El Gobierno de Berlusconi advierte a Fiat que en lo sucesivo deber¨¢ valerse por s¨ª misma

"Las f¨¢bricas deben caminar con sus propias piernas. La pol¨ªtica debe interesarse el m¨ªnimo posible de la econom¨ªa, porque ese inter¨¦s normalmente es costoso", manifest¨® el pasado lunes el ministro italiano de Industria, Vito Gnutti. Y la prensa italiana no ha dudado de que, en lenguaje llano, lo que el ministro ha querido decir es que Fiat debe romper su costumbre inveterada de pedir dinero al Estado para resolver los problemas de la empresa. "Si el Gobierno no quiere perjudicar el mercado del auto, el ministro Gnutti har¨¢ bien en no volver a hablar de incentivos" replic¨® un portavoz de Fiat.

Este toma y daca entre el primer grupo empresarial privado italiano y el ministro Gnutti, un peque?o industrial de la Liga Norte convencido -como los votantes de la actual mayor¨ªa- de que el contubernio entre Fiat y los sucesivos Gobiernos democristianos ha causado la ruina de Italia, arranca, en concreto, de las desgravaciones fiscales a la compra de coches pedidas por la empresa turinesa.El Gabinete de Berlusconi no acoge esa demanda, pero tampoco cierra definitivamente la puerta, introduciendo una inc¨®gnita en el mercado, que tiende a esperar las eventuales desgravaciones, precisamente cuando Fiat se juega su supervivencia mediante la venta del Punto, el nuevo producto dise?ado para salvar un grupo que el a?o pasado perdi¨® m¨¢s de 1,78 billones de liras (unos 150.000 millones de pesetas).

Pero estas desgravaciones, con las que Fiat ha jugado permanentemente a lo largo de su historia sin que le fueran negadas hasta ahora, no son m¨¢s que una an¨¦cdota en el panorama de la dependencia del Estado italiano por parte del grupo que en Espa?a tiene intereses importantes en Enasa-Pegaso o las constructoras Lain y Hasa, adem¨¢s de ser el accionista de control del diario El Mundo a trav¨¦s de el Corriere della Sera.

El pasado mes de abril, por ejemplo, el Gobierno presidido por Carlo Azeglio Ciampi aprob¨® un plan de ayudas a Fiat para el pr¨®ximo trienio por un valor global de 900.000 millones de liras, en concepto de jubilaciones anticipadas y de subvenciones para un proyecto de coche no contaminante llamado a tener escasas consecuencias pr¨¢cticas.

Tales ayudas permiten proseguir la reestructuraci¨®n de un grupo que, entre 1990 y 1993, ya redujo su plantilla de 300.000 a 260.000 personas. Pero tambi¨¦n parece claro que, sin esos ingresos adicionales, Fiat tampoco podr¨ªa volver a dar beneficios este a?o, como se anunci¨® en la ¨²ltima junta de accionistas.

Por supuesto, tales ayudas directas no son una novedad. Durante la pasada d¨¦cada, Fiat recibi¨® del Estado italiano miles de millones de pesetas, gracias a la ley 675/77, sobre reestructuraci¨®n de grandes grupos industriales, conocida precisamente en Italia como la Ley Fiat.

Otros favores

Otros favores han sido indirectos. Por ejemplo, la venta de Lancia y Alfa Romeo -que previamente hab¨ªan pasado a manos p¨²blicas- en unas condiciones tan ventajosas que no dejaron de suscitar alg¨²n problema con Bruselas. Entre los sindicatos italianos persiste, por otra parte, la sospecha de que el verdadero inter¨¦s de Fiat en tales empresas no sea otro que cerrarlas, para reducir la competencia.La peculiar inserci¨®n de Fiat en el Estado italiano, ha determinado que su direcci¨®n fuera considerada una veces como un Gobierno paralelo y otras como un ap¨¦ndice del Gobierno, lo que era coherente con el hecho de que los planes de inversi¨®n aprobado por el grupo que controla la familia Agnelli hayan sido, con frecuencia, m¨¢s relevantes para la econom¨ªa italiana que los propios Presupuestos Generales del Estado.

Personalidades como Renato Ruggero, ex embajador de Italia en Washington, ex ministro de Comercio Exterior y actual candidato del Gobierno de Silvio Berlusconi para presidir la Organizaci¨®n Mundial del Comercio, han pasado de trabajar para la Administraci¨®n a trabajar para Fiat, y viceversa. Con la asesor¨ªa internacional del grupo, colaboran, figuras del calibre de Henry Kissinger o Etienne Davignon.

Todo ello ha permitido a Fiat potenciar, por medios incluso presuntamente ilegales, las sinergias entre sus recursos propios y los de la Administraci¨®n p¨²blica. En un pa¨ªs donde la banca ha sido casi exclusivamente estatal, Fiat ha utilizado poco, por ejemplo, los recursos p¨²blicos m¨¢s inestables, como el cr¨¦dito a la exportaci¨®n, sujeto a las contingencias siempre dif¨ªciles de las finanzas p¨²blicas.

Sobre un saldo activo de 3,7 billones de liras que presentaba la balanza de pagos del grupo el pasado 31 de mayo, Fiat afirma que la Sezione Autonoma Crediti Esportazioni (SACE), el organismo que administra el cr¨¦dito a la exportaci¨®n, ¨²nicamente le garantizaba el cobro de 50.000 millones de liras.

En cambio, de los 4,817 billones de liras de inversi¨®n proyectada en Melfi, la planta supermoderna del sur de Italia donde se fabrica el Punto, el Gobierno se comprometi¨® a aportar 1,3 billones (un 27%) en concepto de ayudas al Sur cofinanciadas con la Comunidad Europea (CE), que Fiat afirma no haber cobrado todav¨ªa. Y cuando Bruselas puso objeciones a la aplicaci¨®n de algunos fondos, Ruggero se encarg¨® de resolver el tema.

El dato que mejor resume la dependencia de Fiat con respecto al Estado italiano es que ¨¦ste efect¨²a casi el 3,5% de las compras al grupo, lo que le convierte en su primer cliente. Seg¨²n datos facilitados por el grupo turin¨¦s, en 1992, sobre una facturaci¨®n global de unos 59 billones de liras, el Estado italiano compr¨® a Fiat por valor de 2,013 billones de liras. Todos los coches a servicio de la Administraci¨®n P¨²blica, en el sentido m¨¢s amplio del concepto, son de Fiat.