Giro en el 'caso PSV'
EL AUTO de prisi¨®n incondicional dictado por el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, contra el ex gerente de la cooperativa de viviendas PSV, Carlos Sotos, supone un cambio radical en el proceso de investigaci¨®n de las responsabilidades en este fiasco inmobiliario. El juez cree haber encontrado indicios fundados de que la volatilizaci¨®n de miles de millones de pesetas entregados por los cooperativistas no es s¨®lo consecuencia de una mala gesti¨®n, sino tambi¨¦n de una actuaci¨®n delictiva.Que Moreiras haya tomado contra Sotos la m¨¢s dura de las medidas posibles, la prisi¨®n incondicional, ya no sorprende a nadie. El s¨ªndrome Rold¨¢n parece operar sobre los jueces en los que recae cualquier caso de especial relevancia social. De forma sistem¨¢tica los magistrados recurren a la prisi¨®n incondicional, aunque semanas despu¨¦s se revise esta decisi¨®n por la libertad bajo fianza, como ha ocurrido con Mariano Rubio y ayer mismo con Manuel de la Concha. Las acusaciones contra Sotos deben estar muy definidas y ser tan graves que hagan temer por su posible fuga para justificar el auto de prisi¨®n.
El juez ha otorgado credibilidad a las imputaciones de apropiaci¨®n indebida y estafa presentadas en las querellas de las asociaciones de afectados. Y ha considerado que el m¨¢ximo responsable del desaguisado, Carlos Sotos, debe ingresar en prisi¨®n, dadas las penas que pudieran corresponderle. La versi¨®n de Sotos de que el dinero de los cooperativistas fue utilizado legalmente comienza a desmoronarse. La arrogancia con que ha despreciado todas las protestas de los querellantes no le ha servido.
En estas circunstancias es comprensible la creciente preocupaci¨®n de la anterior ejecutiva de la UGT. El giro que han tomado los acontecimientos proyecta sobre el sindicato patrocinador del proyecto inquietantes presagios. Hasta ahora la direcci¨®n del sindicato ha alegado ignorancia por parte de sus dirigentes sobre la marcha real de las empresas integrantes de PSV. El juez deber¨¢ comprobar si realmente existi¨® esa ignorancia y, en caso afirmativo, si ello exime al sindicato de cualquier responsabilidad. En este sentido ir¨¢n con seguridad las preguntas a las que deber¨¢n responder en su comparecencia ante el juez, a partir de la pr¨®xima semana, varios miembros de la anterior ejecutiva de la UGT, incluido Nicol¨¢s Redondo.
El desastre social que ha dejado tras s¨ª el fracasado proyecto de PSV ha sido enorme. Ninguna conducta o actuaci¨®n que haya podido contribuir a provocarlo puede quedar impune, incluidas las de car¨¢cter penal, si han existido. Que la justicia act¨²e e investigue este tipo de responsabilidades no debe suponer un obst¨¢culo a?adido en la b¨²squeda de soluciones para los frustrados cooperativistas de PSV.
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