Agua: justicia y solidaridad

A nadie se le escapa que el agua ha sido, es y ser¨¢ un elemento imprescindible en la historia del hombre. Su presencia en el ¨¢mbito espiritual de las primeras civilizaciones no era sino un canto a la vida, el pr¨®logo de una novela interminable tan real como el devenir de los siglos. La imparable carrera tecnol¨®gica de nuestra sociedad ha encumbrado la b¨²squeda del bienestar social, aunque a cambio hemos asistido en primera fila a un incremento espectacular de la dependencia del hombre al l¨ªquido elemento.Actualmente, cualquier planteamiento que incida en el desarrollo econ¨®mico, social o ambiental pasa por la presencia del agua. Donde existe, hay vida o o al menos esperanza. Y Arag¨®n no renuncia a la esperanza de que el futuro sea mejor. La defensa que nuestro pueblo hace de sus aguas no est¨¢ anclada en el sentimentalismo: es, nada m¨¢s y nada menos, la lucha por la subsistencia. Los graves problemas de abastecimiento que padecen en la actualidad decenas y decenas de pueblos aragoneses no son una sensibler¨ªa, no son un gesto rom¨¢ntico rescatado de la tradici¨®n popular, son los gritos de toda una regi¨®n que, asistida por la l¨®gica y la raz¨®n, pide su propio agua para salir a flote.

Afortunadamente, ese griter¨ªo confluye en una sola voz: el Pacto del Agua, un documento emanado de las Cortes de Arag¨®n que ha contado con el benepl¨¢cito de todas las fuerzas pol¨ªticas aragonesas. El hist¨®rico acuerdo logrado, junto con el derecho irrenunciable de todo un pueblo para decidir su futuro, es argumento m¨¢s que suficiente para exigir la presencia del Pacto del Agua de Arag¨®n en el anteproyecto del Plan Hidrol¨®gico Nacional. De esta aceptaci¨®n depender¨¢ que los representantes aragoneses en el Consejo Nacional del Agua, incluido el del Gobierno de Arag¨®n, apoyen este texto.

El Pacto del Agua es un documento de progreso y de respeto. Los m¨¢s de 221.000 millones que se invertir¨¢n en obras de regulaci¨®n durante los pr¨®ximos 20 a?os deben constituirse como un motor fundamental para garantizar nuestro desarrollo econ¨®mico, la ordenaci¨®n de nuestro territorio y, en definitiva, solventar un pu?ado de reivindicaciones hist¨®ricas que no han perdido vigencia con el paso del tiempo. Sin embargo, no se trata de un instrumento de "fontaner¨ªa", como en ocasiones se ha argumentado ante la magnitud de las cifras. El respeto de este documento incide tanto en el ¨¢mbito social como en el medioambiental, puesto que se evita la afecci¨®n a los n¨²cleos urbanos y al entorno natural. Pero el Pacto del Agua todav¨ªa es m¨¢s. Es el referente de nuestras reservas de recursos de la explotaci¨®n de aguas subterr¨¢neas, de las actuaciones en regad¨ªos, de las mejoras en, abastecimiento y de las instalaciones de depuraci¨®n imprescindibles para nuestros pueblos y ciudades. Es, en definitiva, una reserva de 6.550 hect¨®metros c¨²bicos para que nuestros cultivos, nuestras industrias y nuestras gentes rieguen la ilusi¨®n de un ma?ana que descansa en un proyecto real.

Y es que el Pacto del Agua no es el canto del cisne. A los planes de industrializaci¨®n y al esfuerzo inversor que estamos desarrollando en materia de suministro de agua para n¨²cleos urbanos hay que a?adir nuestra apuesta por la agricultura aragonesa. La pol¨ªtica reduccionista en materia agr¨ªcola de la PAC o del GATT no deja de ser pol¨ªtica y, por tanto, cambiante. No se puede hipotecar el desarrollo de un pueblo a decisiones coyunturales, como en est¨¦ caso. Arag¨®n puede, y de hecho lo hace, plantear nuevas posibilidades en este ¨¢mbito, a trav¨¦s, por ejemplo, de cultivos energ¨¦ticos.

Las consideraciones expuestas hasta aqu¨ª no conducen m¨¢s que a una toma de posici¨®n: la inclusi¨®n del Pacto del Agua de Arag¨®n en el anteproyecto del Pl?N. Y esta postura obliga a solicitar una reserva gen¨¦rica de 11.200 hect¨®metros c¨²bicos para la cuenca del Ebro y, sobre todo, a apoyar de forma contundente el criterio de elaborar estudios de viabilidad de los hipot¨¦ticos trasvases antes de tomar cualquier decisi¨®n. Esta postura, ya recogida en las alegaciones presentadas en su d¨ªa por el Gobierno de Arag¨®n, se traduce en un claro posicionamiento en contra de los trasvases como principio.

Creemos, con la confianza que proporciona el sentido com¨²n, que se deben agotar todas las alternativas antes de plantear cualquier trasvase, que los derechos de las cuencas cedentes deben prevalecer sobre los de las cuencas receptoras, que la aplicaci¨®n de un canon para el agua trasvasada es una condici¨®n leg¨ªtima y que las obras de regulaci¨®n de trasvases deben acometerse en las cuencas receptoras. Estas condiciones, a las que se a?adir¨ªa la presencia aragonesa en los ¨®rganos rectores que regulan este tipo de actuaciones y la limitaci¨®n al m¨¢ximo del volumen real de agua a transferir, son la forma de colocar a esta tierra en el sitio que, desde hace tiempo, le corresponde en el dise?o de la pol¨ªtica hidr¨¢ulica nacional.

A¨²n con todo, temo que todav¨ªa habr¨¢ alguien empe?ado en resucitar el fantasma de la insolidaridad. A ese alguien le invito de forma serena a echar la vista atr¨¢s, a recordar aquel tiempo en que nuestra tierra asist¨ªa at¨®nita y sumisa al reparto que el r¨¦gimen anterior hac¨ªa de las grandes industrias sustentadas por capital p¨²blico. Fue un tiempo de trasvase, de trasvase de aragoneses que buscaban el abrigo de los tejidos industriales del Pa¨ªs Vasco, Catalu?a o Valencia, temerosos del fr¨ªo de la despoblaci¨®n y el olvido. Hoy, Arag¨®n no renuncia a la solidaridad que siempre le ha caracterizado, pero exige tambi¨¦n aquella justicia que no pudo reclamar. Los aragoneses no quieren pasar sed, y su Gobierno no puede dar la espalda a un pueblo que, en demasiadas ocasiones, ha visto pasar el progreso por delante.de su puerta.