Diez pisos sociales de la Comunidad, ocupados de modo ilegal en un mes

El verano ha tra¨ªdo un reguero de ocupaciones ilegales de pisos sociales construidos por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), del Gobierno regional. Desde el 6 de junio hasta esta misma semana son 10 las viviendas nuevas, ya adjudicadas a personas necesitadas, pero a¨²n sin entregar, que han sido asaltadas por el sistema de la patada.El Ivima se ha dirigido a la decana de los juzgados, de la plaza de Castilla, Manuela Carmena, para pedirle que agilice los tr¨¢mites de desalojo en estos casos de ocupaci¨®n ilegal.

Cuatro de estos pisos tomados se encuentran en la barriada de Plata y Casta?ar, de Villaverde Alto (en los n¨²meros 21, 25 y 27 de la calle de Afluentes y en el 34 de Mareas); tres, en construcci¨®n, en un bloque de viviendas del barrio vallecano de San Jos¨¦ destinado a j¨®venes; dos en Entrev¨ªas (calle de Ibor, 4 y 6) y uno en el n¨²mero 2 de la calle de Alemania, en La Ventilla (Tetu¨¢n). S¨®lo una de estas familias es solicitante de vivienda p¨²blica.

Concentrados y violentos

La ocupaci¨®n de pisos sociales no es algo nuevo. Tampoco se incrementa. Pero, seg¨²n el gerente del Ivima, Miguel Palmero, "estos ¨²ltimos asaltos se han dado muy concentrados en el tiempo y con bastante violencia contra los bienes y los vigilantes"."Cuando nos enteramos de una de estas ocupaciones, intentamos convencer a los asaltantes para que se vayan, si no acceden denunciamos el hecho a la polic¨ªa y al juzgado de guardia", explica Palmero.

"En estos casos de ilegalidad manifiesta, el juez de guardia podr¨ªa ordenar el desalojo inminente, pero no lo hace, los casos pasan al decanato, se reparten en diferentes juzgados y el tr¨¢mite puede durar tres meses o m¨¢s, lo que causa problemas a los adjudicatarios del piso y crea una sensaci¨®n de inseguridad en el barrio", concluye.

Palmero reconoce que dentro de las 92.000 viviendas que son patrimonio del Ivima se dan casos de pisos vac¨ªos, de cesiones indebidas y de ocupaciones ilegales. Pero asegura que estas irregularidades no est¨¢n cuantificadas. En 1993, el Ivima inici¨® 350 expedientes por ocupacion ilegal o cesi¨®n irregular de vi vienda p¨²blica. De ellos se ejecutaron 40, y el resto siguen en los juzgados.

"Sospechamos una cierta premeditaci¨®n en las ocupaciones, pero no. tenemos datos suficientes para saber si alguien organiza estos asaltos", asegura Palmero. El gasto anual del Ivima en vigilancia de las nuevas construcciones ronda los 300 millones.

No s¨®lo los pisos reci¨¦n construidos por el Gobierno regional sufren asaltos. El problema tambi¨¦n ata?e a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). Una promoci¨®n de 300 pisos de la, EMV en el vallecano Camino de la Vereda experiment¨® en el primer trimestre de este a?o uno de los asaltos m¨¢s masivos de los ¨²ltimos tiempos cuando 67 familias tomaron uno de los bloques.