Redondo niega responsabilidades en el "caso PSV"

C. PARRA / J. YOLDI El ex secretario general de UGT, Nicol¨¢s Redondo, neg¨® ayer ante el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, toda responsabilidad en el caso PSV, al asegurar que ¨¦l no se ocupaba de asuntos financieros en el sindicato, porque ¨¦stos no eran su responsabilidad. Esta versi¨®n de la declaraci¨®n de Redondo fue ofrecida por el abogado de los cooperativistas de El Espinillo, Pedro Poveda, toda vez que tanto Redondo como sus abogados evitaron cualquier declaraci¨®n ante- la prensa.

El caso PSV se complic¨® ayer por doble motivo: la inclusi¨®n en una, querella del diputado madrile?o Javier Ledesma -que fue administrador judicial de la cooperativa de febrero a mayo de este a?o-, y la paralizaci¨®n del plan de viabilidad por parte del juez de la suspensi¨®n de pagos.

Esa querella provoc¨® que Nicol¨¢s Redondo permaneciese toda la ma?ana de ayer en los pasillos de la Audiencia Nacional, a la espera de que los defensores, los querellantes y el juez discutiesen la nueva situaci¨®n.

Las discrepancias entre los abogados querellantes y los defensores eran ayer evidentes: los primeros creen que es posible retirar la querella y continuar las diligencias. Para Marino Turiel, codefensor de Paulino Barrab¨¦s, "estas actuaciones supondr¨ªan la nulidad de todo lo actuado, y en este sentido ser¨ªan nulos los autos de prisi¨®n", dictados contra Carlos Sotos y su defendido.

[Felipe Gonz¨¢lez lament¨® ayer que el dirigente ugetista Paulino Barrab¨¦s se encuentre en prisi¨®n, pero no quiso pronunciarse sobre la actitud de los Jueces ante esa cuesti¨®n.]

La comparecencia del ex secretario general de UGT, citado en principio a las 10 de la ma?ana, no se inici¨® hasta las cinco de la tarde, y se interrumpi¨® tres horas y media despu¨¦s para continuar hoy. Acompa?ado en el interior de la Audiencia -no en la sala- por el actual secretario general del sindicato, C¨¢ndido M¨¦ndez, y respaldado desde el exterior por centenares de ugetistas, el veterano dirigente vivi¨® una de las m¨¢s dif¨ªciles jornadas de su vida. Era su primera salida p¨²blica desde que hace ahora tres meses dej¨® la direcci¨®n del sindicato.Silencio

En ese periodo de tiempo ha permanecido en silencio. Ayer tampoco hizo ninguna declaraci¨®n a su salida de la Audiencia en medio de un cord¨®n de seguridad, y de gritos de apoyo de los militantes ugetistas.

El abogado Pedro Poveda, que representa a los cooperativistas de la promoci¨®n de El Espinillo, afirm¨® que Redondo hab¨ªa alegado ante Moreiras que ¨¦l no se ocupaba de asuntos financieros porque no eran de su competencia. Seg¨²n Poveda, Redondo emple¨® "la t¨¢ctica de escudarse mucho en las competencias de cada uno de los miembros del sindicato" e hizo ver "que todo el tema de finanzas era cuesti¨®n de Reyna y que ¨¦l no ten¨ªa ning¨²n tipo de intervenci¨®n".

Las diligencias sobre el caso PS V pueden quedar virtualmente paralizadas por una -hasta ahora- indetectada iniciativa de uno de los letrados querellantes. El abogado de Paulino Barrab¨¦s, Jos¨¦ Federico de Carvajal, repar¨® en ella al presentar recurso contra la prisi¨®n de su defendido basado en un defecto de forma y solicit¨® la nulidad de las actuaciones. Ese error supondr¨ªa que el juez instructor, Miguel Moreiras, deber¨ªa inhibirse del caso y remitirlo a un tribunal superior, por encontrarse entre los querellados un parlamentario auton¨®mico, Javier Ledesma, que tiene la condici¨®n de aforado. Por el momento, Moreiras ha decidido continuar provisionalmente con las diligencias urgentes del caso, hasta que se pronuncie sobre el fondo de la cuesti¨®n, con un plazo de 10 d¨ªas.

El galimat¨ªas jur¨ªdico en el que ha entrado el caso tiene su origen en la segunda querella presentada hace unos d¨ªas por Francisco M¨¦ndez Goas, letrado que representa a los cooperativistas del Plan 18.000, que fue admitida a tr¨¢mite por el juez. Esta segunda querella relata los hechos considerados delictivos de forma id¨¦ntica a la primera, pero con la diferencia de que inclu¨ªa como querellados a los administradores e interventores judiciales que la cooperativa tuvo tras la suspensi¨®n de pagos.

El juez puede decidir que admite el desistimiento de M¨¦ndez Goas, pero en Derecho Penal se denuncian hechos delictivos, y ¨¦stos son perseguibles de oficio, por lo que no pueden denunciarse primero y renunciar despu¨¦s. S¨®lo si el juez Moreiras estimase que no existen indicios de criminalidad en la conducta de Ledesma podr¨ªa continuar la investigaci¨®n bajo su direcci¨®n.

Por otra parte, seg¨²n informa Europa Press, el juez Enrech Salazar dict¨® ayer una providencia por la que se decreta la suspensi¨®n de la puesta en pr¨¢ctica de cualquier medida cautelar relacionada con el plan de viabilidad de PSV hasta que no se resuelvan los recursos presentados contra el mismo. Los actuales gestores de IGS difundieron anoche un comunicado en el que muestran su confianza en que el juez emita "una nueva resoluci¨®n" para que no se paralice la segregaci¨®n de promociones ni la construcci¨®n de viviendas.