en improbables. De momento, la aprobaci¨®n por el Congreso de una proposici¨®n no de ley para regular el control parlamentario de los fondos reservados y la depuraci¨®n en curso en la c¨²pula de Interior son dos efectos constatables, y ambos de singular importancia, de la investigaci¨®n y recomendaciones de la comisi¨®n. Que existan divergencias entre los partidos a la hora de valorar, no tanto los hechos analizados como las responsabilidades pol¨ªticas que de ellos se derivan, puede considerarse normal. Esas divergencias, y algunos errores de funcionamiento apreciados, no empa?an la valoraci¨®n positiva que merece el trabajo desarrollado.

En este caso, las responsabilidades penales parecen claras, y de ah¨ª que la propia comisi¨®n haya trasladado a los tribunales competentes los indicios que ha conocido. Pero ocurre que, a su vez, las investigaciones judiciales, por una parte, y las period¨ªsticas, por otra, han detectado otros indicios inculpatorios que la comisi¨®n no ha tenido ocasi¨®n de considerar. De ah¨ª la solicitud por parte de algunos comisionados de prolongar, en funci¨®n de esos datos, la investigaci¨®n parlamentaria, pese a haber finalizado el plazo para la conclusi¨®n de sus trabajos.

El riesgo de aceptar esa petici¨®n habr¨ªa sido el de entrar en una din¨¢mica de pr¨®rrogas indefinidas -siempre podr¨¢n surgir nuevos elementos de juicio- y, sobre todo, el de dejar en manos de personas sin escr¨²pulos, como el propio Rold¨¢n, la determinaci¨®n del calendario pol¨ªtico mediante filtraciones dosificadas. Y la existencia de una investigaci¨®n judicial en marcha, en buena medida impulsada por la parlamentaria, garantiza que no habr¨¢ impunidad.

Una de las cosas que m¨¢s llama la atenci¨®n en el dictamen es la utilizaci¨®n ventajista por parte de Rold¨¢n y sus eventuales c¨®mplices del argumento de la seguridad para justificar toda clase de irregularidades. ?se es el motivo alegado para justificar la "abusiva" contrataci¨®n directa de obras, para la ausencia de control del uso de los fondos reservados, para las transferencias de dinero de unas partidas a otras y hasta para la creaci¨®n de una sociedad -Europe Capital- encargada de gestionar de la manera m¨¢s opaca posible los negocios privados del director general. Varias de las recomendaciones intentan acotar lo que es y lo que no es compatible con la seguridad. De los indicios analizados tambi¨¦n se deduce que dif¨ªcilmente pudo realizar Rold¨¢n sus manejos sin complicidades, por acci¨®n u omisi¨®n.

A la comisi¨®n le compete establecer las eventuales responsabilidades pol¨ªticas. La mayor¨ªa (PSOE, CiU y PNV) las limita al propio Rold¨¢n; la minor¨ªa (PP, IU y ERC) las extiende, con argumentos discutibles, al presidente y vicepresidente del Gobierno y a los ministros y ex ministros Barrionuevo, Solchaga, Garc¨ªa Vargas, Corcuera, Asunci¨®n y Belloch, adem¨¢s del director del Cesid. Esa expansi¨®n casi ilimitada favorece una interpretaci¨®n ligera del concepto de "responsabilidad pol¨ªtica". Si describe tanto la eventual pasividad de un ministro en cuyo departamento se repart¨ªan los fondos reservados a modo de sobresueldos como la falta de perspicacia de quienes no se opusieron al nombramiento de Rold¨¢n en 1986, se est¨¢ trivializando el asunto, y si la responsabilidad que se atribuye al presidente deriva, seg¨²n el voto particular de IU, de su condici¨®n de "m¨¢ximo responsable y coordinador de las acciones de los dem¨¢s miembros del Gobierno", se est¨¢n amparando interpretaciones absurdas y en el fondo favorables a la impunidad: de todo acabar¨ªa siendo culpable el de m¨¢s arriba. Por ello no le falta raz¨®n al portavoz socialista al Plantear que una responsabilidad pol¨ªtica tan gen¨¦rica s¨®lo puede resolverse mediante una moci¨®n de censura.