Justicia niega al Estado responsabilidad en los delitos sexuales de los presos con permiso

La solicitud de hacer al Estado responsable civil de los delitos sexuales cometidos por presos en situaci¨®n de permisos carcelarios, o en libertad condicional, es el principal punto de desacuerdo entre los dos que han ejercido de acusaci¨®n popular en algunos de. estos casos y el anteproyecto del C¨®digo Penal. As¨ª se lo hizo saber el lunes pasado en Valencia a la secretaria deEstado de Justicia, Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, el grupo de trabajo, formado por la asociaci¨®n Clara Campoamor de Euzkadi y varios abogados quienes tambi¨¦n piden participar en la ejecuci¨®n de las condenas.

Desde marzo de 1993, cuando se produjo la primera reuni¨®n en Bilbao, este colectivo -al que pertenecen tambi¨¦n los abogados de las familias Lebrato y Sangrador de Valladolid, o el del caso de las ni?as de Alc¨¢sser, entre otros-, ha ido elaborando una serie de propuestas para el nuevo texto legal, que han sido comunicadas de forma peri¨®dica a la secretar¨ªa de Justicia.Fern¨¢ndez de la Vega explic¨® que la responsabilidad civil subsidiaria del Estado s¨®lo est¨¢ prevista para delitos o faltas cometidos por funcionarios y que, desde esa perspectiva, carecer¨ªa de sentido jur¨ªdico responsabilizarle de las conductas de los presos en libertad condicional o que disfrutan un permiso carcelario. Record¨® que estos permisos no los concede la Administraci¨®n penitenciaria para que los presos delincan, sino para que se adapten a la vida en libertad, por lo que no existe una relaci¨®n inmediata que justifique la responsabilidad del Estado.

Posibles recursosEn cambio, la secretaria de Estado de Justicia admiti¨® que pueda existir una responsabilidad por la incorrecta actuaci¨®n administrativa, para lo cual los ciudadanos est¨¢n facultados para recurrir directamente a la v¨ªa contencioso-administrativa, que pr¨®ximamente va a agilizarse. Fern¨¢ndez de la Vega mostr¨® su satisfacci¨®n porque otras peticiones del colectivo jur¨ªdico han sido atendidas en el proyecto de C¨®digo Penal.

As¨ª ocurre, seg¨²n explic¨®, con la diversificaci¨®n del delito de agresi¨®n sexual y la agravaci¨®n de la pena cuando las v¨ªctimas son menores de edad; la posibilidad de que el juez decida que los beneficios penitenciarios se computen sobre el total de la pena, no sobre el l¨ªmite de los 30 a?os, o la inclusi¨®n de la pena de destierro.

Otro motivo de desacuerdo es la posibilidad de que los afectados, la familia o sus representantes legales sean consultados o simplemente avisados de los permisos concedidos a los reclusos. El nuevo texto no contempla esta propuesta de "tr¨¢mite de audiencia", en contra de la opini¨®n del grupo de trabajo formado por los juristas. En ocasiones, tales avisos se han producido, pero la posible pena de destierro es considerada por Justicia una soluci¨®n m¨¢s conveniente.

En este aspecto, Fern¨¢ndez de la Vega estim¨® que el inter¨¦s p¨²blico queda satisfecho con la presencia del Ministerio Fiscal, y que ser¨ªa muy complejo, adem¨¢s de poco conveniente, permitir tal intervenci¨®n del resto de las partes, dada la gran cantidad de permisos que se producen en un colectivo de unas 35.000 personas.

Salom¨¦ Ayo, de la asociaci¨®n Clara Campoamor, destac¨® que el borrador del nuevo C¨®digo Penal recoge en su mayor parte las sugerencias presentadas. "Existen diferencias que pueden ser calificadas de t¨¦cnicas: nosotros proponemos que el destierro se produzca de forma obligatoria en todos los casos, para evitar que la v¨ªctima o la familia vuelva a encontrarse con el agresor y que, en determinados casos, ¨¦ste sea de 10 a?os. El texto recoge cinco anos y a discreci¨®n del juez", comenta Ayo.

Tanto para este colectivo como para la secretaria de Estado, el resultado de estos encuentros s¨®lo puede ser calificado de "positivo". Fern¨¢ndez de la Vega insisti¨® en que el proyecto del C¨®digo Penal, en grandes l¨ªneas, "da un paso muy avanzado en esta materia y recoge la mayor parte de las peticiones de los afectados por estas tragedias: hay un endurecimiento sustancial de las penas y unas reglas espec¨ªficas para la concesi¨®n de permisos carcelarios".

Para Ayo, lo fundamental, aparte del incremento de las penas, es conseguir un efectivo aumento de los supuestos: "La inclusi¨®n del delito de acoso sexual en el trabajo puede ser considerado como el ejemplo m¨¢s llamativo de la nueva sensibilidad de la que se hace cargo el texto".

Todas estas peticiones coinciden con las ya formuladas por algunos familiares de v¨ªctimas de delitos sexuales, como el padre de Miriam Garc¨ªa -una de las ni?as de Alc¨¢sser-, que han reclamado un mayor control sobre los condenados por agresi¨®n sexual y han recogido cerca de tres millones de firmas para avalar su reclamaci¨®n.